El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado la proposición de Vox que establece la obligatoriedad de informar “de manera verbal y escrita, permanente y visible” a las mujeres que van a abortar sobre el ‘síndrome postaborto’ -un síndrome no reconocido por la ciencia- en los centros de atención al público de Madrid Salud, Espacios de Igualdad, Samur Social y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Madrid. Un grupo de profesionales de Madrid y Cataluña ha emitido ahora un manifiesto sobre esta falta de evidencias científicas con el que solicitan que se de marcha atrás a la iniciativa aprobada.
Para la formación residente en Bambú se trata de un asunto “conscientemente ocultado, especialmente en España”, pero, lo cierto es que carece de cualquier base justificable. De hecho, recientemente, el mismo Almeida, después de comprar la propuesta de Vox, recononocía que "no es una categoría científica reconocida".
Desde el Centro de Análisis y Programas Sanitarios (CAPS), se han pronunciando "en defensa de la evidencia científica y de la salud de las mujeres" ante esta iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de Madrid con argumentos basados en autores especialistas en la materia. En primer lugar, han subrayado que "resulta imprescindible responder desde el conocimiento científico y clínico".
"El llamado síndrome postaborto no existe como diagnóstico médico reconocido", afirman, tajantemente, en sus primeras líneas. "Nunca ha formado parte de los manuales internacionales de referencia, ni en el sistema de clasificación de los trastornos mentales (DSM) de la Asociación Americana de Psiquiatría ni en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", explican, por lo que "atribuir al aborto la capacidad de producir un trastorno equiparable al estrés postraumático carece de base científica".
El manifiesto apunta a que "las revisiones sistemáticas más relevantes y los estudios con metodología más robusta demuestran que interrumpir un embarazo no provoca la aparición de un cuadro psiquiátrico específico ni deteriora de manera directa la salud mental de las mujeres".
Por otro lado, estos profesionales detallan que el estudio prospectivo "más importante realizado hasta la fecha" es el conocido como ‘Turnaway Study’, que siguió a unas mil mujeres de Estados Unidos durante cinco años comparando la evolución psicológica de las que pudieron abortar con la de aquellas que fueron obligadas a continuar con su embarazo al haber superado el límite legal. Los resultados arrojaron la siguiente conclusión: las mujeres que abortaron no presentaron más problemas de salud mental que el resto. Por el contrario, aquellas a las que se les negó el aborto sí que presentaron un mayor sufrimiento psicológico en los primeros meses, al que se le sumaron mayores dificultades económicas y mayor permanencia en relaciones violentas.
Asimismo, el citado estudio probó que las mujeres que se sometieron a la intervención "no presentaban mayor riesgo de ideación suicida que aquellas a quienes se les negó el procedimiento". Mientras, "la imposibilidad de abortar se asoció con mayor malestar inicial y peores condiciones de vida, factores bien conocidos de riesgo para el suicidio". Y es que, uno de los argumentos repetidos hasta la saciedad por aquellos que abogan por el síndrome postaborto es el basado es un estudio finlandés de los años 90 que encontró tasas más altas de suicidio tras el aborto que tras el parto. Cabe destacar que esta investigación fue "meramente descriptiva y no podía establecer relaciones de causalidad", ya que no contaba con información sobre antecedentes psiquiátricos, violencia o circunstancias sociales de las mujeres.
De hecho, investigaciones posteriores llevadas a cabo por el mismo grupo, que tuvieron en cuenta un periodo más amplio de observación y una base de datos poblacional más extensa, revelaron que las "diferencias iniciales en mortalidad tras el aborto se reducían significativamente", así como que los "factores que explicaban el riesgo eran el contexto social, los antecedentes psiquiátricos y las condiciones de acceso al sistema sanitario". Es decir, este estudio explicó que lo que aumenta la vulnerabilidad en estas mujeres no es el aborto, sino las circunstancias previas y estructurales en las que viven las mujeres.
Por ello, con este manifiesto quieren dejar claro que "cuando los abortos se realizan siguiendo métodos basados en la evidencia científica, adecuados a la duración del embarazo y por profesionales con la formación necesaria" son una "intervención sanitaria segura". En este sentido inciden en que "restringir el acceso a los abortos no reduce el número de abortos", pero sí que afecta a "si los abortos que hacen las mujeres y las niñas son seguros y dignos".
Ante la propuesta de PP y Vox, recuerdan que "la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente obliga a ofrecer a las mujeres información clara, veraz y basada en la evidencia", por lo que "difundir la idea de un síndrome postaborto inexistente supone desinformar y estigmatizar". "Incorporar en folletos oficiales riesgos que la ciencia ha descartado no protege la salud de las mujeres, sino que la compromete, y constituye una vulneración de sus derechos", añaden, ya que la proposición establece que esté incluida en las webs oficiales de estos organismos, en cartelería y folletería en los ámbitos mencionados.
"El aborto legal y seguro no causa trastornos mentales ni suicidio, no aumenta el riesgo de cáncer ni compromete la fertilidad. Lo que sí perjudica la salud de las mujeres es el estigma, la violencia de género, la pobreza y la ausencia de apoyo. La mejor estrategia para reducir la necesidad de abortos pasa por la educación integral en sexualidad, el acceso universal a anticoncepción eficaz y las políticas sociales que permitan a las mujeres tomar decisiones libres y seguras", concluyen, incidiendo en que el síndrome postaborto "no existe y sostener lo contrario carece de base científica".
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