La investigación parapolicial emprendida en julio de 2014 contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su familia directa y sus allegados políticos incluyó seguimientos personales, revisión del patrimonio y de la actividad laboral, búsqueda en bases de datos reservadas, conocimiento de su relación con las distintas familias del PSOE e, incluso, un análisis de la personalidad del entonces secretario general del partido y candidato a la presidencia del Ejecutivo. Se trata de una exclusiva que firma el periodista Mateo Balín en los medios del Grupo Vocento.
La llamada "operación Pedro Sánchez" comenzó apenas una semana después de ser nombrado líder socialista hace más de 11 años. El dispositivo contó con la "participación directa" de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, entonces dirigida por el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado 'caso del pendrive de los Pujol': el intento de introducir en la causa pruebas sin cobertura judicial para su manipulación.
La DAO fue la encargada de distribuir las tareas señaladas entre diferentes unidades del cuerpo. Un modo de actuación con bastantes similitudes a la 'operación Kitchen': el dispositivo parapolicial de seguimiento a Luis Bárcenas y su familia, desarrollado entre 2013 y 2015 y cuya finalidad era recuperar información sensible del PP en poder de su extesorero. Unos hechos por los que serán juzgados en la próxima primavera la cúpula de Interior durante el Gobierno de Rajoy –el ministro Jorge Fernández Díaz y su número dos Francisco Martínez– o el citado comisario Pino.
Conocer el “perfil” de Pedro Sánchez y hallar debilidades profesionales o personales
En el caso de la 'operación Pedro Sánchez', el "objetivo prioritario" era conocer el perfil del aspirante a presidir el Ejecutivo y hallar cualquier debilidad profesional o personal que pudiera desestabilizarle con la vista puesta en las elecciones generales que se celebraron a finales de 2015.
Entonces, según se desprende de la denuncia presentada por el empresario Javier Pérez Dolset en julio pasado y que ya tramita la Fiscalía a través de unas diligencias previas, el operativo comenzó por instrucción "de la más alta superioridad". Y señala –a partir de los documentos aportados– a la presidencia y la vicepresidencia del Gobierno "como el ordenante y receptor último" de la información recopilada.
El resultado de las pesquisas sin cobertura judicial contra el entonces diputado raso socialista quedaron plasmadas en un informe confidencial sin membrete cuatro meses después de iniciarse. Se tituló "Nota informativa: Riesgos PS", y fue creado el 9 de noviembre de 2014.
Intento de 'hackeo'
Entre las tareas asignadas por la DAO a sus operativos, además de las ya citadas, se especifica en la denuncia que los "seguimientos personales a Pedro Sánchez fueron detectados" y que se activaron contactos "con fuentes externas" para "alimentar" dos de los cometidos del informe: una investigación relativa a los negocios de sus allegados y la relación del recién elegido secretario general del PSOE con el resto de las familias del partido, "tanto contrarias como afines".
Del primer asunto derivaron las primeras referencias a la actividad empresarial del padre y los tíos de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, susceptibles de ser usadas en su contra, como al final ha ocurrido.
La denuncia presentada por Pérez Dolset en la Fiscalía General del Estado, y luego remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid, fue ampliada el pasado 30 de julio. Se dieron detalles sobre un 'hackeo' de los equipos del empresario y sus colaboradores, que están detrás de una asociación de afectados por las "cloacas del Estado".
