La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este miércoles a Koldo García Izaguirre, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La detención, publicada en exclusiva por El Confidencial, se produce después de que la unidad especial de la Benemérita haya acreditado el cobro de comisiones ilegales por la compra de mascarillas durante la pandemia.
Los hechos, que se estaban investigando por la UCO desde hace más de un año, se habrían producido durante la pandemia, cuando García era la mano del exministro Ábalos. Según las primeras hipótesis, el entonces asesor habría aprovecha la laxitud en los procesos de contratación en aquellos días, así como el trámite de urgencia, para cobrar mordidas, unas mordidas con las que habría incrementado de forma sustancial su patrimonio. Pero además, la Guardia civil también investiga el gasto de Fomento, Interior, Puertos del Estado, así como los gastos de Canarias y Baleares, dos comunidades autónomas que invirtieron más de 50 millones de euros en material sanitario
Además, Patricia Úriz, mujer de Koldo García, también ha sido detenida en el marco de la Operación Delorme. Úriz desempeñaba su labor como ayudante de secretaria en Transportes y también era alto cargo del PSN, ya que desempeñó el cargo vocal de Bienestar Social en la Ejecutiva de la filial navarra del PSOE. Tras ser detenido, ha sido puesta en libertad. Quien sí sigue arrestado es el hermano de García, Joseba García. Otra de las personas que ha sido detenida en el marco de esta operación es el presidente del Zamora CF, Víctor Aldana.
Según los investigadores, Koldo García habría ejercido de intermediario en las negociaciones de compra de diversos artículos sanitarios a través del Ministerio de Trabajo con empresas de varias provincias. Al parecer, García habría cobrado mordidas de esas intermediaciones y, posteriormente, habría tratado de blanquear el capital, y el consiguiente incremento patrimonial acumulado, a través de diferentes inversiones.
La causa está abierta en el Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional. Además de la detención de Koldo García, también habrían sido arrestadas otras 19 personas y se habrían llevado a cabo diversos registros, hasta 26 según la Fiscalía, en varias provincias españolas como las de Bizkaia, Zaragoza, Madrid, Alicante, León, Álava, Murcia, Zaragoza y Cáceres. Entre las empresas que están bajo la lupa policial está la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una empresa que pasó de facturar 0 euros en 2019 a 53 millones en 2020 gracias, entre otros contratos, a la compra de cinco millones de mascarillas por parte de Fomento por un valor de 12,5 milones de euros.
Según las fuentes consultadas por ElPlural.com los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. En estos momento, el procedimiento judicial está abierto por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
El exministro José Luis ábalos ha asegurado a una periodista de La Sexta en el Congreso de los Diputados que se ha enterado de la operación policial por la prensa, y ha mostrado su estupor y espanto ante las informaciones aparecidas. También ha dicho de que espera de que le informen sobre lo sucedido en las próximas horas.
Otros casos de mascarillas
Esta no es la primera operación sobre el cobro de comisiones de mascarillas. La Fiscalía ha enviado al Juzgado de Instrucción la calificación pide 15 años de cárcel para el empresario Alberto Luceño y 9 para su socio Luis Medina en la caso mascarillas, empresarios artífices de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus en 2020 y que se embolsaron comisiones millonarias y por casi 6 milones de euros.
El escrito asevera que los 6,24 euros por cada mascarilla que el consistorio abonó por cada una del millón de mascarillas que compraron a los procesados: “Fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto”.
La Fiscalía Anticorrupción también solicita que empresarios indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con 7,8 millones de euros, además "del decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros en el caso de Luis Medina".
