Podemos no suelta el hueso con el intento fallido de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Hace poco más de un mes, los morados advirtieron de que exigirían al Gobierno la desclasificación de toda la documentación vinculada al 23-F. Advertencia que cristalizará la próxima semana, después de que esta miércoles, a través de una interpelación urgente, la secretaria general del partido defienda la necesidad de desclasificar los archivos ante la ministra de Defensa, Margarita Robles. Movimiento que desembocará en una votación también en el Pleno del Congreso en poco menos de siete días.
Los morados han recuperado esta reivindicación, sustentada por las fuerzas soberanistas de la Cámara, así como el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los jeltzales han procurado la desclasificación de los archivos, a la par que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, en otras legislaturas, aunque sin suerte. Lo cierto es que, tras los audios filtrados del rey Juan Carlos I y Bárbara Rey que se han publicado en diversos medios de comunicación, esas demandas se han intensificado.
Podemos sembró la idea el pasado mes de octubre con una advertencia teledirigida al Palacio de La Moncloa, con copia al Ministerio de Defensa. La formación liderada por Ione Belarra estaba dispuesta a exigir al Gobierno la desclasificación de toda la documentación vinculada al intento fallido de Golpe de Estado del 23-F, con el pretexto de esclarecer lo ocurrido en aquellos truculentos días de la recién nacida democracia española y, por supuesto, del papel real que jugó el rey Emérito.
Los audios a los que aluden los morados, grabados en los años 90, exponen al entonces Jefe del Estado. Se puede escuchar al emérito cuestionar a Sabino Fernández Campos, nombrado secretario general de la Casa del Rey en 1977, para después convertirse en jefe de la institución, en contraste con el general Alfonso Armada. Este último asumió el papel de preceptor desde 1954, como predecesor de Fernández Campos en la Secretaría General de la Casa del Rey.
El papel de Armada
El general fue condenado en 1983 a 30 años de cárcel por conspiración militar en el marco del intento de Golpe de Estado, aunque siete años después, en 1988, el Gobierno de España indultó a Alfonso Armada. Lo hizo bajo el dominio ya el PSOE de Felipe González. De esa época surge uno de los audios que se han publicado en estos últimos meses y que ponen en la picota -aún más- al que fuera jefe del Estado hasta hace una década.
“Armada, siete años en la cárcel, se ha ido a su pazo de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra”, deslizaba el rey Emérito en las mencionadas grabaciones. Cintas que ahora que levantan las sospechas de buena parte del espectro parlamentario. Especialmente entre los grupos de izquierdas e independentistas, que han reivindicado con vehemencia conocer la verdad sobre los acontecimientos de aquellos días.
Por esta razón, Podemos redobla su apuesta frente al Gobierno, al entender que es “de extrema gravedad” que una persona “tan cercana” al anterior jefe del Estado y que fue condenada por su participación en el Golpe de Estado, “haya guardado alguna información” con conocimiento del propio Juan Carlos I y que “le afecte en torno a estos sucesos”.
De ahí que en los de Belarra insistan en que el Ejecutivo haga pública toda la documentación en su poder sobre el intento de Golpe de Estado del 23 de febrero. Los morados tienen registrada ya una proposición de ley en la misma dirección, pero con la interpelación de este miércoles, ya se garantizan que el Pleno del Congreso de los Diputados pueda pronunciarse al respecto la próxima semana, que será cuando se someta a votación la moción pertinente.
