La última ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán tiene un objetivo evidente: reducir al mínimo las vías por las que Teherán obtiene divisas, financiación y acceso al comercio internacional. Washington quiere dificultar no solo las exportaciones iraníes de petróleo y otras materias primas, sino también las redes financieras, tecnológicas y logísticas que permiten al país mantener relaciones económicas con el exterior. Pero el alcance de las medidas va más allá de las compañías iraníes. Las sanciones secundarias colocan también bajo presión a empresas de países aliados de Estados Unidos, entre ellas las españolas, que pueden verse obligadas a elegir entre conservar negocios en Irán o evitar problemas con el sistema financiero estadounidense.
La amenaza tiene especial relevancia porque el coste potencial es muy superior al volumen de negocio que España mantiene actualmente con Irán. Tal y como apunta 'El País', los intercambios entre ambos países apenas alcanzaron 245 millones de euros en 2025, frente a los más de 2.500 millones registrados en 2018. La relación comercial se ha reducido hasta convertirse en una parte mínima del comercio exterior español, pero las compañías que todavía operan en el mercado iraní pueden enfrentarse a consecuencias que trascienden con mucho esas ventas: dificultades para operar en dólares, reticencias de los bancos a procesar pagos o incluso restricciones en sus relaciones con Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro estadounidense endureció este lunes su estrategia con el lanzamiento de la denominada Operation Economic Outcast, una campaña destinada a aumentar el aislamiento económico de Irán. La ofensiva incluye sanciones contra 60 personas, empresas y buques y amplía el foco sobre sectores como los activos digitales, el oro, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo. Washington, sin embargo, no llegó a aplicar de forma automática las medidas más severas contra todos los países que continúan comerciando con Teherán.
El verdadero riesgo está en los bancos
Para una empresa española, el problema no consiste únicamente en determinar si puede exportar legalmente una mercancía a Irán. También debe saber qué banco aceptará procesar el pago, en qué moneda podrá cobrar, qué aseguradora estará dispuesta a cubrir la operación y qué intermediarios financieros podrán participar sin exponerse a sanciones estadounidenses.
Ahí reside buena parte de la fuerza de las sanciones secundarias. Estados Unidos puede penalizar a determinadas empresas o instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con actores iraníes sancionados, aunque la transacción se haya realizado fuera de territorio estadounidense. El peso internacional del dólar y de los bancos norteamericanos multiplica la eficacia de esa amenaza.
El Tesoro ya había advertido en mayo de que estaba dispuesto a actuar contra empresas extranjeras que apoyaran determinadas actividades comerciales iraníes y, cuando fuera necesario, imponer sanciones secundarias a instituciones financieras que las facilitaran. Las medidas forman parte de una estrategia destinada a impedir que Teherán pueda generar y repatriar los ingresos procedentes del petróleo, los productos petroquímicos y otras actividades económicas.
Para una compañía con una exposición limitada a Irán, esa ecuación puede resultar difícil de justificar. Una venta de maquinaria, productos farmacéuticos o componentes industriales puede tener un peso reducido en su facturación, mientras que un conflicto con una entidad financiera internacional puede afectar a muchas más operaciones.
Este efecto puede producirse incluso sin que Washington llegue a imponer formalmente una sanción. Los bancos y las grandes compañías internacionales suelen aplicar controles internos más estrictos cuando aumenta el riesgo regulatorio. En la práctica, la amenaza de una sanción puede ser suficiente para bloquear una operación comercial.
El fenómeno es conocido en el sector financiero como overcompliance o sobrecumplimiento: empresas y entidades financieras evitan determinadas operaciones que no están necesariamente prohibidas porque consideran demasiado elevado el coste de comprobar su legalidad o de asumir una posible investigación posterior.
Una ofensiva dirigida sobre todo a China
La posición española resulta todavía más secundaria cuando se compara con la de los principales socios económicos de Irán. China es, con diferencia, el actor más importante para los ingresos petroleros de Teherán y, por tanto, el principal desafío para la estrategia estadounidense.
Las compras chinas de petróleo iraní han continuado pese a años de sanciones. Según estimaciones recogidas por Reuters, los envíos llegaron a alcanzar alrededor de 1,58 millones de barriles diarios a comienzos de este año, aunque cayeron hasta unos 534.000 barriles diarios en agosto, desde 823.000 en julio, después de las nuevas medidas y restricciones estadounidenses. Buena parte de esas compras corresponde a refinerías independientes chinas, mientras que las grandes compañías estatales han evitado en mayor medida el crudo iraní desde el restablecimiento de las sanciones estadounidenses.
La propia actuación del Gobierno estadounidense muestra, sin embargo, los límites de su estrategia. Las nuevas sanciones no incluyeron a los principales bancos chinos, pese al peso que tiene China en el comercio con Teherán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que golpear a grandes entidades financieras del país podría generar consecuencias para el conjunto del sistema financiero internacional.
La diferencia es significativa. Washington intenta aumentar el coste de comerciar con Irán, pero debe calibrar hasta dónde puede llegar cuando el posible sancionado es una gran institución china. Una empresa europea de menor tamaño tiene menos capacidad para asumir ese pulso.
La estrategia norteamericana también ha empezado a dirigirse contra las redes que permiten ocultar el origen del petróleo iraní. Parte del crudo enviado a China ha sido comercializado con documentación que lo presenta como procedente de otros países, como Malasia o Indonesia, y algunas operaciones utilizan sistemas de pago alejados del dólar y redes de intermediarios difíciles de rastrear.
Poco comercio, pero decisiones relevantes para cada empresa
España llega a esta nueva escalada con una relación económica con Irán muy reducida respecto a la que mantenía antes de 2018. La retirada de Donald Trump del acuerdo nuclear aquel año y el restablecimiento de las sanciones estadounidenses aceleraron la salida de numerosas compañías occidentales y dificultaron las relaciones bancarias con el país.
Desde entonces, el comercio español ha quedado concentrado en un número limitado de productos. El impacto agregado de una desaparición total de esos intercambios sería pequeño para la economía española. La decisión puede ser mucho más importante para las empresas concretas que todavía conservan clientes iraníes.
Esa es precisamente la particularidad de las sanciones secundarias: no necesitan que Irán sea un mercado importante para resultar eficaces. Basta con que Estados Unidos represente un mercado, una fuente de financiación o un socio financiero mucho más relevante.
Washington tampoco ha ejecutado todavía todas las amenazas anunciadas. Las medidas de esta semana representan en parte una advertencia para que gobiernos, bancos y empresas reduzcan voluntariamente sus relaciones económicas con Teherán. Reuters señala que la Administración Trump ha evitado por ahora adoptar algunas de las opciones más agresivas, como excluir de forma generalizada del sistema del dólar a entidades de países que continúan comerciando con Irán.
El resultado es una presión difícil de medir únicamente en estadísticas comerciales. Una empresa puede abandonar una operación antes de que exista una prohibición formal; un banco puede negarse a procesar un pago por precaución; y un comprador puede buscar otro proveedor ante la incertidumbre sobre futuras sanciones.
Para España, por tanto, el principal efecto de la ofensiva estadounidense probablemente no será una gran pérdida en términos macroeconómicos. Los 245 millones de euros de comercio bilateral son demasiado pocos para provocar un impacto significativo en el conjunto de la economía. El efecto se concentrará en las compañías que aún consideran rentable mantener presencia en Irán.
Cada una tendrá que hacer sus propios cálculos. Pero la comparación es desigual: conservar una pequeña parte del negocio iraní frente al riesgo de complicar el acceso al dólar, a bancos internacionales o al mercado estadounidense. Esa asimetría es precisamente la que da a las sanciones de Washington una capacidad de presión muy superior al volumen real del comercio que pretenden restringir.
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