Sibucu 360 vendió mascarillas a diferentes administraciones públicas durante los primeros meses de pandemia: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, los ayuntamientos de Sevilla, Huelva o Zamora o las diputaciones de Cuenca fueron algunas de las destinatarias.
También el Consistorio de Madrid. De hecho, la firma fue la primera en hacer negocio con el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, el 20 de marzo de 2020. En aquel momento, el primer edil madrileño pagó 408.375 euros (IVA incluido) por 125.000 mascarillas quirúrgicas y 100.000 mascarillas FFP2, según pudo comprobar Público.
A pesar del extenso abanico de territorios sobre el que se movió la empresa, esta defiende en declaraciones a ElPlural.com que los lotes con material defectuoso no afectaron a ninguna administración pública: "Afectó únicamente a EPIs entregados a distribución y consumo (no a administraciones públicas), es decir, a puntos de distribución en los que el etiquetado incorrecto podría generar confusión al consumidor final".
Aviso del Sergas el 18 de mayo
El Servicio Galego de Saúde (Sergas) alertó en mayo del primer año de pandemia de que la firma había distribuido tapabocas con sello falso y envió cartas advirtiendo a los clientes de Sibucu de que debían certificar el material o devolverlo. La compañía habla de “fraude” por parte del laboratorio italiano ENTE Certificazione Macchine SRL, incapacitado para certificar mascarillas FFP2.
Desde la Xunta -concretamente fuentes del Sergas- contaban por aquel entonces al medio mencionado que “tras revisar los pedidos ninguno de los modelos adquiridos está afectado por las alertas” algo que, cuanto menos, llama la atención si se tiene en cuenta que el Servicio Galego tramitó cuatro expedientes y que el Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) alertó de que eran justo cuatro los lotes que se correspondían con sellos ilegales, mientras emplazaba a los clientes a devolver el material o certificar su destrucción.
La Xunta siguió distribuyendo el material
Con todo, la Xunta siguió distribuyendo material e hizo público que Moonoff -emparentada con Sibucu- había donado al Sergas otras 100.000 unidades, así como que el gobierno de Feijóo tenía pensado repartir entre los ayuntamientos y el personal sanitario.
También hay que tener en cuenta que, durante los primeros meses de emergencia sanitaria, entre los días 25 de marzo y 26 de junio, el Sergas compró a Sibucu 2,3 millones de mascarillas -dos millones de ellas de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- mediante cuatro expedientes tramitados por el procedimiento de emergencia.
Culpa al laboratorio italiano
Sibucu mantiene a ElPlural.com que la compañía "en seguida comunicó la incidencia a los clientes afectados y se notificó en el RAPEX -sistema de alerta rápida para productos no alimentarios de la Unión Europea- para poder recuperar esas unidades".
Asimismo, la empresa echa balones fuera ante una posible responsabilidad sobre los lotes afectados, acentuando que existen por su parte "diferentes acciones legales contra el laboratorio": "Hemos de recordar que el importador es el responsable final del producto".
El Gobierno gallego llegó a sancionar por la alerta a Sibucu 360 con 10.500 euros, cantidad que luego fue reducida a solo 600. La compañía corrige que la sanción no fue a parar a ellos, sino al laboratorio del país mediterráneo, y justifica la notoria reducción: "Tras conocer la incidencia explicada, la alerta lleva aparejada un expediente sancionador en el que las sanciones van de muy graves a leves. En este caso, al tratarse de un error de marcado y actuar la empresa de forma proactiva en la retirada del producto del mercado para evitar confusiones, fue considerada falta leve".
El BNG tiene dudas
En otro orden de cosas, el BNG no oculta sus dudas sobre el suministro de mascarillas por parte de Sibucu 360 a la Xunta. El partido nacionalista llevará a cabo una comisión de investigación contra la autonomía gallega por posibles irregularidades en el suministro de mascarillas durante el Covid. Dentro de ella hace alusión al contrato de una empresa “sin relación con el sector sanitario vinculada con la sociedad Moonoff y el empresario José Ramón García, ex CEO de Blusens, y que, con cuatro trabajadores, pasó de facturar 765.000 euros en 2019 a más de 31 millones de euros en 2020, multiplicando por diez sus beneficios en tan solo un año”.
La prensa gallega vinculaba la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff -de José Ramón García, conocido de Feijóo- y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia. "Moonoff es una parte de Sibucu, está por debajo. José Ramón entró en su momento en Moonoff y salió", explican a este medio desde la compañía. La prensa gallega, por su parte, vinculaba al comienzo de la pandemia la llegada de mascarillas a Galicia con Moonoff y con la labor comercial de las empresas del grupo en Asia.
El partido nacionalista pide transparencia en la compra de mascarillas de la Xunta
El partido nacionalista pedirá explicaciones al gobierno autonómico durante las próximas semanas, cuando se constituya el nuevo Parlamento. Así lo ha anunciado su viceportavoz Luis Bará, quien asegura que la contratación de mascarillas por parte de la administración autonómica bajo el mano del ahora líder nacional del PP acumula “muchas sombras”, desde los contratos de emergencia hasta el “incumplimiento sistemático de la ley de contratos”, refiriéndose directamente a la falta de transparencia y el fraccionamiento de contratos “para adjudicarlos discrecionalmente como práctica normalizada”.
Para tratar de esclarecer todas las cuestiones, el BNG pedirá “la documentación relativa a todos los expedientes de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia” y solicitará “una auditoría externa e independiente”. El partido ya pidió algo parecido en 2022, pero sin éxito. Ahora, el dirigente añade que la formación conservadora intenta negar “la auditoría sirviéndose de un informe del Consell de Contas” que, sin embargo, lo único que hace, advierte, es mostrar “la opacidad administrativa y la falta de información por parte de la Xunta sobre estas contrataciones”.
En concreto, el viceportavoz habla de contratos que “por norma general” se realizaban de manera verbal y sin la “publicidad oportuna”. De hecho, el mismo Consell de Contas reconoce en su informe de julio de 2023 el “incumplimiento generalizado” de la legislación vigente en materia de contratos para adquirir material sanitario.
Más de 4.000% de ganancias
En lo que respecta a Sibucu, esta obtuvo un 4.000% de ganancias en el primer año del Covid. Haciendo alusión a otras cifras, la compañía cerró aquel curso con una facturación de más de 31 millones de euros cuando la cifra de negocio en 2019 había sido de menos de 765.000 euros.
Más números que dan buena cuenta de lo fructífero que fue 2020 en materia económica para la compañía es que multiplicó por diez sus beneficios, pasando de un resultado de 344.000 euros a otro de 3,2 millones en tan solo un año. En ese mismo espacio de tiempo, el resultado de explotación se disparó hasta los 4 millones de euros y su patrimonio neto se situó en los 1,5 millones; de manera que los socios acordaron repartir cerca de dos millones en dividendos, lo que multiplicaba por tres su facturación.
Bará ahonda en los amplios beneficios que obtuvo la firma y que varían en función de la fuente regional de la que proceda el dato. El político señala la falta de coincidencia en los “desgloses de los tipos de máscaras” y que, además, una parte de ellas -las de tipo FP2 modelo KN95, “estuvo afectada por una alerta de la propia Xunta a través de Instituto Galego de Consumo (IGC)”.
Feijóo y Ayuso repitieron con la empresa
Tanto la Xunta de Galicia como la Comunidad de Madrid adquirieron mascarillas a esta empresa después de que el año anterior se detectaran los lotes defectuosos.
La administración gallega recurrió a la firma en junio de 2021 después de haber adquirido 2,3 millones -2 millones de tipo quirúrgico y 300.000 de tipo FFP2- por un importe de 1.945.000 euros, entre marzo y junio de 2020. En el 2021, por su parte, fueron 90.650 unidades las que se adquirieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de Galicia.
Por su parte, la Comunidad de Madrid empleó previamente -el 10 de agosto de 2020- medio millón de euros para comprar mascarillas quirúrgicas para el Hospital Universitario La Paz, cuyo contrato se puede leer en ElPlural.com. Entre esta compra y otra destinada para el Hospital Ramón y Cajal, la administración de Ayuso desembolsó 2.432.630 euros en la mencionada empresa.
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