Margarita Robles vuelve a encontrarse en un terreno que conoce bien: una crisis de Estado, los servicios de inteligencia en el centro de la polémica y el Gobierno obligado a explicar qué sabía, cuándo lo sabía y por qué no actuó antes. Esta vez el escenario es Ceuta y la discusión ha terminado enfrentándola públicamente con otro de los ministros más veteranos de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska.

La titular de Defensa ha defendido que el Centro Nacional de Inteligencia sí detectó movimientos y trasladó información antes de la entrada masiva de migrantes. Interior sostiene una versión diferente: Marlaska ha insistido en que no hubo ningún informe que permitiera anticipar una llegada de semejantes dimensiones. También la Delegación del Gobierno en Ceuta ha negado haber recibido una alerta que anunciase lo que acabaría ocurriendo.

El choque ha dejado a Robles en una posición especialmente delicada. Moncloa ha respaldado la versión de Interior y ha deslizado que la ministra quizá no se explicó correctamente. Ella, sin embargo, había sido bastante explícita. Durante su comparecencia en el Congreso defendió el trabajo de los agentes del CNI desplegados en Ceuta, explicó que la inteligencia no consiste únicamente en redactar informes y sostuvo que determinadas señales habían sido compartidas con otros organismos del Estado.

Robles hizo algo más. Pidió disculpas a los ceutíes que se hubieran sentido abandonados y admitió que, si ese sentimiento existía, significaba que alguna cosa no se había hecho bien. Una formulación poco habitual en un Ejecutivo que en las últimas semanas ha tratado de cerrar filas alrededor de su gestión.

La consecuencia ha sido una nueva tormenta alrededor de una ministra acostumbrada a atravesarlas. Porque Ceuta no constituye una excepción en la trayectoria de Margarita Robles dentro de los gobiernos de Sánchez. Más bien añade otro capítulo a una etapa marcada por la pandemia, la evacuación de Afganistán, la invasión rusa de Ucrania, las disputas sobre el envío de armamento, el caso Pegasus, la crisis del CNI y sucesivos enfrentamientos con los socios parlamentarios y de coalición.

Y, pese a todo, Robles continúa ahí.

Una carrera entre la toga y el poder

La biografía de Margarita Robles ayuda a entender por qué su figura siempre ha tenido algo de particular dentro del sanchismo. Cuando Sánchez la incorporó a sus listas en 2016 no fichó a una dirigente formada en las juventudes del partido ni a una política que hubiera recorrido durante décadas las estructuras del PSOE. Recuperó para la primera línea a una magistrada con una larga experiencia en algunos de los espacios más sensibles del Estado.

Robles había ingresado en la carrera judicial como número uno de su promoción. Pasó por juzgados de Balaguer, Sant Feliu de Llobregat y Bilbao y en 1981 se convirtió en la primera mujer en llegar a un órgano judicial colegiado en España al incorporarse a la Audiencia Provincial de Barcelona. Una década después presidió esa misma Audiencia.

Su primera entrada en política llegó mucho antes que Sánchez. En 1993, durante la etapa final de Felipe González, fue nombrada subsecretaria de Justicia y posteriormente secretaria de Estado de Interior con Juan Alberto Belloch. Aquel puesto la colocó en una de las áreas más complejas de un Gobierno cercado entonces por escándalos políticos y por los últimos años de actividad terrorista de ETA. Cuando el PSOE perdió las elecciones de 1996, Robles regresó a la judicatura. Pasó por la Audiencia Nacional, llegó al Tribunal Supremo y fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013.

Su segundo desembarco en política se produjo de la mano de Pedro Sánchez. En las elecciones de 2016 ocupó como independiente el número dos de la candidatura socialista por Madrid. Y no tardó demasiado en demostrar que su condición de independiente no era únicamente administrativa.

Cuando el Comité Federal del PSOE decidió abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy tras la caída de Sánchez como secretario general, Robles formó parte de los 15 diputados socialistas que votaron no, rompiendo la disciplina de voto. Fue una apuesta política importante. Sánchez estaba fuera de la dirección del partido y el PSOE atravesaba una de las mayores fracturas de su historia reciente. Robles se situó entonces junto al sector que se negaba a facilitar un Gobierno del Partido Popular.

Cuando Sánchez recuperó la Secretaría General en 2017, la convirtió en portavoz del Grupo Socialista en el Congreso. Y un año después, tras la moción de censura contra Rajoy, le entregó Defensa. Desde entonces no se ha movido. Y no precisamente porque su silla no haya temblado en más de una ocasión.

De la pandemia a Kabul y Ucrania

Margarita Robles llegó al Ministerio de Defensa en junio de 2018. Más de ocho años después continúa ocupando la misma cartera, una permanencia poco habitual en una etapa durante la que Sánchez ha remodelado varias veces sus gobiernos y ha despedido a algunos de los dirigentes que habían formado parte de su núcleo político original.

Ese tiempo ha convertido además a Defensa en un departamento mucho más presente en la política cotidiana de lo que podía imaginarse al comienzo de su mandato.

La primera gran prueba llegó con la pandemia. Cuando el Gobierno decretó el estado de alarma en marzo de 2020, Defensa activó la Operación Balmis y desplegó a miles de militares por todo el país. Las Fuerzas Armadas participaron en labores de desinfección, levantaron instalaciones sanitarias, transportaron enfermos y fallecidos y colaboraron posteriormente en tareas de rastreo.

Aquella operación ofreció a Robles una visibilidad distinta. La ministra recorrió instalaciones militares, hospitales y centros de coordinación y fue construyendo una imagen pública vinculada a la capacidad de intervención del Ejército en emergencias civiles. La propia Isabel Díaz Ayuso llegó a elogiarla entonces como una “nueva Manuela Malasaña”.

La siguiente escena llegó a miles de kilómetros de España. En agosto de 2021, la rápida caída de Afganistán en manos de los talibanes obligó al Gobierno a organizar una operación contrarreloj para evacuar a ciudadanos españoles y a colaboradores afganos desde el aeropuerto de Kabul. Defensa quedó de nuevo en primera línea. Robles describió entonces una situación “caótica” alrededor del aeropuerto, con miles de personas intentando acceder a unas instalaciones convertidas en la única salida del país.

Y apenas unos meses después llegó una crisis todavía mayor. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 transformó la agenda europea y convirtió el Ministerio de Defensa en uno de los departamentos centrales de la respuesta española. El Gobierno comenzó enviando material humanitario y defensivo, pero terminó suministrando también armamento ofensivo a Kiev.

Robles se convirtió en una de las voces más firmes del Ejecutivo en defensa de esa política. España envió lanzagranadas, munición y posteriormente vehículos y carros de combate Leopard. La ministra defendió reiteradamente que apoyar militarmente a Ucrania no suponía alimentar la guerra sino permitir al país defenderse de la agresión rusa.

Aquella posición abrió además una batalla dentro del primer Gobierno de coalición. Unidas Podemos cuestionó el incremento del gasto militar y el envío de armas. Robles respondió desde el otro extremo del debate y dejó algunos de los enfrentamientos más duros entre ministros de aquella legislatura.

La política exterior volvía así a alimentar una característica que se ha repetido durante buena parte de su etapa en Defensa: Robles acostumbra a defender sus posiciones incluso cuando eso significa discutir públicamente con fuerzas de las que depende el propio Gobierno.

Una cabeza que Sánchez nunca entregó

Si hubo un momento en el que esa forma de actuar pareció acercar a Robles al límite fue la crisis de Pegasus. En la primavera de 2022 se conoció que decenas de dirigentes vinculados al independentismo catalán habían sido espiados mediante el programa Pegasus. Las explicaciones apuntaron directamente hacia el Centro Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio de Defensa.

La crisis afectaba a uno de los pilares de la mayoría parlamentaria de Sánchez. ERC exigió responsabilidades y Unidas Podemos elevó la presión dentro del propio Consejo de Ministros. Desde el espacio morado llegaron a reclamar abiertamente la salida de Robles, a la que consideraban responsable política del CNI. El enfrentamiento llegó a tal nivel que Podemos terminó declarando prácticamente la guerra política a la ministra.

Robles no retrocedió. En el Congreso preguntó qué debía hacer un Estado cuando se vulneraba la Constitución o cuando existían contactos de determinados dirigentes con responsables extranjeros. Su intervención encendió todavía más a los socios parlamentarios.

Después llegó otro golpe inesperado: los teléfonos del propio Pedro Sánchez y de Robles también habían sido infectados con Pegasus.

La entonces directora del CNI, Paz Esteban, terminó siendo destituida. Pero Robles sobrevivió a una crisis en la que se había reclamado reiteradamente su cabeza. Sánchez decidió mantenerla y situó al frente de los servicios de inteligencia a Esperanza Casteleiro, hasta entonces secretaria de Estado de Defensa y una persona de la máxima confianza de la ministra.

El episodio dejó una conclusión difícil de ignorar: cuando Sánchez tuvo que escoger entre desprenderse de Robles o sostenerla frente a las críticas de sus socios, eligió sostenerla. No ha sido la única vez. Robles ha sobrevivido a la salida de ministros que parecían mucho más integrados en el núcleo político de Sánchez. José Luis Ábalos dejó el Gobierno. Carmen Calvo salió de la Vicepresidencia. Iván Redondo abandonó Moncloa. Unidas Podemos salió del Ejecutivo y la coalición fue reconstruida posteriormente con Sumar. Otros ministros cambiaron de responsabilidad o desaparecieron del Consejo de Ministros. La titular de Defensa permaneció en su despacho.

La ministra que incomoda pero nunca cae

Esa continuidad ha convertido a Robles en una de las figuras más singulares del Gobierno. No pertenece al aparato tradicional del PSOE, pero lleva una década políticamente vinculada a Sánchez. No suele participar en la batalla orgánica del partido, pero ha sobrevivido a prácticamente todos los cambios de ciclo del sanchismo. Mantiene una imagen institucional muy asociada a las Fuerzas Armadas y a los servicios de inteligencia y, al mismo tiempo, ha protagonizado algunos de los choques públicos más sonoros con otros sectores de la mayoría progresista.

Esa autonomía puede explicar parte de su fortaleza. Pero también contiene riesgos. Ceuta los ha vuelto a poner sobre la mesa. Esta vez la discrepancia ya no enfrenta a Robles con un socio parlamentario ni con una formación de la coalición. La enfrenta con Marlaska, otro ministro de Sánchez, sobre lo que el Estado conocía antes de una de las mayores crisis migratorias sufridas por la ciudad autónoma.

Robles sostiene que el CNI hizo su trabajo y trasladó información. Interior niega que existiera una alerta que permitiera prever el alcance de la entrada. La Delegación del Gobierno rechaza también haber recibido el aviso en los términos descritos por Defensa. Y Moncloa ha terminado corrigiendo públicamente a la ministra.

El Gobierno intenta ahora reconstruir una imagen de coordinación. Ha declarado la situación de Ceuta de interés para la seguridad nacional y ha colocado a Ángel Víctor Torres al frente de un mando único encargado de ordenar una respuesta en la que participan varios ministerios y administraciones. Mientras Torres recibe el encargo de coordinar la crisis, Robles aparece atrapada en otro de sus frentes: la batalla por las responsabilidades.

La escena resume bien las dos caras de la ministra. Por un lado está la responsable de Defensa que protege públicamente a los servicios que dependen de su departamento y reivindica el trabajo realizado por el CNI. Por otro, la dirigente que, al hacerlo, puede terminar exponiendo las contradicciones de su propio Gobierno. Esa tensión lleva acompañándola buena parte de los últimos ocho años.

La pandemia la colocó al frente de miles de militares desplegados por España. Kabul la obligó a gestionar una evacuación internacional contrarreloj. Ucrania la convirtió en una de las principales defensoras del rearme y de la ayuda militar a Kiev. Pegasus puso en cuestión al CNI, enfrentó al PSOE con sus aliados y provocó la caída de la directora de los servicios secretos. Y ahora Ceuta vuelve a reunir varios elementos conocidos: seguridad nacional, inteligencia, política exterior, gestión de una emergencia y una disputa dentro del Ejecutivo sobre quién tenía la información y qué se hizo con ella.

Robles ha atravesado todas esas crisis sin abandonar Defensa. De hecho, su permanencia ha terminado siendo parte de su personaje político. Pero sobrevivir a una tormenta no significa salir indemne de ella. Tampoco garantiza que la siguiente vaya a resolverse igual.

Ceuta coloca a la ministra en una posición diferente a otras ocasiones. Esta vez no basta con defender al Ejército, responder a los socios o cerrar filas alrededor del CNI. Su relato choca directamente con el de otros integrantes del Gobierno y obliga a Moncloa a decidir qué versión considera válida.

Después de más de ocho años, la ministra de hierro de Sánchez vuelve a estar en medio de una crisis. Quizá esa sea precisamente una de las claves de su longevidad: Robles ha hecho carrera política en lugares donde las decisiones rara vez son cómodas y donde casi nunca existe una salida sin costes. Hasta ahora, Sánchez siempre ha decidido mantenerla. Ceuta comprobará una vez más cuánto resiste ese hierro.

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