La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recogido el guante en los prolegómenos del acto homenaje que el PSOE organiza en memoria de Almudena Grandes. La Ley Trans reabre viejas heridas de la coalición, máxime tras las palabras de su compañera de gabinete, Irene Montero. La también vicesecretaria general de los socialistas ha recordado a sus socios de Gobierno que el articulado LGTBI se puede tramitar gracias a su “mayoría en la Cámara”, la cual, según ha agregado, fue concedida por los ciudadanos para que la normativa integre su “seña de identidad”. “Cualquier otro comentario está fuera de lugar”, ha advertido.
Cuando el fin de la tramitación parlamentaria se acercaba, toda vez aprobado -y con nota- el capítulo presupuestario, los socios de Gobierno vuelven a disgregarse. Diferencias que prácticamente se registran en kilómetros y que, a día de hoy, se antojan insalvables. La Ley Trans vuelve a encasquillarse. La coalición ha escenificado este lunes sus diferencias, con Irene Montero dando el aviso ante las cámaras de TVE. “El PSOE nos ha transmitido que no quiere un acuerdo”, sostenía la titular de Igualdad a primera hora.
Montero sembraba así el camino hacia la respuesta de sus socios de la coalición, que no ha tardado en llegar. Tanto en público como en privado, el PSOE traslada que no han manifestado en ningún momento su intención de levantarse de la mesa, sino que continúan hacia adelante con las enmiendas presentadas para dotar al articulado de “seguridad jurídica” frente a unos más que previsibles recursos de PP y la ultraderecha de Vox ante el Tribunal Constitucional.
Enésimo choque
Posicionamiento que ha sido refrendado por la propia María Jesús Montero en los aledaños del Ateneo de Madrid, donde el PSOE celebraba el acto homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida el pasado año. La ministra de Hacienda ha contestado con rotundidad al mensaje que ha transmitido su compañera de gabinete ante las cámaras de La Hora de TVE y se ha jactado del músculo parlamentario de los socialistas. Gracias a este, ha apuntalado, son posibles las tramitaciones de articulados como el de la Ley Trans.
Irene Montero no solo responsabilizaba al PSOE de la falta de acuerdo, sino que también les apuntaba el tanto de buscar los apoyos en la orilla diestra. La titular de Igualdad ha deslizado que los socialistas tratarán de sacar adelante la normativa sustentado en el Partido Popular. Una acción conjunta del bipartidismo que supondrá, a ojos de la dirigente de Podemos, un recorte de derechos a un colectivo con el que el Estado “está en deuda”. Escenario que no ha confirmado, por supuesto, la ministra de Hacienda.
María Jesús Montero se ha limitado a defender la importancia de la norma, fundamental al tratarse de una “conquista de derechos” del colectivo LGTBI. No obstante, también ha barruntado la posibilidad de que los grupos puedan plantear cambios en el Congreso vía enmiendas, como ha hecho el Grupo Socialista. A ello se aferran en Ferraz y lo ha verbalizado la número dos del PSOE, que insiste en la relevancia de aportar “seguridad jurídica” en lo relativo a los menores.
Montero ha resaltado que si la Ley Trans es posible es gracias al poderío de su grupo en la Cámara Baja. “Eso significa que todas las leyes que estamos promoviendo son posibles por el apoyo que nos dieron los ciudadanos para llevar las conquistas de derechos hasta el último de los colectivos”, ha subrayado.
Los socialistas presentaron una enmienda que reforzaría la seguridad jurídica de los menores en una cuestión “imprescindible” y “fundamental”, que no es sino la búsqueda de la seguridad jurídica. A partir de este punto, Montero considera que “cualquier otro comentario está fuera de lugar”. Una alusión clara a la interpretación aireada por sus socios y verbalizada por Irene Montero en la mañana de este lunes.
Diferencias insalvables
El PSOE quiere que la fórmula incluida en la ley, que emanó por cierto del Consejo de Ministros, se amplíe, aunque esta ha de circunscribirse a los menores de entre 12 y 14 años. Montero ha explicado que entre los 14 y 16 años debería mediar la “jurisdicción voluntaria”, lo que significa que todos los elementos se pongan sobre la mesa para que el magistrado en cuestión “pueda valorar esa voluntad manifiesta y estable” del menor que se adhiera a un proceso de transexualidad.
Esta es la madre del cordero. El punto de no retorno en la negociación entre los dos partidos de la coalición. No obstante, a pesar de que desde Ferraz se reitera que no lo “mollar” del articulado no se va a tocar, hay otros dos puntos sujetos a enmiendas socialistas. Uno de ellos es el aspecto relativo a la reversibilidad por si hubiera arrepentimiento tras el cambio de registro. En este aspecto, creen que un juez ha de autorizarlo, mientras que en la norma aprobada por el Gobierno se requiere a un magistrado para un tercer cambio de sexo. La alusión a la violencia intragénero también perturba al partido mayoritario, pues entienden este ámbito como un retroceso en la normativa referente a la violencia machista.
A pesar de todo, Montero ha asegurado que no se trata de una posición “inmovilista”, sino que son postulados orientados a la persecución del “interés general”. “El Gobierno y el PSOE consideran que tenemos muchos avances que seguir conquistando en materia de dignificación del colectivo LGTBI”, ha zanjado.
