Maniobra a la desesperada y antes de que la justicia se pronuncie sobre la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier (Murcia). El ayuntamiento concederá la licitación de 247 millones de euros a Aqualia. Será mañana en el pleno ordinario del mes de octubre en un punto que el equipo de gobierno (PP) ha introducido de forma urgente y antes de que finalice el plazo de presentación de recursos en Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales (TacRC).
Según el orden del día, está previsto declarar válido el procedimiento para la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del término municipal de San Javier, adjudicándolo al licitador FCC AQUALIA SA. Todo esto después de acordar la continuidad en la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua a la actual empresa hasta el límite máximo legal fijado para el 31 de octubre.
La elección de dicha fecha para aprobar el contrato se encuentra en medio del plazo legal de presentación de recursos en el TarRC. Es decir, el Ayuntamiento de San Javier pretende adjudicar el contrato a Aqualia antes de finalizar el proceso legal de presentación de recursos a la adjudicación, lo que puede generar que se tenga que revertir el proceso de contratación, incrementando exponencialmente los gastos administrativos municipales para la contratación del servicio. Una imprudencia por interés político que acabarán pagando los propios ciudadanos de San Javier.
El alcalde, en el punto de mira por corrupción
Recientemente se ha conocido que el alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP), estuvo empleado durante 3 años en el principal contratista de obras propuesto por Aqualia, empresa que ha ganado el contrato municipal. Un nuevo dato que se añade a la montaña de indicios de conflictos de interés que arrasan el proceso de licitación del servicio de agua en este municipio murciano y que tienen a Luengo Gallego en el epicentro.
Lo que agrega una capa adicional de preocupación es que, como alcalde, Luengo Gallego también se desempeña como presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano encargado de la resolución de los contratos públicos. Entre sus funciones, está la de abrir y revisar la declaración responsable relativa a la capacidad de obrar y solvencia del licitante, determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos, otorgar la correspondiente puntuación a los licitadores y seleccionar un licitador para la adjudicación de los contratos. Justamente, la mesa de contratación dio luz verde en el mes de septiembre a la propuesta de Aqualia como la elegida para llevarse el contrato de 247 millones de euros, el más cuantioso de los que se licitan a nivel municipal.
Este descubrimiento plantea una serie de interrogantes acerca de si la previa relación laboral del alcalde pudo influir en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia. En respuesta a esto, diversos grupos sociales y partidos de la oposición en el municipio han estado presionando durante algún tiempo para detener el proceso de contratación y llevar a cabo una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer posibles conflictos de interés en el proceso de licitación.
El fiscal ve indicios de criminalidad
El pasado 11 de septiembre la Fiscalía de Cartagena comunicó al Ayuntamiento de San Javier y al alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) que en la licitación del contrato de agua se podía observar un presunto indicio de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal.
Pese a los intentos del alcalde de justificar la licitación, el análisis realizado a la documentación habilitada en la plataforma de contratación revela que no toda la información del expediente está disponible. Además, gran parte de los contenidos publicados por los ofertantes y en los propios informes justificativos de Ingeagua, la consultoría externa contratada para crear y evaluar las propuestas presentadas y que tiene a la propia Aqualia en su cartera de clientes privados, están censurados por motivos de confidencialidad, dificultando el poder acceder a información completa y legítima.
Pleamar, partido de la oposición en el ayuntamiento, fue quien puso de manifiesto el posible conflicto de intereses entre la consultora y el propio concurso público. Y es que, Ingeagua invitó a FCC Aqualia a la adjudicación al ser uno de sus clientes. El 3 de mayo se comunicaron las valoraciones, con Aqualia con la máxima puntuación posible. Con la apertura de los sobres de la oferta económica se pudo comprobar que la oferta de Aqualia era temeraria, superando en más de 16 millones el límite permitido y situándose un 56% encima de las ofertas del resto de concurrentes. Según publicaron algunos medios, destaca la coincidencia frecuente entre Ingeagua y Aqualia en otros concursos en los que la empresa de FCC ya es la operadora.
Antonio López-Alemán, líder de Pleamar, ha advertido en reiteradas ocasiones al gobierno municipal que, si dicha adjudicación llevara a cabo con un procedimiento judicial en curso, sería nulo de pleno derecho y acarrearía unos costes económicos y reputacionales para el Ayuntamiento de San Javier y sus ciudadanos.
