Rocío Monasterio y miembros de los sectores más ultraconservadores de la sociedad madrileña impulsaron un manifiesto en contra de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia. Sin embargo, quisieron ir más allá y enviaron un escrito al Defensor del Pueblo en el que se solicitaba un recurso de inconstitucionalidad a esta “ley totalitaria” y levantar la prohibición de las "terapias de conversión".

Así lo cuenta El Español, que ha publicado el escrito remitido a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo en noviembre de 2016. Este grupo favorable de las terapias para ‘curar’ gays pretendía tumbar esta ley, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea de Madrid en julio de ese mismo año.

Este texto, impulsado por la hoy candidata de Vox a la Comunidad de Madrid y otros diputados de su partido, contó con el respaldo de asociaciones provida, de familias numerosas, padres separados y, por supuesto, católicas. Subrayaban que esta normativa atentaba contra los derechos básicos reconocidos en la Constitución española como “el derecho a la igualdad, integridad física y moral o a la libertad ideológica y religiosa”.

 Entre las asociaciones que desarrollaron el escrito se encuentran Federación One of Us o la ultracatólica Hazte Oír. Asimismo, dentro de estas, deambulaban algunos rostros que en la actualidad ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados, como Lourdes Méndez o la propia Rocío Monasterio, que no estará en la Cámara Baja, pero sí en la madrileña.

Dicho sea de paso, la primera de ellas defendió las siglas del Partido Popular durante más de un cuarto de siglo. Sin embargo, este año, cansada de la deriva marianista de los conservadores, optó por fugarse a una opción más ultra. Por este motivo, Méndez desembarcó en las filas de Vox bajo la tutela de Santiago Abascal, obteniendo, a la postre, su acta de diputada en el Congreso.

Legalización de las terapias

Por supuesto, dentro de esta ley se prohíbe la organización de “terapias aversivas”, algo que desata las iras de este grupo de ultracatólicos. Por este motivo, en el escrito destacan que este texto atenta directamente contra varios derechos constitucionales.

Por tanto, enfatizan que la “sanidad madrileña prohíbe las terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión , anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida”.

También critican que la ley considere “infracción muy grave la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona”. Alegan que será “irrelevante” el consentimiento de la persona que se preste a citadas terapias.

El escrito ultracatólico y conservador lamentaba que se prohibiera que las personas LGTBi “pueda acudir libremente por su propia decisión a un especialista” para someterse a una de estas terapias.