La detención de Koldo García, quien fuera mano derecha del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha generado una avalancha de informaciones sobre la trama de compra de mascarillas durante la pandemia que, según los investigadores, encabezaba el propio exasesor. Una red enmarcada en la calificada Operación Delorme y que gira en torno a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Presuntamente, la firma recibió contratos por valor de 40,1 millones de euros de los ministerios de Transportes e Interior, pero también de Sanidad. Las ramificaciones de la causa salpican incluso a otras comunidades autónomas, como Canarias, Baleares y también Castilla y León.
Según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, controlada en la sombra por Víctor de Aldama -otro de los detenidos-, fue una de las entidades más beneficiadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el suministro de material sanitario durante los años en los que Koldo, como mano derecha del ministro, merodeaba por el departamento que dirigía entonces José Luis Ábalos.
Tres ministerios, en el foco
Lo cierto es que, según el relato de Anticorrupción y de los agentes del Instituto Armado, algunos de los contratos suscritos no fueron directamente tramitados por el Ministerio de Transportes, sino por entes dependientes de su estructura. Es el caso de la sociedad pública Adif, que concedió a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL un contrato por valor de 12,5 millones de euros más IVA destinado a la compra de cinco millones de mascarillas FFP2. La tramitación se llevó a cabo mediante un procedimiento “negociado sin publicidad acelerado”, según detalla El Confidencial, que puntualiza, además, fue financiado con los fondos europeos.
Otra de las entidades sujetas a la cartera que entonces ostentaba Ábalos es Puertos del Estado; ente público que adjudicó 20 millones de euros más IVA a Víctor de Aldama para suministrar “mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del Covid-19” en el marco del “transporte y la movilidad”. La firma en cuestión, sobre la que pivota una buena parte de la investigación al ser la más beneficiada por la trama, presentó una oferta “manual”, según explica el citado medio apoyándose en un expediente aprobado en abril de 2020.
De Transportes, los investigadores siguen el hilo hasta el Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, a través de la Subdirección General de Gestión Patrimonial, fijó a la empresa como proveedor de mascarillas. El importe de la licitación ascendió a unos 3,5 millones de euros más IVA. El titular del ramo precisó meses después que la elección se basó en la recomendación de su colega de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Tras pasar por la cartera de Interior, la investigación se orienta hacia el Ministerio de Sanidad, entonces en manos de Salvador Illa. Según un informe de la Oficina Anticorrupción de Baleares, la sociedad contrató con el departamento del hoy líder del PSC la compra de material valorado en 40,5 millones de euros durante la pandemia. El organismo constató el vínculo con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL a raíz de la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Baleares y Canarias
Las ramificaciones de la Operación Delorme salpican a diversas comunidades autónomas. Entre ellas, Baleares y Canarias. La trama ha puesto el foco sobre el Govern balear, encabezado entonces por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Anticorrupción pone bajo la lupa la compra del IB-Salut en 2020 por valor de 3,7 millones de euros. Un precio que estiman muy alejado del tipo de mascarillas que recalaron en las islas. Precisamente por este motivo, el Ejecutivo balear reclamó la devolución de 2,6 millones de euros toda vez concluyó la situación de emergencia sanitaria.
El Ministerio de Transportes, según el relato del Ministerio Público, respecto a una remesa de en torno a un millón y medio de mascarillas. Sin embargo, el lote no cumplía con los estándares de calidad de las FFP2, por lo que se les dio el uso de quirúrgicas. Así, cuando acabó la pandemia, se tramitó la reclamación de la diferencia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
Por su parte, el Gobierno de Canarias, presidido por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pagó 4,7 millones de euros a la firma más beneficiada por la trama. Un montante que cubrió la compra de 1,9 millones de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. El contrato se tramitó por emergencia y el procedimiento fue “negociado sin publicidad”, amparado bajo las extraordinarias circunstancias de la emergencia sanitaria al ordenarse el confinamiento. Según detalla en la investigación, fue el propio Ábalos quien recomendó al presidente canario la Empresa sobre la que pivota la causa.
La trama se aleja de los territorios insulares y se adentra en la Península, hacia Castilla y León. La investigación de la Audiencia Nacional sitúa al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, como socio de Koldo García y actor importante en las presuntas ventas fraudulentas de mascarillas. Ambos, en libertad con medidas cautelares, “amenazaron” al alcalde de León. Al menos así lo reveló el socialista José Antonio Díez ante los micrófonos de Onda Cero, donde aseguró que Koldo era “quien recibía, quien hacía de filtro” entre el ministerio. “Era casi una amenaza del propio ministro”, espetó.
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