El grupo parlamentario de Junts ha planteado en el Congreso un cambio legal para plantear la utilización del catalán y las demás lenguas cooficiales en los órganos judiciales con jurisdicción en todo el Estado, como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. En concreto, se trata de una enmienda registrada al proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa en la que se añade un artículo nuevo para garantizar que "todas las personas, físicas y jurídicas tienen el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en los órganos judiciales que tengan jurisdicción en todo el Estado".
Conforme a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, se consideran órganos judiciales que tengan jurisdicción en todo el Estado el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo y de Vigilancia Penitenciaria, así como el Juzgado Central de Menores.
En su justificación, Junts alega que la Audiencia Nacional es un órgano especializado por razón de la materia, que opera como extensión del juez natural del lugar de ejecución del hecho, y en consecuencia entienden que, "para dotar de eficacia plena al derecho de defensa personal", ha de facilitarse el uso de las lenguas cooficiales en el territorio. A juicio de los neoconvergentes, hay que "atender a la incidencia que la condición de hablante de una lengua cooficial tiene en el desenvolvimiento del juicio penal, en el desarrollo de la prueba, en especial en el interrogatorio del acusado y en el derecho a la última palabra".
En el juicio del procés, que tuvo lugar en el Tribunal Supremo, las defensas de los acusados pidieron intervenir en catalán con traducción simultánea en los interrogatorios, pero el tribunal que presidía Manuel Marchena sólo permitió la traducción consecutiva.
Derecho a un intérprete
En otra enmienda, Junts también quiere asegurar el derecho a intérprete o traductor de lenguas cooficiales en los juicios: "El jurado o el tribunal pondrá a disposición de la persona física o jurídica (ya sean las partes, sus representantes y los que los dirijan, así como los testigos y peritos) intérpretes y/o traductores", recoge el texto registrado.
Para los independentistas catalanes, "es necesario poner énfasis en el derecho de utilizar la lengua con la que es más cómodo y fácil defenderse, delante de cualquier tribunal", aunque admite que "siempre estaría sujeto al criterio del tribunal o el juez competente del asunto".
Acuerdo para la ley de amnistía
El pasado miércoles, PSOE, Junts y ERC oficializaron el acuerdo para tramitar la ley de amnistía, poco más de un mes después de que Junts la tumbara en la votación. Finalmente, tal y como avanzaba este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las posturas entre las partes se acercaron después de que los socialistas se abriesen a aplicar ciertos cambios a la redacción anterior.
"Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo, mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales", informaron los firmantes en un comunicado.
Ya en la mañana del miércoles, Sánchez anunciaba que el acuerdo estaba al caer. En concreto, Sánchez precisó que la medida de gracia saldría adelante con algunos retoques para ofrecer "más garantías" a todos los independentistas y en particular al expresidente de la Generalitat y cabeza visible neoconvergente, Carles Puigdemont.
Así, el texto dará cobertura a todas las acciones vinculadas con el procés y a todos los implicados en él. En concreto, la cobertura de la proposición de ley se remonta hasta el 1 de noviembre de 2011. En el texto anterior esa frontera se situaba en el 1 de enero de 2012.
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