El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont, poco después de que su partido haya tumbado la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, votando en contra como PP y Vox, ha reaccionado. Así, el dirigente catalán ha pedido una ley de amnistía más sólida y sin fisuras para frenar la "pulsión patriotera" de jueces y fiscales.

"Es lo que hemos intentado todas estas semanas, hasta el final; nadie podrá decir que no hemos tenido voluntad de llegar a un acuerdo. Pero no lo hemos conseguido", ha destacado en un mensaje publicado en 'X', después de que Junts haya votado en contra de la propuesta de la tramitación de la ley de amnistía. Según Puigdemont, ahora disponen de unos días para "rehacer el consenso inicial" para lograr una amnistía que incluya a todo el mundo, compromiso del que no se moverán, ha avisado.

"No podíamos dar nuestro apoyo a un proyecto de ley que tiene importantes carencias que no se han querido corregir; de contar con nuestro voto favorable habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones. Un compromiso que acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez", ha apuntado en un largo mensaje difundido en redes.

"De entrada quiero que quede claro que valoramos los esfuerzos realizados por el PSOE y Sumar en defender una ley de amnistía en un contexto hostil, de violencia verbal y en ocasiones física; en un clima enrarecido y excitado por los perdedores de la investidura, con formas de que si las hubiesen adoptado ciudadanos catalanes (o vascos) les habrían llevado ante la justicia con acusaciones delirantes", ha preseguido, añadiendo que "La ley habría sido muy útil en un contexto de normalidad democrática, en un país de justicia imparcial".

A continuación, ha querido exponer las razones del rechazo de Junts: "Lo que hoy debía votarse tras el rechazo a nuestras enmiendas no era la ley de amnistía que nos llevó a votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez. No era la amnistía que debía expulsar el factor represión que enrarece la conversación política entre España y Catalunya. Era una condición indispensable para trabajar". Y ha vuelto con el señalamiento a los jueces: "No tengo ninguna confianza en un sistema judicial que permite esa vulneración de derechos fundamentales, reiterada durante más de seis años, cada día, a prácticamente cada acto y decisión que nos concierne, con una impunidad absoluta. Hay jueces que instruyen nuestras causas que han participado en actos públicos para blasmar la ley de amnistía, y no pueden ser recusados. Hay jueces que deciden investigarme por terrorismo justo el día en que teníamos que hacer público el acuerdo con el PSOE, después de cuatro años de pasividad, y nadie del Poder Judicial se inmuta. Hay jueces que reabren casos archivados con delirantes tramas que solo viven en los informes de la policía patriótica, justo el día antes de que el Congreso de los Diputados trate la ley de amnistía. Y que conceden entrevistas a medios para contar detalles del sumario que instruyen. Pero tampoco nadie parece inquietarse por esta concatenación de coincidencias, que enrojece a los profesionales del derecho europeo a los que se lo he explicado".

"Tenemos unos días de rehacer el consenso inicial, del que no dudo, de que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en los que se ha convertido -para los catalanes independentistas- la judicatura española. Veremos si somos capaces. Pero nosotros no nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo", ha zanjado.


Este martes, la Cámara Baja ha rechazado un texto que amnistiaba los actos determinantes de “responsabilidad penal, administrativa o contable” ejecutados en el contexto del proceso independentista catalán -incluidos 9-N y 1-O-, su preparación y consecuencias, “siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023”.

Pese a ello, para los de Junts el alcance del texto inicialmente acordado con el PSOE era insuficiente porque no incluía el paquete de enmiendas parciales con las que pretendía que se perdonaran todos los delitos de terrorismo, sin excepciones, y los delitos de traición, contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.