El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado en su reunión de este jueves aceptar la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado. Este nombramiento había levantado ampollas en las últimas fechas por la condición de exministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.
Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces ha aceptado que Delgado sea la nueva máxima responsable del Ministerio Público, ya que es “una jurista de reconocido prestigio” y tiene “más de 15 años de ejercicio efectivo de profesión”, condiciones sine qua non para ostentar su nuevo cargo.
Esta decisión ha provocado cierto escepticismo en las últimas fechas. Incluso ciertos vocales del CGPJ adelantaron que votarían en contra de las aspiraciones de la exdiputada del PSOE. Fuentes del órgano defendían que era un nombramiento poco “idóneo” y que transmitía un mensaje contrario a la separación de poderes en la que se rige la democracia española.
A nivel político también ha sido muy criticado este nombramiento. La extrema derecha española fue la primera que mostró su animadversión, animando a sus homólogos a unirse en sus aspiraciones de encarcelar e inhabilitar a Sánchez y Delgado por tráfico de influencias. También PP y Ciudadanos han hablado de “politización” de la Justicia, pidiendo un cambio en la forma de nombrar a los jueces e instando a que se haga de forma independiente y sin previo paso por las Cortes.
Apoyo del Gobierno
Horas después de que se conociera que Pedro Sánchez optaría por Juan Carlos Campo como nuevo ministro de Justicia, el Ejecutivo informó de que el futuro de Dolores Delgado pasaría por ponerse al frente de la Fiscalía.
Moncloa avalaba esta propuesta recordando la prolífica carrera judicial de su exministra, experta en lucha contra el terrorismo, otrora fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta el año 1993 y miembro de la Audiencia Nacional.
También Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el nuevo Gobierno, defendió a la nueva Fiscal General del Estado apuntando que era de sobra conocido que los jueces españoles pecan de conservadores. Estas palabras le valieron la réplica del CGPJ, que le pidió “moderación, prudencia y mesura”.
