Víctimas de residencias se concentran contra un “desahucio encubierto” por el Acuerdo Marco del gobierno de Ayuso

Víctimas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, cuyos familiares fallecieron durante la pandemia del Covid como consecuencia, según señalan estas personas, de los bautizados como protocolos de la vergüenza, se dan cita este viernes frente al centro de mayores Casa Verde, en Navalcarnero.

Marea de Residencias, una de las plataformas mayoritarias que más de seis años después siguen intentando esclarecer qué ocurrió en 2020 y depurar responsabilidades, si es que las hubiese, anunciaba esta semana que en las próximas horas -a partir de las 12:00 horas en la Calle José María López Malla, 3- se concentrarán en el municipio madrileño y concederán una rueda de prensa ante los medios de comunicación que asistan para denunciar lo que ellos llaman “desahucio encubierto”; una situación que, dicen, es resultado de la aplicación de Acuerdo Marco de la Comunidad de Madrid.

En el documento, llegado a medios de comunicación entre los que se encuentra ElPlural.com, el espacio que reúne al entorno de algunas de las personas que murieron sin atención hospitalaria en los primeros meses de la pandemia, indica que esta residencia de Navalcarnero “ha notificado por escrito a los familiares de residentes, con plaza privada, que ‘disponen del plazo de un mes para gestionar y coordinar el traslado del residente a otro recurso residencial’. Argumentan, añade Marea de Residencias, que ‘el 1 de noviembre el centro pasará a integrarse en la red pública como centro concertado, tras haber sido seleccionado dentro del Acuerdo Marco del servicio público de atención residencial a personas mayores de la Comunidad de Madrid y para tal fin la Administración requiere disponer de las plazas a partir del 1 de noviembre”.

"Tratan a las personas mayores como mercancía"

La plataforma afirma que a quienes afecta esto “se encuentran en una situación de total desamparo, a pesar de haber pagado religiosamente cada mes su estancia, combinando sus pensiones con la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS)”, también conocido como cheque residencial. A juicio de Marea de Residencias, se ha “priorizado el nuevo contrato público, intentando forzar la salida de personas en situación de extrema vulnerabilidad para quienes este centro ha sido su hogar durante años”.

Uno de los grupos que lidera la batalla contra la gestión de los centros de mayores madrileños en 2020 responsabiliza de este escenario, sobre el que ofrecerá detalles en las próximas horas, a la administración del equipo de Sol y a la empresa que gestiona el sitio en el que se llevará a cabo esta suerte de protesta. Marea de Residencias acusa a las dos partes de “tratar a las personas mayores como mercancía que se puede mover o cambiar de lugar cuando las condiciones del mercado o los contratos institucionales varían”.

Emiten que este “desahucio encubierto” es una “vulneración de los derechos fundamentales de personas mayores en situación independencia” y que, lejos de tratarse “de un simple problema de traslado”, obedece a una “amenaza directa a la vida de los residentes. “El desarraigo y el cambio de entorno en personas con grandes dependencias y patologías complejas desencadenan un deterioro físico y cognitivo fulminante que, en muchos casos, podría conducirles directamente al fallecimiento”, subrayan.

Ante la situación a la que aluden, Marea de Residencias pide tres cosas. De un lado, la “paralización inmediata de la expulsión”, de otro el “reconocimiento del principio de arraigo como derecho vital” y, tercero, la “subrogación y conversión directa de las plazas”.

Más en detalle, con lo primero reclaman la “suspensión de cualquier notificación de desahucio” y que “se proteja el derecho a la vida de los residentes”, en segunda instancia piden que “la administración entienda que la continuidad en el centro y el mantenimiento de las rutinas de los grandes dependientes no es un lujo, sino una condición indispensable para evitar el deterioro drástico de la salud y el fallecimiento prematuro”, y, por último, solicitan “que las plazas públicas recién concertadas con la Comunidad de Madrid se asignen de forma prioritaria y directa a los residentes actuales en situación de dependencia”, en tanto en cuanto, comprenden, “no tiene sentido vaciar camas para llenarlas con personas de la lista de espera pública mientras se expulsa a quienes ya viven allí”.

"Parece que los 7.291 residentes abandonados a su suerte no fueron suficiente"

Desde 7291 Verdad y Justicia también muestran su "total apoyo y solidaridad" con los residentes que, dicen, "están viendo nuevamente cómo sus derechos son pisoteados por la Comunidad de Madrid". "No hay políticas para favorecer la vida de las personas mayores (...)", reprochan, señalando que "7.291 residentes fueron abandonados a su suerte" y que "parece que esto no ha sido suficiente para aprender la lección y cuidarles debidamente y con todos sus derechos". 

"Después de seis años creíamos que las políticas de la señora Ayuso cambiarían, pero ni ella, ni la señora Dávila, ni el señor Fernández Miranda están por ello. No nos sorprende, porque es su forma de cerrar los ojos a la realidad de las residencias", dictan.

El gobierno de Ayuso desmiente la información

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid desmiente la información. En declaraciones a ElPlural.com, el gobierno de Ayuso dice que es “falso” que el centro privado Casaverde Navalcarnero para personas con discapacidad “vaya a desahuciar a nadie de su plaza contratada ni que sus residentes tengan que abandonar el centro”.

El equipo de la lideresa regional defiende que la Comunidad de Madrid "ha incrementado en este centro la contratación de nueve plazas públicas”, que “siete residentes han aceptado trasladarse a otros centros de esta entidad con el consentimiento de sus familias” y que “las dos restantes permanecerán en la residencia siempre que lo deseen y no prefieran trasladarse a otro recurso de esta entidad privada”.