El regreso del líder de Junts y expresident de la Generalitat catalana a España, Carles Puigdemont, es cada vez más inminente. A falta de conocer la fecha concreta, lo que sí es certero es que tendrá que someterse a un arduo camino judicial nada más pise suelo español.
El expresidente catalán podrá ser detenido nada más llegar debido a que el juez instructor del procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de detención en su contra. Así, en sus manos está decidir si, finalmente, Puigdemont ingresará o no en prisión, aunque este podrá eludir la cárcel si presenta previamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo suspender dicha orden con carácter cautelar, aunque todavía no lo ha presentado.
A través de una misiva que difundió el pasado sábado en sus redes sociales, Puigdemont expresó su deseo de regresar a Cataluña para asistir al pleno de investidura en el Parlament, al que se presenta el candidato socialista Salvador Illa y que se celebrará este jueves. En cuanto a su detención, aseguró que era “una posibilidad real en muy pocos días”, dejando la incógnita aún sin resolver.
La vía del TC
La incertidumbre está servida, tanto por su detención como de su estrategia ante los tribunales. Uno de los caminos que puede utilizar Puigdemont para eludir la cárcel es recurrir al Constitucional, al que deberá solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto la orden de ante de tomar en cuenta la negativa del juez Llarena de aplicar la Ley de Amnistía en su caso.
En el caso de que la defensa decida no actuar, el expresident podrá ser detenido nada más llegar a España en virtud de esta orden judicial, dictada en el marco de la causa del procés por la que fue condenado.
Aunque cabe destacar otro as bajo la manga que tendría el líder de Junts: la posibilidad de un ‘habeas corpus’ si considera su detención como ilegal. Una vez en poder de los agentes, Puigdemont sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido de la justicia durante casi siete años.
Procesado por malversación
También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado: la malversación, que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado, donde entra en juego el papel de Vox.
Cabe destacar que el pasado 8 de julio, Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Entonces, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del 'procés', Ana Ferrer.
En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.
La trama rusa
A su vez, Puigdemont tiene pendiente otra causa judicial paralela a la del 'procés'. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Alto Tribunal -que todavía no se ha pronunciado- que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán.
Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Sin embargo, el Supremo archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.
