El pacto PSOE-ERC fractura al bloque de la investidura: la izquierda exige mayor “equidad territorial”

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras sellaron el jueves un acuerdo para establecer la financiación singular para Cataluña, reabriendo un debate en todo el territorio que ha generado tensiones en el bloque de la investidura. Especialmente entre las fuerzas regionales de la llamada izquierda transformadora. El pacto bilateral contempla iniciativas específicas para dicha autonomía, incluyendo un incremento de los recursos que, según la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, busca el equilibrio del reparto entre comunidades. Al margen de las críticas de los grupos progresistas, se sitúa también Junts, cuya estructura ha censurado duramente la iniciativa, ensanchando la brecha con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a quienes afea no incorporar el concierto catalán.

Las discrepancias en el seno del espectro independentista coinciden con la reacción de varios grupos de izquierda regionalista representados en el Congreso, ya sea bajo el paraguas de Sumar – como Compromís – o estructuras independientes como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) o incluso Podemos, cuyas delegaciones en Extremadura y Andalucía han alzado la voz contra el acuerdo. En cualquier caso, estas voces convergen en que la singularidad catalana no es posible sin un marco de equidad general para el conjunto de los territorios, habida cuenta de que podría consolidar “desigualdades” históricas entre las diferentes regiones, dado que lo interpretan como un modelo centralista que prioriza intereses políticos sobre necesidades reales de los ciudadanos de cada autonomía.

Podemos se desmarca

La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, ha sido clara al rechazar la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según Martínez, la iniciativa “nace de un trueque electoral” y no responde a los intereses de la ciudadanía, sino a compromisos políticos concretos como el pacto con ERC. La dirigente morada ha insistido en que “la brújula tiene que ser siempre progresividad, solidaridad e igualdad” y ha adelantado que su formación estudiará la “letra pequeña” para valorar el impacto real sobre las comunidades.

En la misma línea, Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos a las elecciones andaluzas de 2026, ha denunciado que la ordinalidad defendida por Hacienda “beneficia a las comunidades más ricas y debilita la solidaridad”. Según Delgado, para Andalucía, esta medida consolida la infrafinanciación y limita recursos esenciales para sanidad, educación y servicios públicos.

En Extremadura, por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura y coordinadora autonómica de Podemos, Irene de Miguel, ha advertido contra los efectos del “dumping fiscal” y la aplicación de la ordinalidad. La líder morada en la región subraya que el sistema debe avanzar hacia un país “equitativo, justo y que redistribuye la riqueza” y alerta de que asumir tesis que priorizan a las regiones más acomodadas podría llevar “al abismo social y territorial”.

Escepticismo en el BNG

Desde Galicia, el Bloque también se ha posicionado en contra del acuerdo. Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso, considera que la propuesta presentada por Montero “no es ni siquiera un punto de partida” para corregir la infrafinanciación histórica que sufre la comunidad. Según Rego, el plan gubernamental constituye un “ejercicio de maquillaje del modelo actual” que mantiene el carácter centralista del sistema y reduce injustificadamente factores clave como el envejecimiento y la dispersión poblacional, que determinan el coste real de los servicios públicos en Galicia.

Rego insiste en que Galicia necesita mayor capacidad para recaudar y gestionar sus propios recursos, y que el incremento de fondos anunciado, de hasta 18.000 millones de euros, no resuelve el déficit histórico ni el desajuste estructural que arrastra la región desde décadas atrás.

Compromís exige garantías

La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, también ha ponderado negativamente el modelo planteado. Aunque reconoce algunos aspectos positivos, advierte que “no es suficiente” y que será necesario analizar la letra pequeña, especialmente en lo que respecta al concepto de población ajustada, que históricamente ha generado discriminación hacia la Comunidad Valenciana. Micó recuerda que la diferencia entre la comunidad mejor y peor financiada podría ser de hasta 700 millones por habitante, y que el nuevo modelo debe aplicarse junto a un fondo de nivelación que compense la deuda histórica por infrafinanciación, que en el caso valenciano supera los 46.000 millones.

El acuerdo con ERC, anunciado tras la reunión de su líder Oriol Junqueras con Pedro Sánchez, garantiza un trato singular para Cataluña, incluyendo recursos adicionales que, según Montero, buscan equilibrar el reparto entre comunidades. Sin embargo, para los grupos de izquierda, esta singularidad refuerza un esquema de desigualdad, al otorgar ventajas específicas a una comunidad frente a otras con necesidades históricas no resueltas. La polémica se centra en que, mientras Cataluña recibe atención específica, otras regiones infrafinanciadas como Andalucía, Extremadura, Galicia o la Comunidad Valenciana siguen con déficits estructurales.