“Cada nivel de la Administración hace lo que puede”, proclama el que fuera Presidente de los EEUU, George W Bush ante la devastadora situación ocasionada por el paso del huracán Katrina, cuando las administraciones públicas habían debilitado sus capacidades en aplicación del principio proclamado por Ronald Reagan:

“El Estado no es la solución, es el problema”
Argumentación similar llevamos escuchando de boca del Presidente Rajoy y de su Gobierno: “el problema es el excesivo gasto público” y “no podemos gastar más de lo que tenemos”. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Pues sencillamente lo que el Estado recauda, de lo que todos ponemos en común para poder redistribuir la riqueza: el gasto público, en porcentaje de la riqueza nacional. En Francia es del 57%, en España del 43%, la media de los países de la Unión europea alrededor del 50%.

Pero si decidimos que el objetivo político es reducir el gasto público, estamos dejando a las administraciones que “hagan lo que puedan”. Y no lo que deban para una sociedad más justa e igualitaria.

Justo lo que sucedió en Nueva Orleans. Ante un desastre natural, el Estado se mostró incapaz de responder protegiendo vidas y bienes, lo que desembocó en una auténtica catástrofe.

Salvando las distancias, sobre todo porque no estamos ante una catástrofe natural, sino ante una crisis causada por los mismos principios neoconservadores del capitalismo sin control, a la que se le están aplicando los mismos criterios de reducir las capacidades del Estado para amparar a las personas más azotadas y vulnerables, en España estamos asistiendo a un auténtico Katrina Social.
Es bien conocido que la consecuencia más lacerante de la crisis en España es el desempleo, que sigue creciendo a pesar del maquillaje de números (0,7 % empleo menos que en 2013 en cómputo de horas trabajadas-datos EPA) a lo que se une la precariedad laboral consecuencia de la reforma de las condiciones del mercado laboral. Y también es sabido que la situación de mayor riesgo de pobreza es el desempleo (40% de los parados-datos INE), aunque tener trabajo no elimina el riesgo (12%, aunque los datos recientes lo elevan al 15%). De los más de 3 millones de parados que no tienen prestaciones, unos 740.000 tienen cargas familiares, luego niños en hogares sin ingresos.

La caída de las rentas familiares es especialmente aguda en hogares con niños, más si son monoparentales y si son extranjeros. No puede sorprender que la consecuencia de esto sea directamente el aumento de la pobreza infantil a cifras alarmante para un país decente.

Según los últimos datos, son ya 2.700.000 niños en España los que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza. Esta es en sí misma una situación de emergencia nacional. Y lo es porque una sociedad no puede convivir con una situación tan injusta. Los niños que sufren estas consecuencias no hicieron ningún mérito para que les tocara: nacer en un hogar pobre es fruto del azar y, además, no dispone de ninguna capacidad para luchar contra ella ni para reivindicar ningún derecho.

Razones, por tanto, de justicia social, pero también de necesidad de cohesión de la sociedad a las que se añaden también de solidaridad entre generaciones. Además, existen razones de interés estratégico de país: España se juega su futuro, su competitividad con unos niños empobrecidos y sin futuro.

La gestión de esta crisis por el gobierno del PP, lejos de atender esta situación de emergencia que simboliza por concentrarse en ella el presente y el futuro, ha aplicado las teorías de reducir la capacidad del estado. Y además, en la distribución del gasto, las políticas sociales fueron las más castigadas. Con recortes y con cambios estructurales que desvirtúan el concepto del estado de Bienestar basado en derechos de ciudadanía por prestaciones más próximos a la beneficencia que creíamos superada. En calificativo de FOSSA, una “progresiva mercantilización”.

Baste citar unos datos significativos: la radical eliminación de la educación infantil 0-3 años, el incremento de tasas universitarias o la reducción de becas con importante impacto en las oportunidades para los niños y jóvenes con menos recursos. El recorte de más de 13.000 millones en el Sistema Nacional de Salud, o los más de 2.000 millones de € anuales recortados a los servicios sociales (en los PGE 2015, el Estado aportará 3€ por usuario de los servicios sociales). Precisamente, cuando más se necesitan estos servicios, con un incremento de 1,5 millones de usuarios. ¡Pero para las rentas más altas sí hay rebajas fiscales!

A la situación de caída de las rentas familiares por el paro y la precariedad laboral se unen los cambios estructurales que dificultan el acceso y reducen servicios y los recortes aplicados con especial intensidad en las prestaciones sociales, comprobamos cómo la pobreza se dispara en los menores de 18 años y los convierte en los costaleros a palos de la situación. Los que soportan los sacrificios de los que tanto presume el Gobierno en un alarde casi ofensivo de insensibilidad. La única medida que el Gobierno del PP propone es una partida para la maternidad y la infancia de 32 millones, que tocaría, si fuera todo para niños a 0,32 € al mes por niño.

Una de las primeras propuestas del Secretario General del PSOE fue la extensión del subsidio por desempleo a esos 740.000 parados con cargas familiares de 426€ al mes más 100 por hijo a cargo. 1Desde el Grupo Parlamentario Socialista la hemos propuesto como enmienda a los Presupuestos. También incluimos un incremento desde 291 a 600 € anuales la prestación no contributiva de la seguridad social por hijo a cargo para rentas inferiores a 14.000€ año. Y proponemos que se incluya un Plan contra la pobreza infantil de 1.000 millones de € para gestionar con las CCAA. Además pedimos que se recupere el programa educa 3.

Porque el estado debe hacer lo que debe y no “lo que pueda”. Y no solo por obligación moral, sino por mandato constitucional.

María Luisa Carcedo, diputada y secretaria de Bienestar Social del PSOE