Sumar busca un golpe a la especulación con una modificación de la Ley de Vivienda que frene a los fondos buitre

El Pleno del Congreso afrontará el próximo martes, 25 de noviembre, el debate y la votación de una proposición de ley registrada por Sumar que plantea una modificación de la Ley de Vivienda de 2023 con un objetivo claro: impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión puedan adquirir viviendas en territorio español. La iniciativa llega a la Cámara Baja en un momento de máxima atención sobre el acceso a la vivienda y el papel de los grandes tenedores en la evolución del mercado.

El encargado de impulsar esta propuesta es el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha defendido que la medida pretende “poner freno” a la actividad especulativa que, según el grupo, realizan especialmente las Socimis y los denominados fondos buitre. Ibáñez sostiene que Sumar, como grupo plurinacional, considera “prioritario” y “urgente” actuar sobre la concentración de vivienda en manos de actores financieros, un fenómeno que, a su juicio, tensiona el mercado y reduce las posibilidades de acceso para la ciudadanía.

Según recoge el texto legislativo, la iniciativa parte de un principio fundamental: el derecho al disfrute de la vivienda corresponde exclusivamente a las personas físicas, puesto que son ellas quienes pueden usarla como espacio vital y convertirla en un hogar. Bajo esta premisa, Sumar argumenta que la adquisición de viviendas por parte de personas jurídicas no responde a una finalidad residencial, sino a una lógica de inversión orientada a obtener rentabilidad económica. El grupo parlamentario considera que esta dinámica ha contribuido a la escalada de precios tanto en alquiler como en compra.

La proposición plantea por ello una reforma de la Ley de Vivienda que limite el derecho de transmisión de propiedades residenciales, tanto en operaciones onerosas como en donaciones, únicamente a personas físicas. Las personas jurídicas quedarían restringidas a la adquisición de inmuebles destinados a actividades económicas de carácter primario, secundario o terciario, excluyendo expresamente el uso residencial. Con esta diferenciación, Sumar pretende establecer una frontera nítida entre vivienda como derecho y vivienda como activo especulativo.

El encaje constitucional de la iniciativa

Cuando presentó la propuesta el pasado mes de abril, Alberto Ibáñez defendió que la medida “tiene encaje constitucional” y respeta tanto la normativa estatal como el marco jurídico europeo. Sumar sostiene que la Constitución reconoce la función social de la propiedad y permite al legislador modularla cuando confluyen intereses generales como el acceso a la vivienda.

Ibáñez también expresó entonces su confianza en que la iniciativa pueda superar la primera votación en el Congreso. Aseguró que la propuesta podría reunir una mayoría suficiente para ser admitida a trámite, calificándola incluso de “conservadora” en comparación con otras medidas que la coalición considera necesarias para afrontar la crisis habitacional. El diputado reconoció, no obstante, que no existe actualmente consenso parlamentario para abrir un debate sobre la limitación del número de viviendas que puede poseer una persona física.

Pese a ello, Ibáñez insistió en que sí detecta una mayoría transversal - que, según dijo, va “desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria” - que comparte la necesidad de detener la especulación inmobiliaria protagonizada por empresas y fondos de inversión. El portavoz señaló que grupos como PNV o Junts podrían apoyar la iniciativa, al entender que estos partidos se muestran favorables a limitar la presencia de fondos financieros en el mercado de la vivienda. “Estoy convencido de que el PNV y Junts se sienten cómodos diciendo adiós a los fondos buitre”, afirmó en su comparecencia.