Los fondos buitre campan a sus anchas por los barrios de toda España, gentrificando sus calles y expulsando a sus vecinos para seguir expandiendo su negocio especulativo. Sin embargo, la resistencia que se encuentran, gracias a los sindicatos y movimientos de vivienda, cada vez es mayor. El bloque de Tribulete 7, agrupado en el Sindicato de Inquilinas, es el claro ejemplo de una lucha que ha conseguido, por primera vez en la historia, que un juzgado admita a trámite una denuncia colectiva por delito de acoso inmobiliario e impute al fondo buitre responsable.
“Hemos recibido y recibimos llamadas del fondo buitre advirtiendo de que, si no hacemos lo que ellos quieren, habrá consecuencias negativas. También han utilizado las obras en el edificio para convertir la vida en insoportable”, denuncia Cristina Gómez, una de las vecinas que han conseguido resistir a este acoso, a ElPlural.com. “Ruidos y molestias”, propios de una obra que se extiende a lo largo de los años; “traspaso de tabiques con taladros”, poniendo en riesgo la estructura del edificio; y “golpes tan fuertes que se provocan desprendimientos”, exponiendo la integridad de los vecinos.
“Han provocado humedades, caídas de techo y han picado en la cubierta sobre las casas habitadas con previsión de fuertes lluvias dando lugar a la inundación de viviendas”, ahonda. Y, mientras tanto, las instituciones públicas se han estado lavando las manos, pese a que se les ha trasladado en más de una ocasión la gravedad de la situación. Por esa razón, la representación legal y las propias vecinas afectadas piden también explicaciones al servicio de Disciplina Urbanística Ayuntamiento.
Elix Rental Housing, sospechoso habitual
Detrás de estas coacciones denunciadas se encuentra Elix Rental Housing. Una Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) vinculada a través de AltamarCam con Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El fondo, como persona jurídica, se enfrenta a una pena de disolución. “Se imputa al fondo como persona jurídica y la pena aparejada por este tipo de delitos, si finalmente se le condenase por ello, sería la disolución de la propia empresa por cometer este tipo de prácticas”, ha celebrado este miércoles la abogada encargada del caso, Alejandra Jacinto.
Un socio de Elix, el arquitecto que certifica las obras, el jefe de obra, dos trabajadores implicados en los trabajados y la gestora que desarrollaba los trabajos de contacto con los vecinos, como persona jurídica esta última, también están investigados. Los procederes ampliamente documentados por las afectadas han propiciado que el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid haya admitido a trámite la querella colectiva, ha incoado diligencias previas y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. En un par de meses (19 de febrero de 2026) la propiedad y varios trabajadores del fondo desfilarán por los juzgados para declarar en calidad de investigados.
“Que tengan que declarar como investigados ya es un primer éxito porque no recordamos a ningún fondo buitre declarando como sociedad ni rindiendo cuentas ante el juez”, ha celebrado la letrada. Una situación que da esperanza a los vecinos, quienes también comparecerán en calidad de testigos y afectados, después de más de un año sufriendo un desahucio silencioso. Diez vecinos dieron el paso de denunciar, dos cedieron una vez abierto y la mayoría de las 50 familias que vivían en Tribulete 7 fueron sucumbiendo al “acoso” de la propiedad.
Los ocho que resisten “quieren que el fondo cese en el acoso y que el fondo entienda que la impunidad se acabó. No pueden salir gratis este tipo de prácticas”, ha ahondado la letrada, para expulsar a la gente de sus casas. Un desalojo que, más allá de lo dramático que esto conlleva, se está produciendo de forma velada y en diferido. “Si el fondo considera que los vecinos se tienen que ir tienen que abrir las vías legales oportunas”, ha explicado Jacinto, haciendo alusión a la figura del desahucio por expiración de plazo. “Pero han decidido ahorrarse las costas y tomarse la justicia por su mano”, ha espetado.
Una práctica que, lamentan desde el sindicato, “no es un caso aislado”. “Es una praxis que están siguiendo muchos fondos de inversión para conseguir expulsar a los vecinos ahorrándose todos los procedimientos judiciales existentes, tomándose la justicia por su mano para conseguir extorsionar a los vecinos y conseguir que se marchen”, ha lamentado Jacinto. Pero cada vez se encuentran más vecinas que resisten y, gracias al caso de Tribulete, pueden ver un camino a seguir para combatir, en la calle y también en los juzgados, a los fondos buitre que les hacen la vida imposible.
