Dos meses después, la proposición no de ley que presentó Junts el 9 de diciembre verá la luz. No será exactamente la misma, pues el acuerdo suscrito con el Gobierno el pasado martes en el marco de la negociación por el decreto del escudo social provocó que los juntaires se avinieran a las recomendaciones de los letrados de la Cámara Baja para suavizar el tono de un texto que se ciñe exclusivamente a invitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a “considerar la oportunidad” de medir sus apoyos en el Congreso de los Diputados.
Ahora sí, se acabó el debate. La Mesa del Congreso ha dado su visto bueno a la proposición no de ley tras los matices introducidos por Junts posteriores a la negociación con el Gobierno. Uno de los puntos alcanzados en el acuerdo era la reformulación del texto, descafeinándolo y desproveyéndolo de toda vinculación jurídica. Es decir, la nueva iniciativa está concebida desde el punto de vista político, habida cuenta de que la cuestión de confianza es una prerrogativa constitucional exclusiva del presidente del Gobierno.
Así las cosas, está previsto que la proposición no de ley se debata en el Pleno en las próximas semanas, concretamente en la primera quincena del mes de febrero. La decisión del órgano rector de la Cámara Baja provocará que los siete parlamentarios de Junts per Cataluña apoyen el próximo jueves el nuevo decreto social del Gobierno. Esta vez, el Ejecutivo también contará con los votos del Partido Popular, por lo que el escudo social, que contempla medidas como la revalorización de las pensiones, ayudas a los afectados por la DANA o las bonificaciones al transporte, saldrá adelante.
La intrahistoria de la PNL
Los de Carles Puigdemont registraron la proposición no de ley original el pasado 9 de diciembre, en un momento en el que la relación con los socialistas se erosionaba a golpe de titular. Tanto fue así que los neoconvergentes elevaron su apuesta y congelaron las negociaciones con Ferraz para cuestiones sectoriales. Es decir, todo lo que se saliera del ámbito catalán, lo cual conllevaba un portazo a los Presupuestos Generales del Estado.
La iniciativa ya nació con polémica. Al poco tiempo de su registro, los servicios jurídicos de la Cámara Baja emitieron un informe mediante el cuál no ponía objeción a su calificación. Sin embargo, al tratarse de una herramienta constitucional de competencia exclusiva de Presidencia del Gobierno previa deliberación con el Consejo de Ministros, los letrados estimaron oportuno reflejar la recomendación de reformular el texto de la PNL para suprimir la vinculación jurídica que se le otorgó.
En suma, los letrados subrayaron en el documento que es la Mesa la que debe fijar doctrina y decidir sobre la PNL, pues era la primera vez que un grupo parlamentario instaba a una cuestión de confianza a través de esta figura. Por ello, a instancias del PSOE y de Sumar que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara, postergó su decisión y evitó hasta en dos ocasiones la autorización de su tramitación. La primera de ellas llegó a la semana de su registro, mientras que la segunda lo haría en el mes de enero. La decisión estaba en el aire. Necesitaban tiempo para adoptar una resolución final mientras en el Partido Popular -segundo en discordia en la Mesa – nunca vieron problema alguno para que pasara el primer filtro.
Los socialistas, en cambio, justificaban sus reticencias con arreglo a la Constitución Española, recalcando que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno. Por lo tanto, sólo corresponde a Pedro Sánchez tomar tal determinación. De hecho, durante el Ejecutivo de Felipe González, se permitió el debate de una moción de Coalición Canaria que instaba al presidente a convocar elecciones, otra competencia exclusiva de Moncloa. Un hecho que puede entenderse como homologable, pero que no termina de fijar doctrina a ojos de los letrados de la Cámara, que insistieron en la potestad de la Mesa para resolver el conflicto.
Una nueva redacción
Las dos prórrogas concedieron al PSOE una baza ganadora para frenar el órdago de Junts y, de paso, subsanar el desaguisado del decreto ómnibus. Los juntaires colocaron su iniciativa sobre la mesa de negociación y los socialistas aceptaron tramitarla siempre y cuando se ciñese a las exigencias de los servicios jurídicos del Congreso y descafeinaran su redacción. Los independentistas accedieron y tras comunicar las entrañas del acuerdo, registraron un nuevo texto que se limita a animar a Sánchez a “considerar la oportunidad” de plantear una cuestión de confianza.
La nueva redacción queda aún más descafeinada al expresar que su propuesta carece de “efectos jurídicos”, sino que se ciñe al valor político. De esta manera, no se obliga a Sánchez a cumplir con ella porque “la cuestión de confianza es una prerrogativa que le confiere la Constitución” al jefe del Ejecutivo de turno. Eso sí, lo que no se modifica es la exposición de motivos, donde los neoconvergentes insisten en que no ven voluntad política en el jefe del Ejecutivo para cumplir con los acuerdos firmados y que, por tanto, “no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de la legislatura”.
