Desde múltiples puntos de la geografía nacional, tanto a nivel municipal como autonómicos, han sido sendos los ejemplos de la derecha -del Partido Popular y Vox- cargando, un año más, contra el colectivo LGTBI con motivo de las celebraciones del Orgullo. Pese a que este viernes ha sido el día central, los intentos de la derecha por invisibilizarlo o dejarlo en un segundo plano han vuelto a evidenciar que la lucha y las reivindicaciones deben persistir.
La negativa de diversos gobiernos de este color por colocar la bandera arcoíris en sus administraciones e, incluso, llevando esta cuestión ante la justicia han marcado el paso del boicot que se ha ido generando en estos últimos días, aunque no todo se queda en el marco más reciente, sino que la reducción de algunos derechos del colectivo se ha visto reducida también en los últimos meses. Pero vamos por partes.
El Madrid de Ayuso y Almeida: carteles polémicos y la hemeroteca del PP
El bastión de los populares por excelencia es la Comunidad de Madrid donde, en materia de igualdad y, en particular, sobre el ámbito LGTBI, el Orgullo ha vuelto a estar inmerso en polémica, la más destacada, por el cartel oficial del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.
El hecho de haber reducido estas celebraciones a tacones, copas y condones, sin presencia alguna de la bandera arcoíris u otros símbolos del colectivo, han vuelto a despertar la contundente crítica por parte de la ciudadanía y la oposición de izquierdas. “Una descripción burda y burlona de una reivindicación histórica por el derecho a existir”, sentenció la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, secundó esta crítica en los mismos términos condenando, a su vez, que éste se traducía en “un nuevo intento del PP de invisibilizar y denostar el movimiento”.
Almeida, ante la retahíla de comentarios en negativo, se defendió escudándose en que la izquierda, siempre en estos casos, trata de “montar un pollo” en torno al Orgullo por la organización municipal a su mando. No sin quedarse en este punto, echó a las espaldas de los populares el mérito de las celebraciones del Orgullo en Madrid en los últimos años, pese a que la hemeroteca le desmontó por sí sola. “El Orgullo nace con José María Álvarez Manzano y crece con Gallardón. (…) El World Pride Gay lo trae Ana Botella a Madrid”, reivindicó este lunes. Sin embargo, sus palabras cayeron por su propio peso, ya que es fácil recordar que el origen de las fiestas data de 1978 y la década de los 80, además de todos los intentos de los mandatos del PP por dejar en un segundo plano las reivindicaciones del colectivo.
Sin ir más lejos, en el último Pleno de Cibeles, tanto PP como Vox se aliaron contra la propuesta de Más Madrid y PSOE por declarar el Orgullo 2024 como interés general con el fin de suspender, de manera temporal, los niveles máximos de ruido y alzar así la reivindicación de la celebración.
Por su parte, el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, aunque no en el marco más reciente, ha mermado el avance del movimiento LGTBI. Basta con recordar que en diciembre de 2023 eliminó la ley trans a nivel regional -aprobada en 2016-, por la que se volvía a obligar a los menores de edad a someterse a un examen médico y psicológico, teniendo también consecuencias en el ámbito educativo. A su vez, sobre la ley contra la LGBTBIfobia, se retocaron otros aspectos de calado sanitario y educativo, eliminándose sobre este último el plan contra acoso de personas del colectivo. El Gobierno central recurrió esta misma semana ambas medidas ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que ambas quedarán paralizadas a la espera del fallo de los magistrados.
Valencia, Toledo o Huesca, ejemplos de la retirada de la bandera
Otros ejemplos son los que se han dado en otros puntos del país y que han sido centro del revuelo político y mediático. Desde Castilla y León, este jueves, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), solicitó la retirada inmediata de la bandera multicolor colocada por los socialistas en el balcón del Parlamento autonómico, justo en la víspera del Día del Orgullo. "No puede quedar a disposición de los grupos o los procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la Cámara", defendió.
Misma situación la que se reflejó, esta vez a nivel municipal, en Valencia. Su alcaldesa, María José Catalá (PP), fue incluso un paso más allá: “Si pongo la bandera del Orgullo también pongo la del Alzheimer, la del ELA o la del cáncer, y todas las banderas y necesidades sociales que tiene esta ciudad”, justificó, cargando a su vez contra el “afán de protagonismo” del que culpó a los socialistas.
Desplazando el foco hacia Castilla-La Mancha, en Toledo, Ciudad Real, Talavera de la Reina y Guadalajara no se desplegarán tampoco las banderas arcoíris debido a la gobernanza de las derechas. Mismo escenario que se ha dado en Huesca, Cartagena o Gijón.
Sin embargo, el punto de mayor controversia se ha dado en Baleares. El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox) -quien rompió una foto de una víctima del franquismo en uno de los plenos- interpuso este jueves un recurso como medida cautelarísima ante los tribunales para ordenar la retirada de la bandera multicolor de la fachada del edificio defendiendo que es un símbolo que “no corresponde con las banderas institucionales que prevé la legislación”.
La orientación sexual lidera los delitos de odio en España
Y es que no debe perderse el rumbo: las reivindicaciones del colectivo no son baladí. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la orientación sexual constituye en un 22,7% la primera razón de delito de odio en nuestro país, quedando a la cabeza Cataluña (42%) y Madrid (12,8%) las comunidades donde más casos se dan. Asimismo, en un 54,3% los agresores se identificaban con grupos de extrema derecha y, a su vez, el 86% de los autores de estos delitos eran hombres.
Pese a estas cifras, lo cierto es que España se ha convertido en un referente de igualdad y tolerancia en materia LGTBI en los últimos años, ya que, según reflejó la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2019, el 80% de las personas revelaron sentirse cómodas con una persona trans o intersexual en un cargo político, también un 60% de personas LTGBI aseguraron tener un compañero de trabajo que les apoyaba o defendía.
No obstante, queda mucho camino por recorrer. Ante los distintos ejemplos expuestos en líneas anteriores, cabe remarcar la condena expresada por Arcópoli, asociación que ha denunciado que ha recibido decenas de comentarios racistas, xenófobos y homófobos tras reflejar en el informe del Observatorio madrileño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que, en la Comunidad de Madrid, tan solo en 2023, se contabilizaron 209 casos de incidentes de odio contra personas LGTBI -un 20% más que el ejercicio anterior-.
"La discriminación no tiene cabida en nuestra sociedad y no permitiremos que se utilicen nuestros informes para propagar el racismo o la xenofobia. Es importante señalar que vincular la migración con el aumento de los incidentes de odio no es objetivo ni real", han indicado.
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