Giro sorprendente en la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de San Javier (Murcia). Según las investigaciones que ha realizado este medio de comunicación, se ha podido saber que el actual alcalde, José Miguel Luengo Gallego, estuvo empleado durante 3 años por el principal contratista de obras propuesto por Aqualia, empresa que ha ganado el contrato municipal. Un nuevo dato que se añade a la montaña de indicios de conflictos de interés que arrasan el proceso de licitación del servicio de agua en este municipio murciano.
José Díaz García S.A. es una empresa familiar, fundada en San Javier en el año 1957, que actúa en el sector de la construcción a nivel nacional, especialista en acometer proyectos desde su origen hasta su completa ejecución. Tal y como se puede ver en los documentos públicos de la licitación, Aqualia propone que José Díaz García S.A. sea la contratista responsable de las obras civiles que se tengan que llevar a cabo en el municipio.
Luengo Gallego es técnico superior en topografía y urbanismo e ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en urbanismo y empezó su relación laboral con el contratista de obras de Aqualia en el año 2008. En la empresa José Diaz Garcia S.A, trabajó como ingeniero de obras públicas, siendo responsable de dirigir estudios y proyectos de obras de carreteras, ferrocarriles, puertos, así como de captación, distribución y depuración de aguas. Estuvo hasta el año 2011, momento en el cual entró como diputado en la Asamblea Regional de Murcia y como concejal de Obras, Servicios Municipales y Pedanías en el Ayuntamiento de San Javier.
Desde junio de 2015 es el alcalde de San Javier con un sueldo público de 52.000€ anuales, además de presidir la comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Alcalde, juez y parte
Lo que agrega una capa adicional de preocupación es que, como alcalde de San Javier, Luengo Gallego también se desempeña como presidente de la Mesa de Contratación del municipio, el órgano encargado de la resolución de los contratos públicos. Entre sus funciones, está la de abrir y revisar la declaración responsable relativa a la capacidad de obrar y solvencia del licitante, determinar los licitadores que deban ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos, otorgar la correspondiente puntuación a los licitadores y seleccionar un licitador para la adjudicación de los contratos. Justamente, la mesa de contratación dio luz verde en el mes de septiembre a la propuesta de Aqualia como la elegida para llevarse el contrato de 247 millones de euros, el más cuantioso de los que se licitan a nivel municipal.
Este descubrimiento desata varias preguntas sobre si esta relación laboral previa del alcalde podría haber influido en la decisión de dar por ganador a Aqualia para el contrato de servicios de agua. Por su parte, agrupaciones sociales y grupos de la oposición municipal llevan tiempo exigiendo la paralización de la contratación y una investigación exhaustiva para aclarar cualquier posible conflicto de interés en el proceso de licitación.
La Fiscalía de Cartagena pone en duda la licitación
A petición del grupo municipal Pleamar, el pasado mes de septiembre la Fiscalía de Cartagena inicio una investigación a la concesión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, por detectar indicios de criminalidad en el concurso público.
El escrito de la Fiscalía también pone el foco en la controvertida actuación del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien previamente estuvo vinculado a Aqualia y que fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones de favoritismo y tráfico de influencias en el proceso de selección.
