El alcalde José Miguel Luengo Gallego (PP) hace caso omiso a la Fiscalía y al dudoso procedimiento de la licitación para forzar la concesión del agua y alcantarillado a Aqualia. En un pleno extraordinario que tuvo lugar este martes 3 de octubre en el Ayuntamiento de San Javier, se generó una gran controversia y descontento entre los partidos de oposición, debido a las triquiñuelas que uso el gobierno municipal para la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la empresa Aqualia.

En una primera instancia, los partidos políticos fueron convocados para ser informados del proceso de adjudicación, así como de la puntuación final que había recibido cada una de las empresas participantes, y si procediera informar de aquellas que hubieran sido descartadas por no cumplir con los pliegos impuestos por el ayuntamiento. Finalmente, ante la sorpresa de todos los asistentes y sin posibilidad de ruegos ni preguntas, el pleno sirvió para dar luz verde a la adjudicación tras la votación a favor de todos los miembros del Partido Popular, la abstención de Vox y el voto en contra del partido socialista (PSOE), Pleamar y el grupo Mixto.

La tensión en la sala alcanzó niveles alarmantes cuando el alcalde, José Miguel Luengo Gallego, en una actitud chulesca y recriminativa, se dirigió a la oposición acusándola de intentar dinamitar el proceso de licitación. En lugar de responder a las preocupaciones legítimas planteadas, el alcalde adoptó una actitud desafiante, acusando a los críticos y a los medios de comunicación de la región de obstaculizar el progreso del municipio.

El pleno, que fue convocado de forma repentina para poder cumplir con los tiempos legales, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, preocupado por la transparencia y la falta de garantías en el proceso de contratación. La principal preocupación radica en que la decisión de otorgar el contrato a Aqualia se llevará a cabo en medio una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Cartagena, por presuntos indicios de criminalidad durante el proceso de licitación.

El fiscal solicitó el pasado mes de septiembre al Ayuntamiento y a la Mesa de Contratación información sobre las ofertas presentadas y sobre los sistemas de puntuación utilizados por la mesa de contratación, para poder determinar si se ha habido alguna ilegalidad.

Representantes de la oposición siguen solicitando la paralización temporal del contrato y una revisión exhaustiva de todo el procedimiento de adjudicación, instado al gobierno municipal a brindar una explicación clara sobre las circunstancias que rodean este pleno extraordinario y el cronograma de la contratación.

El Ayuntamiento de San Javier ha hecho caso omiso a todas las peticiones, y aprobó la propuesta de la mesa de contratación para adjudicar a FCC Aqualia el contrato de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, con un valor de 247 millones de euros, y por un plazo de 20 años.

Adjudicación en plazo de recurso

Además de una posible paralización de la adjudicación por las investigaciones que la fiscalía mantiene en este proceso, se habrá ahora la puerta a la presentación de posibles recursos por parte de las empresas participantes, ante el Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales (TarRC), con un plazo de 15 días hábiles.

Esta fecha límite, y los retrasos que pueda tener la comunicación entre el tribunal y el ayuntamiento, llevarían los plazos hasta más allá del 26 de octubre para poder resolver definitivamente la adjudicación. Pese a ello, el Ayuntamiento de San Javier ya ha anunciado que la adjudicación se hará en el pleno ordinario que tendrá lugar el próximo 18 de octubre, en medio del plazo para poder presentar recursos. Esto puede ocasionar graves perjuicios económicos y gastos de contratación adicionales que repercutirán en la ciudadanía.