Nuevo enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos. Sin prácticamente tiempo para digerir la crisis interna que ha provocado la reforma laboral, morados y socialistas han vuelto a evidenciar públicamente sus diferencias. En esta ocasión el detonante ha sido la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión, cuyo anteproyecto se ha aprobado este lunes en el Consejo de Ministros, que tiene como objetivo principal derogar la ley 15/97, impulsada bajo el Gobierno de José María Aznar, y de esta manera impedir el establecimiento de nuevos copagos sanitarios y que la gestión directa pública sea la "fórmula preferente" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según ha argumentado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta norma es “muy importante” porque “mejora y amplía los derechos de los ciudadanos”. Por ello, la dirigente socialista ha querido enfatizar que el precepto aprobado incluye la derogación de manera "explícita, expresa y nada tácita" de la Ley 15/1997, que permitía recurrir a fórmulas para la privatización de la sanidad pública. Un asunto nada baladí, ya que su derogación era una línea roja que Unidas Podemos había puesto para apoyar el texto.

No obstante, Darias ha explicado que la nueva ley permitirá otras fórmulas de privatización, siempre que sea de "carácter excepcional" presentando una memoria que "garantice la necesidad de acudir a ellas por motivos sanitarios y económicos".

Podemos anuncia una “batería de enmiendas”

Sin embargo, este matiz no ha convencido a Unidas Podemos porque, según entienden los morados, mantiene "intacta" la normativa del Gobierno de José María Aznar que permitía la "privatización". Por ello, a través de su coportavoz estatal, Pablo Fernández, han anunciado que presentaran una “batería de enmiendas”, cuando entre el anteproyecto de Ley de Equidad en la Cámara Baja.

Una medida con la que confían en que el PSOE "entre en razón" y se avenga a sus postulados. “Es la oportunidad de cerrar la puerta a la concepción de la sanidad como un negocio, como una mercantilización”, ha explicado Fernández, destacando que la intención de Podemos es la de realizar una "modificación profunda" de la normativa impulsada por el Gobierno de Aznar. “Queremos que el dinero público se destine a la sanidad pública, acabar con el concepto mercantilista e ir cerrando esas puertas a la colaboración público privada”, ha sentenciado el portavoz morado.

Darias replica: “Esto es una ley de todo el Gobierno”

Preguntada en rueda de prensa por estas discrepancias, Darias ha afirmado que “es una ley de todo el Gobierno que responde al pacto de coalición” y ha destacado que “el resto de ministerio -es decir, incluidos los de Podemos- han contribuido al texto”. “Cumple con el acuerdo programático: avanzar con la consolidación de derechos de la ciudadanía y en una gestión pública porque pone como predilecta la gestión directa”, ha defendido la titular de la cartera de Sanidad.

Asimismo, Darias ha aprovechado su presencia para lanzar un dardo a sus socios de coalición y censurar las “líneas rojas” de estos: “Hablar de líneas rojas cuando amplía nuevos derechos e impide volver a tiempos pasados es complicado”. “Se apuesta por la gestión directa de los servicios públicos de sanidad, cosa que me parece muy importante”, ha reivindicado.

Restringe nuevos copagos

Con este anteproyecto, además de priorizar la gestión directa pública en el SNS, se restringe la posibilidad de establecer nuevos copagos. El Gobierno ya había eliminado el copago farmacéutico para preceptores del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas bajas, menores con discapacidad y personas con renta por hijo a cargo. Ahora, la nueva norma amplía también las exenciones del copago ortoprotésico para todos estos colectivos.

La nueva norma también modifica la Ley 16/2012, impulsada por la 'popular' Ana Mato, que introdujo los copagos y también dividió en tres la Cartera de Servicios Comunes, estableciendo qué servicios se copagaban y cuáles no. "Ahora las unificamos para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Con esta Ley, se garantiza que de manera homogénea en todo el territorio nacional se recupere la Cartera común", ha explicado Darias.

Por otra parte, se recoge que las personas nacidas en España y residentes en el exterior tengan cobertura sanitaria pública cuando vuelvan a nuestro país de manera temporal, así como la aplicación "homogénea" en todo el territorio nacional de la recuperación de la universalidad aprobada en 2018.

Diversas entidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaban denunciando desde 2018 que, pese al Real Decreto del Gobierno para recuperar la universalidad de la atención sanitaria a todos los no residentes, aún se producían casos de exclusión en algunas comunidades autónomas. Darias ha reconocido que "no existe una aplicación homogénea" en todo el territorio nacional, por lo que esta Ley quiere acabar con esas exclusiones.

Igualmente, la norma incorpora formalmente a los pacientes en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud para "hacer efectiva la participación social" y que estas entidades puedan ejercer una "participación institucional". "Nos parece muy importante la escucha activa y dar entrada a las organizaciones de pacientes", ha destacado.

También se amplía la atención especializada en pacientes con déficit funcional, ya que hasta ahora solo se financiaban los tratamientos que "mejoraban la vida de la gente". Esta situación provocaba dejar fuera a algunos colectivos, como los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ya que su rehabilitación no les permitía avanzar en su enfermedad sino "mantener una calidad de vida mínima".

Por último, se incluye el desarrollo reglamentario del Fondo de Garantía Salarial y la posibilidad de que la red de evaluación de tecnologías sanitarias pueda organizarse en un consorcio para poder participar en proyectos europeos. "Estamos ante una iniciativa de gran calado político que incide y fortalece los principios rectores del SNS. Significa un gran paso para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno", ha remachado la ministra.

Asimismo, en otro orden de asuntos, el Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para digitalización, a través de "la mejora en la eficiencia en el gasto farmacéutico", la renovación de equipos, las "historias clínicas interoperables" y la digitalización de unidades de cuidados intensivos (UCI).