La vida parlamentaria, entendiendo como tal la que se da simple y llanamente en el Congreso de los Diputados, parece un poco parada e incluso eclipsada esta semana por cuestiones de actualidad que no se están discutiendo de una manera directa en la Cámara Baja. Al menos, no de una manera tan clarividente como la de hace unas semanas, cuando la Ley de Amnistía centró todas las miradas y contra la que el PP focalizó todas sus críticas.
Ya por aquel entonces, los populares no lo tuvieron fácil, pues habían salido a la luz encuentros entre ellos y los independentistas, pero ahora que Carles Puigdemont ha elevado la amenaza y los Alberto Núñez Feijóo parece encontrarse en una calle sin salida tras poner sobre la mesa la posibilidad de indultar al líder de los soberanistas, el Congreso se presenta como un escenario determinante en un tablero político apasionante.
Calendario del Congreso de los Diputados
Sin embargo, ahora la batalla entre las partes se está librando con más fuerza en otros lugares -la Moncloa, las diferentes sedes, los medios de comunicación, redes sociales-, y es que esta semana no hay actividad parlamentaria más allá de la Junta de Portavoces.
Pero este parón no se prolongará demasiado en el tiempo, y es que la Cámara Baja tiene fijado para la próxima semana plenos los días 20, 21 y 22. Es decir, martes, miércoles y jueves; mientras para la semana que viene se prevé también una nueva sesión de control, ya que estas suelen ser semanales y la próxima semana sí es hábil.
¿Qué hay de la Ley de amnistía?
El pasado 30 de enero, el partido Junts votaba en contra de la Ley de Amnistía que llevaba meses preparando junto con otros grupos parlamentarios, provocando que la norma tuviera que volver a la Comisión de Justicia para introducir nuevas enmiendas. Junts se unía así al PP y a Vox en el rechazo a la ley, que había sido aprobada por el bloque de investidura con 177 votos a favor y 172 en contra.
El partido soberanista justificaba su negativa alegando que el PSOE no había aceptado sus once enmiendas, que pretendían ampliar el alcance de la amnistía a todos los delitos que se puedan derivar de la investigación judicial del procés. El partido de Puigdemont aseguraba que seguirá negociando con los socialistas, con los que asegura mantener un diálogo constante, para lograr un acuerdo que satisfaga sus demandas.
La ley de amnistía, que busca el indulto de los líderes independentistas encarcelados o exiliados por el referéndum ilegal de 2017, tendría desde entonces un plazo máximo de un mes para ser modificada, aunque podría reducirse a 15 días si se aplicaba el trámite de urgencia. Por fechas, el pasado martes la Mesa del Congreso aprobó un primer periodo de estos días para fijar una sesión de la Comisión de Justicia en la que los partidos discutan sobre las enmiendas que quedaron vivas en la última reunión. Después de esto, los partidos cuentan con un plazo para llegar a un nuevo acuerdo hasta el 21 de febrero -que es el que dió la Comisión de Justicia del pasado martes-, tres días después de las elecciones gallegas, que podría prorrogarse máximo otros 15 días, hasta el 7 de marzo. Después de una de las dos fechas, se tendrá que volver a votar.
Más allá de que las enmiendas de enero podían seguirse defendiendo en la comisión, siempre hay opción a pactar enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, su votación no necesitará el visto bueno de todos los demás grupos.
Fuentes de ERC, que apoyaron la ley junto con BNG, Sumar, Podemos, PNV, EH Bildu y PSOE, criticaron la actitud de Junts y opinaban que tendrá que rectificar en la Comisión de Justicia, ya que el PSOE no podía ceder más. El líder de ERC, Oriol Junqueras, presenciaba la sesión desde la tribuna del Congreso.
El PSOE no hará cambios
El pasado 5 de febrero, durante una entrevista a Al Rojo Vivo, Sánchez defendió que no habrá retoques en la normativa, sí una vía abierta para atraer a Junts al ’sí’.
Concretamente, el presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que el texto de gracia saldrá adelante porque es “valiente, reparador y constitucional”. Pedro Sánchez considera que el articulado es crucial para “devolver a la política” lo que se salió de este camino siete años atrás y, para ello, se abren a estudiar retoques en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para sacar a los neoconvergentes del ‘no’ que escenificaron la semana pasada en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, ha reclamado “templanza”, pero apuesta a la vez por mantener una postura firme, aunque subraya que no es “cuestión de quién cede o quién no”.
