La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está siendo señalada por ramificar sus tentáculos políticos en instituciones satélites que gravitan en la órbita más conveniente para los intereses de la Puerta del Sol. La “peperización” del Colegio de Arquitectos de Madrid y el momento crítico que padece el Colegio Oficial de Médicos de Madrid acorralan a la baronesa popular y hacen saltar las alarmas en los juzgados.
Primeramente, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid lleva sumergido en una profunda crisis desde que se celebraron sus últimas elecciones en diciembre de 2024. Finalmente, ese aprieto ha acabado derivado en la vía judicial: el Juzgado de instrucción número 5 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia por vía penal contra los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, incluido su presidente, Manuel Martínez-Sellés, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa, castigado con penas de entre 9 y 15 años de inhabilitación.
En los comicios de 2024, el candidato Tomás Merina, un médico y empresario apoyado por el sindicato Amyts, logró hacerse con la victoria con su candidatura Icomem Para Todos, logrando el 47% de los votos, pero su ascenso al poder se vio truncado y, en su lugar, el anterior presidente, Martínez Sellés, se mantuvo durante todo el 2025 en una especie de gobierno de facto.
El tribunal investigará a la Junta Directiva por la resolución que adoptó el pasado 17 de marzo y que supuso el cese de la Junta Electoral del Icomem, un movimiento polémico relacionado con las elecciones colegiales del 17 de diciembre de 2024, en las que Martínez-Sellés y su equipo habían resultado perdedores.
La toma de posesión de Tomás Merina, prevista inicialmente para el 22 de enero, no se llegó a celebrar, porque la Comisión de Recursos del propio colegio había invalidado su candidatura. Este órgano colegial alegó que Merina no cumplía con las condiciones para ser candidato por no estar en ejercicio de la profesión. El presidente recién elegido negó la acusación y llevó el asunto al juzgado de lo contencioso-administrativo, que desestimó las medidas cautelares en un primer momento y ha dejado el conflicto en el aire hasta ahora. Martínez Sellés sigue en el poder mucho tiempo después de vencerse el período en funciones porque los estatutos del colegio no contemplan los pasos a seguir en esta situación por ser absolutamente insólita.
Paralelamente a ese proceso judicial, que certificará si el ganador de las elecciones cumple o no con los requisitos, ahora las dos partes se enfrentan en una nueva cruzada judicial. Tomás Merina expone en el escrito de denuncia que el cese de la Junta Electoral se realizó para “eliminar al órgano que garantizaba la transición democrática” y “mantenerse en el poder tras haber sido derrotados en las urnas”. Además, la denuncia recuerda que ninguna norma habilita a la Junta Directiva, y menos aun estando en funciones, para despojar de sus funciones a la Junta Electoral.
De acuerdo con la denuncia, el cese de la Junta Electoral se enmarca dentro de un proceso de “usurpación del poder” que lleva ya más de un año en marcha en el Colegio de Médicos de Madrid. “La gravedad de esta transformación no puede ser minimizada: supone que la Junta saliente se perpetúa en el poder contra la voluntad de los colegiados, convierte la interinidad en un mandato ilimitado, y elimina al único órgano independiente - la Junta Electoral - llamado a garantizar la pureza del proceso democrático”, señala el escrito.
El cese de la Junta Electoral se produjo “de forma completamente opaca”, según la parte perjudicada. El equipo de Tomás Merina se dirigió en varias ocasiones al órgano encargado de velar por el proceso electoral para pedir amparo ante “el atropello democrático” que estaba ocurriendo en el Icomem. En un momento dado, la Junta Electoral trasladó a Merina que dejaría de atender sus peticiones porque la Junta Directiva le impedía seguir desarrollando sus funciones.
El Icomem no comunicó esa decisión a sus colegiados, y el equipo de Merina solicitó hasta en cinco ocasiones conocer si verdaderamente existía una resolución de la Junta Directiva ordenando el cese de la Junta Electoral. Ante la opacidad de las decisiones de Martínez-Sellés, el equipo de Merina decidió acudir al Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, que finalmente - aunque con meses de retraso - obligó al Icomem a ofrecer la información que había estado ocultando.
La candidatura Icomem Para Todos afirma que existe un acuerdo de la Junta Directiva en el que, brevemente, se expone que como consecuencia del litigio en torno al proceso electoral “se considera necesario dar por concluida la actividad de la Junta Electoral” y se suspende su actividad “hasta que proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial”.
De acuerdo con la denuncia presentada por el doctor Merina, este acto “pervierte la democracia interna del Colegio y anula los derechos de los colegiados”, por lo que supone un “fraude institucional” y encaja en el tipo penal de prevaricación administrativa.
De médicos a arquitectos
En segundo lugar, la conquista del PP ha ahondado en la crisis institucional que sufre el Colegio Oficial de Arquitectos. La Mesa Electoral ha solicitado a la Junta desconvocar el acto y anular así por segunda vez el intento de toma de posesión de Sigfrido Herráez y su equipo. El órgano electoral reprocha al decano en funciones su "empeño" por ocupar el cargo sin aguardar a que el juzgado dicte una resolución firme sobre la elegibilidad de su candidatura.
La Junta de Gobierno actual concluyó oficialmente su mandato el pasado 16 de junio, aunque continúa en funciones por resolución de la Mesa Electoral, que declaró "en funciones a la Junta de Gobierno electa en las elecciones de 2022 hasta el pronunciamiento por sentencia de la condición de elegibles de las candidaturas antedichas en las elecciones de 2025", a la espera de que se resuelva el proceso judicial abierto tras los comicios del 27 de mayo. Ninguna de las dos candidaturas, Todos COAM, liderada por Herráez, y Nexo COAM, recurrió aquella decisión, que quedó firme.
El presidente de la Mesa Electoral ha recordado que, según los estatutos del COAM, corresponde a este órgano formalizar el traspaso de poderes. La Mesa sostiene que la Junta saliente carece de competencias para organizar una toma de posesión en estas circunstancias. El nuevo intento de Herráez y su nueva Junta, según el órgano electoral, se basa en tres argumentos: cuestionar la competencia de la Mesa Electoral para la toma de posesión, apelar al resultado de las urnas y apoyarse en un informe jurídico externo encargado por Herráez. Este documento, según el comunicado de la Mesa, estaría plagado de "falsedades y desconocimiento de los estatutos del COAM, sin ninguna validez y con argumentos contrarios a lo que dicen los tribunales y los órganos colegiales internos".
La controversia se remonta al pasado 5 de mayo, cuando la Mesa Electoral declaró no elegible la candidatura de Todos COAM por considerar que Herráez pretendía presentarse a un tercer mandato, algo que los estatutos no permiten. El decano en funciones recurrió la decisión ante el juzgado, que concedió medidas cautelares permitiendo su participación en las elecciones, aunque sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Desde entonces, varios autos judiciales han confirmado que las medidas cautelares solo validaban la participación en los comicios, pero no habilitan a Herráez para tomar posesión mientras no exista una resolución firme. La Mesa Electoral ha defendido que todos sus actos se han mantenido dentro del marco marcado por los tribunales.
El 27 de mayo, Herráez ganó las elecciones con el respaldo del 53,9% de los colegiados que ejercieron su derecho a voto. Todos COAM obtuvo 1.216 votos, frente a los 1.040 votos de su único opositor, Jesús San Vicente, de Nexo COAM, la otra candidatura que concurría a los comicios. En total, participaron 2.299 arquitectos de los 10.871 colegiados madrileños con derecho a voto. Según el escrutinio, 2.098 arquitectos votaron de forma telemática y 201, presencialmente.
Las acusaciones de San Vicente van más allá de la supuesta ilegalidad que supondría que su oponente se presentara otra vez a los comicios, y es que lo define ante este medio de comunicación como una persona “totalmente politizada y vinculada al PP”.
Es cierto que durante casi 15 años integró gobiernos del Partido Popular en la capital. Basta con echar un vistazo a su currículum para comprobar que desde la década de los 90 hasta 2005 su relación ha sido más que estrecha con la formación que ahora capitanean Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en Comunidad y Ayuntamiento respectivamente.
En concreto, ha ocupado los puestos de concejal del grupo Popular en el Consistorio, Concejal Presidente de las Juntas Municipales de Distrito, concejal del área de Régimen Interior y Personal, concejal de Movilidad Urbana, concejal de Vivienda y Rehabilitación Urbana o Presidente de la Empresa Municipal de Vivienda, entre otros.
