Antonio Garamendi continuará siendo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) durante cuatro años más. Las elecciones para liderar la patronal están fijadas en noviembre, pero no será necesario sacar las urnas, como sí sucediera en 2022, pues no se ha presentado ninguna candidatura alternativa a la del empresario vasco. El plazo finalizaba este lunes y, pese a las especulaciones de que Gerardo Cuerva, expresidente de Cepyme, podía dar el paso, finalmente no habrá pugna en el seno de la organización.

Garamendi será ungido por aclamación el 1 de octubre, de la misma manera que en 2018, cuando sustituyó a Juan Rosell. Por aquel entonces, su predecesor no podía presentarse a la reelección, dado que ya había cumplido el máximo de dos legislaturas; sin embargo, el actual jefe de los empresarios disfrutará de un tercer mandato, después de eliminar, en 2023, la limitación temporal que antaño defendía. Así, estará al frente de la CEOE hasta bien entrado el 2030 y acumulará doce años en el cargo.

Viraje político para mantenerse en el poder

No queda ni rastro de aquel Garamendi que alcanzaba acuerdos con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Aquella posición negociadora y tendente a los pactos le costó al vasco la pérdida de muchos apoyos y le empujo al único proceso electoral que se ha enfrentado, allá por 2022, cuando la patronal catalana, Foment del Treball, presentó una candidatura alternativa. Algunas voces le consideraban blando y demasiado cercano al Gobierno progresista, algo intolerable entre múltiples sectores de los empresarios, especialmente los más, y mayoritarios, reaccionarios.

Garamendi consiguió esquivar aquella bala, venciendo con el 83% de los votos a Virginia Guinda; y, desde entonces, su postura ha cambiado notablemente, pasando a la beligerancia directa con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde entonces, ha atacado a los trabajadores que se encuentran de baja laboral, para los que ha pedido el recorte de derechos, en tándem con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; ha pedido vincular los salarios al absentismo; se ha opuesto a las diferentes subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a la reducción de la jornada laboral e, incluso, al aumento de los permisos por fallecimiento.

En lo práctico ha quedado constatado, pero también en lo discursivo. El empresario ha comparado leyes del Gobierno con ordenanzas de Franco, ha deslizado que los jóvenes son vagos y no quieren trabajar, ha apuntado a que los trabajadores utilizan las bajas laborales (ordenadas por médicos) para hacer puentes y un largo etcétera. Así ha conseguido su objetivo: la caterva empresarial está satisfecha y aclama a su nuevo líder, que se llama igual que el anterior, pero que abraza ahora la confrontación directa con los trabajadores.

Y por si alguno todavía quería sacar los pies del tiesto, su dureza también ha quedado patente internamente. Esto lo sabe bien sabe Gerardo Cuerva, a quien arrebató por la mínima la presidencia de las pequeñas y medianas empresas con su candidata, Ángela de Miguel. Así, quedó acallada y sin rango de actuación la única voz crítica. Qué pasará en los próximos cuatro años de dominio se desconoce, pero si las encuestas se cumplen, Garamendi guiará a los empresarios de la mano de un Gobierno nacional de ultraderecha y reaccionario, que ya ha dejado claro que es favorable a recortar todavía más los derechos de los trabajadores.

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