La Comisión de Juventud del Congreso de los Diputados debate este miércoles una iniciativa de las Juventudes Socialistas para facilitar el acceso a jóvenes que quieran realizar voluntariado, especialmente a nivel europeo o internacional. La Proposición no de Ley tiene entre sus objetivos “promover la participación de las personas jóvenes en la transformación social” a través de “una plataforma digital desde la web del Ministerio de Juventud” que albergue todas las opciones para llevar a cabo el voluntariado.

Esta propuesta se ha trabajado a raíz de conversaciones con diferentes asociaciones, tales como Talento para el futuro, Equipo Europa o el Consejo de la Juventud.

Víctor Camino, diputado y líder de las Juventudes Socialistas, ha defendido la importancia de fomentar “la impresionante actitud solidaria que la juventud demuestra en cada catástrofe” por medio de herramientas digitales que ordenen las ofertas de voluntariado para facilitar el acceso y las conecten a las personas interesadas.

De la misma forma, Camino ha insistido en “promover más campañas de información para educar en europeísmo e internacionalismo a jóvenes” y, por otra parte, “priorizar las necesidades de las entidades para que la labor sea efectiva”.

La propuesta se votará este miércoles en el Congreso de los Diputados y busca frenar la reducción del voluntariado entre la franja de edad de los 14 a los 24 años, representando un 7% del total, según datos de la Plataforma del Voluntariado de España. Esta iniciativa pretende desarrollar reglamentariamente la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, contando con el enfoque joven y con la participación de las entidades del tercer sector.

Dicha ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado realizadas a través de entidades de voluntariado, dentro y fuera del territorio del Estado y de acuerdo con los valores y principios del voluntariado; fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones con las entidades de voluntariado y con las personas destinatarias de las actuaciones de voluntariado; describir la cooperación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, pueden llevar a cabo las Administraciones públicas, dentro del marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía en materia de voluntariado; y determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias en materia de voluntariado.

De esta forma, la ley apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que combina, con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspiración a la transformación de la sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.

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