El currículo de Enrique Arnaldo -el que estamos desvelando los medios de comunicación, no la versión maquillada que ha presentado al Congreso- parece un manual de todas las manchas que debe evitar un candidato a ingresar el Tribunal Constitucional. Cada día, la prensa desvela una nueva corruptela o irregularidad, pero la buena noticia para Arnaldo es que su candidatura se vota el próximo día 11, en tres días, con lo que ya solo quedan por conocer, como mucho, tres nuevas ignominias. Sin embargo, de cara a esa votación, surge una duda: ¿hay manera de echar por tierra su elección? Técnicamente, sí; políticamente, parece que no.

En la carrera de obstáculos para Enrique Arnaldo, este lunes se ha añadido que incumplió el Estatuto del Congreso, en su punto 62.K, al ejercer de letrado y asesorar, previo pago, a gobiernos del PP. Una ilegalidad que se suma a que cobró al mismo tiempo de una universidad pública y de otra privada, algo también está prohibido; que participó en decenas de cursos de la FAES del PP; que estuvo imputado en el Caso Palma Arena; que facturó casi un millón de administraciones del PP…

De momento, los cuatro candidatos para el Tribunal Constitucional -dos del PP y dos del PSOE- cuentan con el visto bueno de la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados y el jueves 11 tendrán que conseguir la aprobación del Pleno. Necesitan 210 de los votos individuales, secretos y telemáticos de los diputados, algo que en principio parece asegurado, aunque las condiciones de la votación abren la puerta a una casi imposible sorpresa.

Votar a "uno, dos, tres o cuatro candidatos"

El acuerdo conseguido entre el Gobierno y el Partido Popular tiene amarrados los votos de PSOE (120 diputados), PP (89), Unidas Podemos (35) y Navarra Suma (2). 246 votos en total que permiten respirar con tranquilidad a los artífices del pacto, pero existen algunos resquicios técnicos derivados de que la votación sea de manera telemática, como acordó la Mesa del Congreso la semana pasada. La decisión de usar este sistema se ampara en los informes de los letrados que recogen esta posibilidad derivada de la pandemia de coronavirus para plenos que tengan una larga duración o, como es el caso, en votaciones individuales, donde los 350 diputados son llamados de uno en uno a votar en una urna física.

En asuntos tan espinosos como estos es costumbre que los grupos parlamentarios entreguen a sus diputados un papel con los nombres de los candidatos ya escritos. Y entre sus señorías ya se había extendido la pregunta de si se podría tachar a alguno de los candidatos, como es el caso de Arnaldo, pero también la duda de si eso hubiera supuesto un voto menos para él o la nulidad de toda la papeleta. Con la elección del voto telemático se despeja esa duda, porque desde la Mesa reconocen a ElPlural.com que los diputados podrán escribir el nombre de “uno, dos, tres o los cuatro candidatos”.

Es decir, técnicamente, varios diputados podrían echarse atrás y no incluir el nombre de Enrique Arnaldo en su voto y así evitar que llegue al Tribunal Constitucional un candidato con tantas sombras en su carrera. Sabedores de esa posibilidad, algunos grupos como Ciudadanos están maniobrando para convencer a los diputados de que no aprueben a los candidatos al TC. Edmundo Bal ha enviado una carta a los portavoces de los grupos pidiendo que se rebelen contra el acuerdo, pero, aunque cita “las recientes informaciones aparecidas sobre uno de los candidatos en cuestión", el portavoz de Ciudadanos se centra más en enmendar el acuerdo y a los cuatro candidatos con el argumento de que se ha “apañado sin transparencia”.

Madeja de intereses

En cualquier caso, la posibilidad de vetar a Arnaldo parece abocada al fracaso político. Para empezar, la elección del voto telemático también siembra dudas sobre de hasta qué punto el voto será secreto, algo que sistema tradicional del papel sí salvaguarda mejor. Pero es que las cuentas casi no dan. Por ejemplo, si Unidas Podemos se echara atrás, seguirían sumando 211 votos entre PSOE, PP y Navarra Suma, aunque la posibilidad es muy remota porque el partido morado tiene a un candidato pactado para el Tribunal de Cuentas, el abogado Luis Antonio Ortiz de Mendívil. Y porque en la Comisión de Nombramientos, Txema Guijarro, el diputado de Unidas Podemos encargado de fiscalizar a Arnaldo, fue uno de los más suaves y poco más que se limitó a desearle suerte.

En las filas del PSOE y de PP tampoco se espera ninguna deserción. De hecho, uno de los diputados socialistas más incómodos con la elección de Arnaldo, Odón Elorza, sí puso en aprietos al candidato del PP durante la comisión, pero acabó dando su visto bueno. Fuentes socialistas reconocen que “nos hubiera gustado otro candidato”, pero insisten en que “somos un partido de Estado y tenemos un acuerdo para renovar los órganos constitucionales”.

En el PP han ido retirando su apoyo verbal a Arnaldo con la aparición de sus escándalos y rechazan a dar explicaciones, alegando que es el candidato quien debe responder. “No somos sus portavoces". Sin embargo, en Génova dan por hecha la fidelidad del voto de sus diputados y aseguran tener amarrado el resultado, igual que en su coalición hermana en Navarra, donde los dos votos son de diputados con origen en UPN pero que ahora van ligados a PP y Ciudadanos.

En el entorno de la Mesa del Congreso su elección se da por segura, aunque señalan que técnicamente podría caerse la elección de Arnaldo. En ese caso, si fuera el único que no obtiene los 210 votos pertinentes, creen que eso no impediría la elección de los otros tres candidatos. Hay que recordar que los 12 miembros del Tribunal Constitucional son renovados por bloques: dos miembros son elegidos por el Gobierno, dos por el CGPJ, cuatro por el Senado -entre los propuestos por las asambleas y parlamentos autonómicos- y cuatro por el Congreso de los Diputados. Este es el caso actual y las citadas fuentes entienden que si tres candidatos obtienen el visto bueno pasarían a ser magistrados y para el cuarto puesto, de no cubrirse, se volvería a abrir el proceso de nuevo solo para él.

El prestigio perdido

El enredo de intereses que afianza la elección de Arnaldo va más allá de asegurar a los candidatos de PSOE y Unidas Podemos en los órganos institucionales a corto plazo. A medio plazo, tragarse un sapo como éste y el de Espejel, que ha quedado en segundo plano por la magnitud de los escándalos de su compañero de tándem, permitirá, en teoría, desactivar los habituales vetos del PP a los candidatos de la izquierda para el Consejo General del Poder Judicial. A largo plazo, incluso, la izquierda se asegura que podría desactivar a conveniencia a dos miembros del Constitucional en asuntos que tengan que ver con el PP. Su recusación sería muy probable e incluso se podrían trastocar las mayorías, si es cierto que Espejel incluso acaba de presidenta del órgano y tiene el consecuente voto de calidad.  

A muy largo plazo, coinciden todos los consultados, el prestigio de las instituciones va a ser muy difícil de recuperar de la Operación Arnaldo.