Ángel Víctor Torres vuelve a encontrarse donde tantas veces ha acabado durante los últimos años: en medio de una crisis y con varias administraciones obligadas a entenderse. Esta vez el escenario es Ceuta y la responsabilidad llega directamente de Pedro Sánchez. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática asumirá la dirección del mando único creado por el Gobierno para coordinar la respuesta a una crisis migratoria que ha desbordado a la ciudad autónoma y que, además de su evidente dimensión humanitaria, se ha convertido en un problema político para el Ejecutivo.
La decisión llega después de semanas de críticas sobre la coordinación de la respuesta estatal y tras las peticiones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para centralizar las actuaciones. El nuevo órgano reunirá a representantes del Gobierno central, de Ceuta y de los servicios de inteligencia, mientras Moncloa intenta ordenar una situación en la que se entrecruzan seguridad, atención a menores, política migratoria, relaciones con Marruecos y recuperación económica.
Y Sánchez ha elegido a Torres. No es la primera vez que el expresidente canario recibe un encargo que obliga a sentar alrededor de la misma mesa a instituciones con intereses diferentes. Durante esta legislatura ha presidido las comisiones interministeriales relacionadas con la DANA y con la acogida de menores migrantes y ha desempeñado un papel central en las negociaciones para reformar el sistema de distribución de estos últimos entre comunidades autónomas.
Ceuta es, en ese sentido, menos una excepción en su trayectoria que la continuación de un patrón.
Una presidencia escrita a golpe de emergencia
Cuando Torres llegó a la Presidencia de Canarias en el verano de 2019 difícilmente podía imaginar qué asuntos acabarían definiendo aquella legislatura. Apenas llevaba un mes en el cargo cuando un incendio forestal obligó a evacuar a miles de personas en Gran Canaria y arrasó unas 10.000 hectáreas. Para un presidente todavía poco conocido fuera de los círculos políticos del archipiélago, aquella emergencia se convirtió también en su primera gran exposición pública. Después apenas hubo tregua.
La quiebra del gigante turístico Thomas Cook golpeó a una economía especialmente dependiente del turismo. Llegó después un gran apagón en Tenerife. Y, cuando todavía no había terminado de acomodarse a la Presidencia, Canarias registró en La Gomera uno de los primeros casos de coronavirus detectados en España. La pandemia llevó posteriormente al archipiélago al denominado cero turístico, con aeropuertos prácticamente paralizados y uno de sus principales motores económicos detenido.
A aquella emergencia sanitaria y económica se sumó en 2020 el aumento de las llegadas migratorias a Canarias. Entonces Torres ocupaba una posición muy diferente a la actual: era el presidente autonómico que reclamaba a Madrid más recursos y una mayor implicación del Gobierno central. Llegó a advertir de que las islas estaban desbordadas y defendió que Canarias no podía asumir por sí sola la acogida de todas las personas que llegaban a sus costas.
Esa experiencia resulta especialmente relevante ahora. El ministro encargado de coordinar desde Madrid la respuesta de varias administraciones conoce también la otra parte del conflicto. Sabe lo que significa gobernar un territorio frontera y reclamar solidaridad al resto del Estado porque él mismo lo hizo desde Canarias.
Y todavía faltaba una de las imágenes que marcarían su etapa como presidente. El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma. Durante casi tres meses, la lava destruyó viviendas, carreteras, explotaciones agrícolas y buena parte del paisaje de varios municipios. Torres volvió a convertirse entonces en una presencia habitual en centros de coordinación, comparecencias y reuniones con administraciones. Cuando apenas llevaba dos años como presidente podía enumerar ya incendios, una crisis turística, una pandemia, un fuerte repunte migratorio y una erupción volcánica. Él mismo describió entonces aquella etapa como una acumulación de adversidades difícilmente comparable con otra etapa reciente de Canarias.
La reiteración fue configurando también su personaje político. Torres dejó de ser únicamente el dirigente socialista que había conseguido desalojar a Coalición Canaria del Gobierno después de décadas y empezó a ser identificado con la gestión de emergencias. No necesariamente porque todas quedaran resueltas de manera satisfactoria —las consecuencias económicas, sociales y administrativas de muchas de ellas sobrevivieron durante años—, sino porque su mandato quedó condicionado por la necesidad permanente de reaccionar.
De pedir ayuda a Madrid a coordinarla desde Madrid
Ese recorrido explica parte del papel que desempeña ahora en el Gobierno de Sánchez. Cuando fue nombrado ministro de Política Territorial a finales de 2023, su cometido parecía encajar más con su experiencia institucional que con su historial de emergencias: relaciones con las comunidades autónomas, negociación territorial y coordinación administrativa. Pero ambas vertientes terminaron mezclándose.
La DANA que devastó numerosos municipios valencianos en octubre de 2024 volvió a situarlo en un espacio conocido. Torres asumió la presidencia de la comisión interministerial creada para coordinar la respuesta del Gobierno y participó en las gestiones para movilizar recursos nacionales y europeos. Paralelamente, quedó al frente de otra comisión interministerial especialmente delicada: la destinada a abordar la situación de los menores migrantes no acompañados.
El asunto reunía casi todos los ingredientes que suelen convertir un problema administrativo en uno político: competencias repartidas, comunidades autónomas enfrentadas, recursos limitados y posiciones partidistas difícilmente conciliables. Tras meses de negociación, el Gobierno impulsó en 2025 la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de distribución de menores desde territorios sometidos a una presión extraordinaria, como Canarias, Ceuta o Melilla.
Torres tuvo que negociar entonces con quien había ocupado su puesto en Canarias, Fernando Clavijo, y con otras autonomías. Una escena que resume bastante bien su cambio de posición: el presidente canario que exigía respuestas al Estado había pasado a ser el ministro encargado de encontrarlas y de convencer a otros territorios para participar en ellas.
Ese recorrido ayuda a entender por qué Sánchez vuelve ahora a colocarle al frente de Ceuta. El problema no pertenece a un único ministerio. Afecta a Interior, Migraciones, Infancia, Exteriores, Defensa y Política Territorial, además de a la propia ciudad autónoma. Precisamente ahí se encuentra uno de los rasgos más constantes del trabajo político de Torres: más que dirigir áreas especializadas, suele terminar situado en los puntos en los que varias competencias chocan entre sí.
Las cicatrices de la gestión
Convertir esa sucesión de emergencias en una historia de eficacia sin fisuras, sin embargo, ofrecería una imagen incompleta. Muchas de las crisis que atravesaron su presidencia dejaron problemas que continuaron cuando desaparecieron las cámaras y terminaron las comparecencias diarias. La reconstrucción de La Palma, por ejemplo, no terminó con el apagado del volcán. Recuperar viviendas, carreteras y explotaciones, ordenar urbanísticamente las zonas afectadas o compensar a los damnificados abrió procesos mucho más largos y menos visibles que la propia emergencia.
La inmigración tampoco quedó solucionada durante su mandato en Canarias, como demuestra precisamente que varios años después haya tenido que negociar desde el Gobierno central una reforma del sistema de acogida. Y su intensa exposición durante aquellas crisis tampoco le permitió conservar la Presidencia autonómica. En las elecciones canarias de mayo de 2023, el PSOE volvió a ser la fuerza más votada, con 19 diputados, pero Torres perdió el Gobierno. Coalición Canaria terminó recuperando la Presidencia gracias a un acuerdo con el Partido Popular.
El episodio introduce un matiz importante en cualquier retrato del ministro: administrar emergencias puede construir notoriedad y generar una determinada reputación institucional, pero no inmuniza contra el desgaste político ni garantiza mayorías.
También Ceuta llega cargada de ese riesgo. Torres no asume el mando único en el inicio de la crisis, sino cuando el Gobierno intenta corregir una respuesta cuestionada desde diferentes frentes. Moncloa ha creado la nueva estructura casi un mes después del comienzo de la emergencia y después de que Vivas reclamara una coordinación centralizada.
Por eso el encargo contiene confianza, pero también exposición. Torres recibe nuevamente una tarea para la que su trayectoria ofrece antecedentes claros: coordinar ministerios, negociar con un territorio sometido a presión y explicar decisiones en una situación políticamente sensible. Pero esta vez lo hace representando plenamente al Gobierno de España y con una crisis que ya acumula desgaste.
Ceuta se convierte en un nuevo capítulo de una carrera política que ha avanzado de emergencia en emergencia. Quizá por eso Sánchez ha vuelto a recurrir a él. No porque Torres tenga una fórmula para apagar cualquier incendio, sino porque lleva buena parte de los últimos siete años trabajando dentro de ellos. Ahora tendrá que demostrar si esa experiencia sirve también para una crisis en la que no basta con coordinar la emergencia: hay que gestionar sus consecuencias humanitarias, territoriales y políticas cuando el fuego ya lleva semanas encendido.
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