Cuando ayer entraron en las sedes de Método 3 de Madrid y Barcelona, los miembros de la policía judicial se quedaron impresionados. Allí había tanto material que resultaba prácticamente imposible trasladar en poco tiempo el contenido que descubrieron. Tan voluminoso es lo encontrado, por ejemplo en Barcelona, que el juez acabó por decidir que quede en depósito lo hallado en las propias instalaciones de la agencia de detectives.

Sede de Método 3 en Barcelona. Foto EFE



Seguimientos a jueces, empresarios, periodistas..., incluso futbolistas
Según le dicen a ELPLURAL.COM en fuentes cercanas al Ministerio del Interior, en un primer y apresurado recuento, la policía judicial calcula en torno a los 25.000 los dossieres, fichas e informes encontrados en las sedes de Método 3. Una cantidad que aún podría aumentar si se confirma, como alguno de los interrogados por el juez ha dado a entender, existen espacios alquilados en almacenes externos.

En los dossieres, resultado de su trabajo de años, esas mismas fuentes aseguran que se encuentra el resultado de los seguimientos realizados a la práctica totalidad de estamentos sociales españoles. "Hay información sobre políticos, empresarios, jueces, periodistas..., incluso sobre el mundo del fútbol", nos dicen. Informes que, dicen estas fuentes, fueron adquiridos en algunas ocasiones por encima de los 100.000 euros, en algunos casos por los propios investigados, que presuntamente habrían sido en este sentido chantajeados, o por otras personas relacionadas con ellos.

Una operación para implicar a Rubalcaba
Igualmente, ha comenzado a circular el rumor de que, sobre supuestas denuncias realizadas en 2011 y tras las que el Ministerio de Interior no habría actuado contra Método 3, se estaría preparando una estrategia para derivar las responsabilidades sobre este caso contra el actual líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior durante años durante el Gobierno Zapatero. Según esas informaciones, en mayo de 2011 y durante una inspección rutinaria, la agencia habría estado a punto de ser cerrada por 'faltas muy graves' contra la ley de Seguridad Privada.

Con esta denuncia, a la que se añadiría carga política, se buscaría compensar las acusaciones de corrupción que el caso Bárcenas ha traído sobre el PP y el actual Gobierno de Mariano Rajoy.