A menos de dos semanas para las elecciones generales, el líder nacional de los populares, Pablo Casado, se bate el cobre en numerosos eventos electorales, y el pasado fin de semana se ha ido a un pequeño pueblo del rural gallego para celebrar una comida-mitin con cerca de un millar de personas. Acompañado por Feijóo, Casado abordó las amenazas del gobierno socialista, además de explicar una vez más su Contrato con España. Un programa de corte liberal, con el que llegó a la presidencia del PP en el XIX Congreso del Partido y que ya entonces fue cuestionado por el pragmático equipo de Sáenz de Santamaría.

Este compromiso se basa en acometer la mayor rebaja fiscal de la democracia española, incluyendo en el paquete la supresión del impuesto de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, así como la reducción de los tributos de Sociedades y del IRPF. De la misma manera que propone la creación de ayudas a familias y empresas, más incentivos para los emprendedores, y el establecimiento de empleo de calidad, además de garantizar las pensiones. Todo ello sin que sea necesario crear nuevas tasas para costearlo.

Sin embargo, tan solo un par de días antes, durante la comparecencia del director general de Política Financiera en la comisión de Hacienda del Parlamento gallego, una vez más el gobierno de Feijóo no fue capaz de dar respuesta a las incógnitas que plantean las propuestas de Casado. La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, afirmó que Galicia recauda en estos momentos 218 millones de euros por el impuesto de Sucesiones, 80 por el de Patrimonio y otros 78 por el de actos jurídicos documentados. Un total 376 millones de euros de ingresos para las arcas gallegas, destinados a los servicios públicos, que Pablo Casado pretende revocar fiscalmente.

A esta pérdida de recursos que puede provocar la propuesta del candidato de los ‘populares’ a la presidencia del Gobierno, la socialista recordó, que hay que añadir que Feijóo ha disparado la deuda de la comunidad autónoma, dado que, según los datos del Banco de España, Galicia incrementó débito en 6.483 millones de euros desde el año 2009. Asimismo la portavoz censuró que este incremento de deuda no se haya traducido en la mejora de la sanidad pública, tal y como habían reclamado los socialistas.

Con las cifras en la mano y las promesas de Casado, Begoña Rodríguez, exigió a Feijóo que explique “como piensa administrar la falta de recursos que puede provocar Pablo Casado, en el caso de obtener el apoyo suficiente de las derechas en las próximas elecciones generales, ya que ni la sanidad, la educación o los servicios sociales son gratuitos”.

Sin embargo, la única respuesta de Feijóo sigue siendo el silencio. Tras el intento fallido de utilizar como pretexto el Real Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros, que permitirá a las entidades locales y a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2018, para pedir autorización para designarlo a la contratación de personal en el sistema sanitario de la Comunidad. El presidente de la Xunta se encontró no solo con la legislación que él mismo aprobó en la Lei 2/2011 de 16 de junio de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera, que limita el uso del superávit a reducir el déficit y el endeudamiento; sino que también la Ley de Presupuestos, del gobierno de Rajoy, expresa en la Disposición Adicional 116 que estos gastos están circunscritos tanto a la reducción de los gastos recurrentes como al incremento de ahorros, y solo contempla como excepción las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

La cuestión es que si con una sanidad gallega, cada vez más precarizada, el presidente gallego ni siquiera ha sido capaz de hacer, tal y como le pidió el portavoz socialista en el Parlamento gallego, Fernández Leiceaga, “una ampliación del presupuesto sanitario de 60 millones anuales, hasta recuperar los 180 millones que le ha recortado”, de donde va a sacar el dinero que supondría la supresión de los impuestos que promete Casado. La respuesta es inmediata. La pérdida de este dinero solo podría ser subsanada con nuevos recortes o más endeudamiento, ya que la recaudación por la mejora de la situación económica no sería suficiente para compensarla.