Cierto es que el mercado de la vivienda ha alcanzado unos límites que obligan a situar el debate en el centro de la mesa y a abordar las competencias para poder alcanzar una solución que permita que la vivienda vuelva a ser un derecho y no algo a lo que muchos ya ni siquiera pueden aspirar. No obstante, todavía existe una carencia de asunción de responsabilidades en cuanto a los responsables de abordar el problema se refiere, así como un desvío del foco de atención.
Esto mismo se veía reflejado este viernes con las declaraciones que sostuvo el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, quien abanderó la ciudad de Málaga como ejemplo en gestión de la vivienda. Una ciudad que, sin embargo, se configura como la ciudad de España donde más Vivienda de Uso Turístico (VUT) existe, que cuenta con el mayor número de viviendas por construir en la provincia (503), y donde la vivienda alcanza ya los 3.620 euros por metro cuadrado, un 17% más que hace un año.
Pese a ello, Bendodo optaba por poner de relieve la gestión llevada a cabo por el alcalde de la capital de la Costa del Sol, Francisco de la Torre, mientras insistía en la “inactividad y parálisis” del Gobierno central en materia de vivienda. Así, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral de los populares señaló que Málaga actualmente tiene “5.000 viviendas protegidas en promoción y otras 5.300 viviendas construidas y entregadas desde 2000”. Tras ello, Bendodo cargó contra el Ejecutivo, argumentando que “el verdadero plan de vivienda de Pedro Sánchez es el de la okupación” y reprochó que tanto el jefe del Ejecutivo como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "tienen bloqueadas a conciencia más de 30 leyes del PP en esta Cámara".
Unas declaraciones que, pese a la situación que afronta y sufre la ciudad de Málaga, en concreto, y la provincia, en general, también eran respaldadas por la presidenta del PP en esta provincia, Patricia Navarro, quien sacó pecho del “intenso trabajo de los populares para luchar contra la situación de desamparo e inseguridad que genera la okupación y de la que Málaga no está exenta". En la misma línea, Navarro quiso defender la iniciativa “pionera” del consistorio malagueño y remarcó el seguimiento de la Junta “para que se cumpla esa función social de las VPO”.
Por su parte, el regidor de la ciudad puso de relieve la aprobación de la licitación de 14 parcelas de propiedad municipal para la construcción de 1.414 alojamientos o 1.256 viviendas en alquiler asequible. Asimismo, De la Torre mencionó la creación de la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda en 2015 y agregó que Málaga se alza como una de las ciudades con mayor parque público de vivienda del país.
Dato mata relato: el alcalde, bajo lupa por especulación
Al margen de estas declaraciones con las que el PP ha puesto como ejemplo a seguir en gestión de vivienda a Málaga, lo cierto es que la realidad que vive la ciudad dista mucho de los alardes que ahora expresan los populares. Según datos recientes de Idealista, la capital de la Costa del Sol ha sellado su máximo histórico en precio de la vivienda y alcanza los 3.620 euros por metro cuadrado, es decir, un 17% más que hace un año. Asimismo, según datos arrojados por el Colegio de Arquitectos de Málaga, la ciudad es la que más viviendas pendientes de construir tiene con respecto al resto de ciudades de la provincia; 503, por encima de Mijas, 240; Manilva, 196; Estepona, 194; y Fuengirola, 176.
En un orden similar de las cosas, según datos de Fotocasa, la ciudad de Málaga registra un precio medio de alquiler que ronda los 1.300 euros al mes para un piso de 80 metros cuadrados. Además, con respecto a la vivienda, el precio de la vivienda de segunda mano alcanzó los 4.145 euros el metro cuadrado en julio de 2025, esto es, un 49% más que el pico anterior registrado en 2007.
Y es que, al margen de todo ello, el alcalde de la ciudad ha estado en numerosas ocasiones bajo lupa por especulación. Uno de los casos conocidos estalló el pasado mes de enero cuando el regidor presentó la puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) con el fin de que diera respuesta al problema de la vivienda edificando en zonas de suelo rústico, donde no está permitida la construcción.
Este nuevo plan, que -según esgrimieron desde la bancada popular- vería la luz en tres años, supone, tal y como señalaron desde el Ayuntamiento, un “plan de choque” que marca como primera medida “sustituir el plan general por uno nuevo en el marco de la LISTA -Ley de Sostenibilidad del Territorio-, lo que permitirá reservar suelo ahora considerado rústico para vivienda protegida o asequible”.
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