Un pinchazo telefónico en el marco de la operación Delorme implica también al ex ministro de Transportes y diputado del PSOE, José Luis Ábalos, en el caso de las comisiones por la compra de mascarillas que sitúa en estos días a su asesor, Koldo García, en el foco mediático.

Según publica El Mundo, la Guardia Civil intervino los teléfonos móviles de los principales implicados en esta trama. El pasado 4 de diciembre, capturó una conversación entre Juan Carlos Cueto, empresario principal de esta operación, y uno de los implicados, Íñigo Rotaeche. Cueto telefonea a Rotaeche, y le dice:

"Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su ex jefe (Ábalos)... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio". Estas palabras incriminarían directamente al también ex ministro de Fomento y ex secretario de organización del PSOE. Así lo recoge el juez en las resoluciones de este jueves 22 de febrero, en las que determinó la libertad provisional de cuatro detenidos. Esta conversación es una de las muchas en las que los implicados estudiaban cómo librarse de la inspección fiscal a Soluciones de Gestión, la empresa que se llevó más de 52 millones de euros en comisiones y contratos públicos.

Los largos brazos del caso Delorne

Todo el revuelo ha comenzado con la detención de Koldo García, ex asesor y mano derecha de José Luis Ábalos, en el marco de las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia que, según los investigadores, encabezaba el propio exasesor. Una red enmarcada en la calificada Operación Delorme y que gira en torno a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Presuntamente, la firma recibió contratos por valor de 40,1 millones de euros de los ministerios de Transportes e Interior, pero también de Sanidad. Las ramificaciones de la causa salpican incluso a otras comunidades autónomas, como Canarias, Baleares y también Castilla y León.

Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, controlada en la sombra por Víctor de Aldama -otro de los detenidos-, fue una de las entidades más beneficiadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el suministro de material sanitario durante los años en los que Koldo, como mano derecha del ministro, operaba en el departamento que dirigía entonces José Luis Ábalos.

De acuerdo con Anticorrupción y con los agentes del Instituto Armado, algunos de los contratos no fueron directamente tramitados por el Ministerio de Transportes, sino por otros entes dependientes de su paraguas. Por ejemplo, es el caso de Adif, que firmó a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL un contrato de 12,5 millones de euros más IVA para la compra de cinco millones de mascarillas FFP2, mediante un procedimiento negociado sin publicidad, acelerado y financiado con fondos europeos, tal y como avanzó El Confidencial.

Diferentes comunidades autónomas se encuentran en el foco. Baleares y Canarias, principalmente. La trama ha puesto el foco sobre el Govern balear, encabezado entonces por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Anticorrupción pone bajo la lupa la compra del IB-Salut en 2020 por valor de 3,7 millones de euros. Un precio que estiman muy alejado del tipo de mascarillas que recalaron en las islas. Precisamente por este motivo, el Ejecutivo balear reclamó la devolución de 2,6 millones de euros toda vez concluyó la situación de emergencia sanitaria.

El Ministerio de Transportes, según el relato del Ministerio Público, compró una remesa de en torno a un millón y medio de mascarillas. Sin embargo, el lote no cumplía con los estándares de calidad de las FFP2, por lo que se les dio el uso de quirúrgicas. Así, cuando acabó la pandemia, se tramitó la reclamación de la diferencia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Por su parte, el Gobierno de Canarias, presidido por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pagó 4,7 millones de euros a la firma más beneficiada por la trama.

Un montante que cubrió la compra de 1,9 millones de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. El contrato se tramitó por emergencia y el procedimiento fue “negociado sin publicidad”, amparado bajo las extraordinarias circunstancias de la emergencia sanitaria al ordenarse el confinamiento. Según detalla en la investigación, fue el propio Ábalos quien recomendó al presidente canario la Empresa sobre la que pivota la causa. En total, todos los contratos suman un montante mayor a los 52 millones de euros que fueron a parar a manos de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

Ferraz pone a Ábalos en tela de juicio

A raíz de todo este escándalo, el PSOE ha abierto la puerta a que Ábalos presente su dimisión. Ha sido sutilmente y a través de la número dos del partido, María Jesús Montero. "Yo sé lo que haría yo y usted sabe lo que yo haría", ha expresado, sugiriéndole indirectamente que presente su dimisión.

La número dos del PSOE ha planteado este escenario al ser interrogada sobre si Ábalos debería entregar su acta de diputado. No obstante, la también ministra de Hacienda ha precisado que es una decisión que le compete en exclusiva al que fuera responsable de Transportes. Por tanto, ha remarcado, “le corresponde a él” tomar cualquier determinación en este sentido, después de las filtraciones telefónicas que le incriminan en las comisiones del material sanitario.

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