La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este viernes la propuesta de nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas (CCAA) de cara a 2027. El complejo entramado impositivo otorga 20.975 millones de euros más a los territorios que con el anterior sistema, pasando de los 152.484 millones a los 224.507 millones de euros, cede a sus gobiernos un mayor porcentaje de tributos clave como el IRPF o el IVA e introduce mecanismos de ajuste que, entre otras cosas, garantizan que ninguna autonomía reciba menos dinero de lo que percibiría con el actual modelo, caducado desde 2014.
Montero ha detallado los aspectos técnicos después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicano (ERC), Oriol Junqueras, cerrasen el acuerdo hace escas 24 horas. Los principales objetivos de la nueva financiación autonómica propuesta son el blindaje del Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, etc.), el refuerzo de la autonomía y la corresponsabilidad fiscal de los territorios, la solidaridad interterritorial para evitar diferencias entre ciudadanos según residencia, la reducción de las diferencias de financiación por habitante actuales, el respeto a la singularidad (insularidad, despoblación, población, etc.), la transparencia y la sencillez.
“Un sistema que se adapta y da respuesta a realidades dispares”, ha defendido la titular de la cartera de Hacienda, desmontando el argumentario del “agravio territorial” impulsado por el Partido Popular pese a que todas las CCAA en las que gobierna, la mayoría del país, se verían beneficiadas. Para adaptar correctamente el sistema de financiación, que el PP se negó a actualizar durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque ya estaba caducado y los conservadores gozaban de mayoría absoluta, el Ejecutivo se basa en la población ajustada y en los recursos por habitante, que a su vez atienden a múltiples variables.
Parámetros del modelo
El principal mecanismo para distribuir entre los gobiernos de las CCAA los impuestos que pagan los ciudadanos para recibir los servicios básicos, independientemente de dónde residan, será la población ajustada de cada territorio. Dentro de este parámetro, a su vez, se atenderá a diferentes variables relacionadas con el coste de los servicios y las necesidades de financiación, cada una con un peso concreto, a los que se ajustarán las cuantías:
Variables poblacionales y sanitarias:
- Población registrada en el padrón (peso del 30%)
- Población protegida equivalente (38%): centrada especialmente en la atención sanitaria, la más costosa.
Variables educativas:
- Educación de los 0 a los 17 años (17%)
- Educación de los 18 a los 24 años y desplazados (3,5%): incluye por primera vez estudios superiores y contempla la situación de algunos territorios, como la Comunidad de Madrid, que acoge un gran número de estudiantes de otras localizaciones.
Variables de sociales:
- Servicios sociales para mayores de 65 (7%): Se crean dos subgrupos (65-79 años y más de 80 años) para realizar un cálculo más ajustado y veraz.
- Servicios sociales para parados sin protección (1,5%)
Otras Variables:
- Superficie (1,6%)
- Dispersión (0,5%)
- Insularidad (0,5%)
- Costes fijos (0,4%)
En materia de recaudación, Hacienda propone incrementar el porcentaje de cesión a las autonomías del IRPF, que pasaría del 50 al 55%, y del IVA, que saltaría del 50 al 56,5%. Tan solo con esta modificación, la financiación de las CCAA se incrementaría en 15.756 millones de euros solo en 2027. Además, se pasa a incluir dentro de la cesta del sistema común otros tributos que ya cobran los territorios: patrimonio, depósitos bancarios, actividades de juego y deposito de residuos en vertederos.
Mecanismos para la solidaridad
Una vez superado el primer reparto, entra en juego el mecanismo de solidaridad, encargado de nivelar la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media de recursos por habitante ajustado. “Cada CCAA tiene una financiación por habitante ajustado y en esta fase cada una aporta al conjunto del sistema el 75% del diferencial entre su financiación por habitante ajustado y lo que la media del conjunto de territorios plantea”, ha explicado Montero.
Esto significa que aquellos territorios con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciben recursos y, por el contrario, las que están por encima los aportan. Este abordaje pretende reducir “la diferencia de financiación per cápita”, que actualmente llega a alcanzar los 1.500 euros por habitante. “Es algo del todo injustificable”, ha espetado la ministra, defendiendo el mecanismo que lo corrige.
Dentro de esta redistribución también se producirá una “nivelación vertical”, en la que será el Estado el que se rasque el bolsillo nuevamente. “Reduce en 2/3 la distancia de cada comunidad respecto a la región con más recursos, que es la Comunidad de Madrid al tener la mayor capacidad tributaria”. Es decir, las autonomías que reciben menos financiación por habitante en la primera fase son las que más reciben en esta nivelación.
IVA de las pymes, fondo de cambio climático y statu quo
Estas dos fases expuestas representan el 98%, pero se contemplan otros añadidos que otorgarán a las CCAA otros 5.000 millones de euros, completando los casi 21.000 millones extra. Por un lado, las autonomías podrán solicitar voluntariamente recaudar y arrogarse el 5% de recaudación del IVA generado por las pymes en su territorio o mantener la transferencia a través del índice de consumo. La modificación supone, de querer el territorio, un incremento de 2.084 millones de euros.
Además, el Estado suma un fondo de cambio climático, dotado con 1.004 millones de euros, para que las CCAA puedan acometer actuaciones para combatir situaciones como la vivida en Valencia el 29 de octubre de 2024. Este se repartirá siguiendo la población ajustada y yendo a parar 2/3 a autonomías del litoral mediterráneo, más golpeados por las inclemencias climáticas, y 1/3 al resto. Por último, se contempla el statu quo, que garantiza que ningún territorio recibe menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Para este último cometido, el Estado pondrá 404 millones y beneficiará especialmente a Cantabria y Extremadura.
