A través de un comunicado, el sindicato de secretarios judiciales (Sisej) anuncia que asesorará a los ciudadanos para que no paguen las tasas judiciales aprobadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Desde que la nueva Ley entró en vigor la semana pasada, las reacciones en contra se han sucedido porque establece un sistema en el que la justicia deja de ser universal y gratuita: se cobrará lo mismo a un particular que a una empresa y hay disparates como que recurrir una multa de tráfico de 100 euros costará 150.
Una Ley que puede ser inconstitucional
El Sisej afirma que no mantendrá una "actitud pasiva ante una ley que podría ser inconstitucional", por lo que "desde el primer momento recomendamos a los secretarios judiciales que den curso a las demandas presentadas" mediante una argumentación jurídica concreta. Para ello el sindicato facilita un escrito que puede presentarse en los tribunales.
Por otra parte este sindicato mantiene que desde el Ministerio de Justicia se ha explicado que el cobro de las tasas no tendrá efecto retroactivo, lo que supone que no se aplicará a procesos judiciales ya iniciados.
Vulneración del derecho a la igualdad
Cuando las tasas empiecen a cobrarse, fecha que no está clara porque su entrada en vigor ha sido una auténtica chapuza y ni siquiera los formularios están listos, los secretario judiciales piensan dar un paso más: pondrán a disposición de estos funcionarios "una resolución razonada en forma de decreto ante la falta de aportación de la tasa por imposibilidad económica" y por posible vulneración "del derecho a la igualdad y el ejercicio a la tutela judicial efectiva".
