El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, ha dado el último paso jurídico antes de llevar a juicio y sentar en el banquillo a a Alberto Luceño y Luis Medina, empresarios artífices de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus en 2020 y que se embolsaron comisiones millonarias. Carretero ha emitido el auto de apertura de juicio oral contra ambos, un auto que es irrecurrible. Según fuentes cercanas al caso, tanto Medina como Luceño podrían ser juzgados antes del verano que viene.

El magistrado abre juicio respecto de Alberto Luceño por un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular. En cuanto a Luis Medina Abascal se abre juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

Por los delitos, el fiscal solicita para Luceño 15 años de cárcel: una pena de prisión de 7 años y multa de 20 meses con cuota de 500 euros diarios, por el delito continuado de estafa agravada. Prisión de 2 años y multa de 10 meses, con cuota de 500 euros diarios, por el delito continuado de falsedad en documento mercantil. Dos años de cárcel y multa de 10 meses con cuota de 500 euros diarios por el delito de falsedad en documento oficial, y otros 4 años y multa de 5.000.000 euros por el delito de Contra la Hacienda Pública.

En el caso de Medina pide por el delito continuado de Estafa agravada la pena de prisión de 7 años y multa de 20 meses con cuota de 500 euros diarios y por el delito continuado de falsedad en documento mercantil dos años de cárcel y multa de 10 meses con cuota de 500 euros diarios. En total nueve años de condena.

Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que los acusados indemnizarán conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid en las siguientes cantidades: 2.713.309,39 euros más 912.700 euros, en concepto de comisiones cobradas por ambos acusados y ocultadas conscientemente al Ayuntamiento de Madrid en la operación de las mascarillas.

Cronología del ‘Caso Mascarillas’

Fue en abril de 2022 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Medina y Luceño, en la que se denunciaba que ambos “inflaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico” los contratos sanitarios que se realizaron la funeraria municipal de Madrid y la empresa encargada de adquirir el material sanitario.

Y es que cabe recordar que la empresa funeraria desembolsó un total de 11 millones de euros de dinero público, operación por la que Medina cobró un total de 912.742 euros en forma de comisión, lo que se traduce en un dólar por cada mascarilla, un precio injustificablemente elevado. Por su parte, Luceño se hizo con cinco millones de euros.

Cabe recordar que, tanto el Ministerio Público como el juez Carretero han descartado que pesen responsabilidades sobre los cargos del Ayuntamiento de Madrid por estos contratos. Todo ello debido a que Medina y Luceño ocultaron con conciencia su “nula experiencia en temas de material sanitario” durante la operación de compraventa, así como que sus comisiones llegaron a alcanzar “un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% en los guantes de nitrilo y un 71% en los test”.

Medina aprovechó su fama

En cuanto a los imputados, el juez instructor señalaba en el auto de procesamiento que considera que las compraventas del ‘Caso Mascarillas’ en las que actuó como intermediario Luís Medina son “un caso de negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio”, en la que se incluye documentación mercantil falsa. Una actuación con la que se “enriqueció” y “perjudicó” al Patrimonio Municipal.  

Y es que Carretero señalaba la fama de Medina como un factor clave en su papel, debido a que es el hijo del Duque Feria y por haber sido un personaje público de la prensa rosa, lo que le valió para contactar con el primo del alcalde madrileño y, al final, ser el responsable de la compra del material sanitario.

El gestor principal fue Luceño

Por otro lado, sobre Luceño, Carretero se refería a él como “el auténtico gestor” del negocio. Y es que señalaba que éste engañó a su propio socio, Medina, en el reparto de las comisiones “excesivas” que, a la par, también ocultó al Consistorio de Almeida.

Según el magistrado, también “simuló” la firma del empresario malasio propietario de la firma Leno, San Chin Choon, y proveedor de los guantes y mascarillas requeridos por la urgencia sanitaria del coronavirus. Y es que la investigación apunta a que se han encontrado “instrucciones por escrito” de Luceño a San Chin Choon de acuerdo con las respuestas que éste último debía dar a la Comisión Rogatoria que tuvo lugar en el país asiático.

El auto de procesamiento emitido por Carretero a principios de abril de 2023, de ocho páginas de largo, también señalaba a las conversaciones que el empresario español mantuvo con Chan Ben Kay, alias ‘Anthony’, para que presionara a Chin Choon para decir que había firmado varios documentos. Un hecho que “refuerza la falsedad de los mismos y el intento de ocultar el engaño que preside toda la operación de venta de material sanitario” al Gobierno de Almeida.