La política es algo inescrutable. Vox arrancaba 2022 como tercera fuerza parlamentaria, logrando hacer calar su discurso del odio, marcando la agenda del Partido Popular y pugnando directamente con los populares por el liderazgo de la derecha. Sin embargo, haciendo buena la frase de que lo difícil no es llegar a la cima sino permanecer en ella, en menos de un año la formación ultraderechista ha sufrido un bajón histórico y no ha parado de acumular reveses, llegando a noviembre en su momento más bajo de popularidad desde que allá por finales de 2018 irrumpieran en el tablero de la política española para fagocitarla.

Un declive que se evidenció durante Viva22, un evento que Vox celebró durante el fin de semana del 8 y el 9 de octubre y en el que los de Abascal tenían puestas muchas expectativas, puesto que confiaban en que el cónclave fuera una suerte de punto de inflexión en las aspiraciones electorales de la extrema derecha. No obstante, tal y como informó en su momento ElPlural.com, la formación ultra no consiguió reunir ni a un 10% de aforo, quedándose bastante lejos de reunir a los 30.000 fieles que se habían propuesto.

Una decadencia en la que mucho ha tenido que ver la abrupta salida de Macarena Olona, otrora secretaria general de Vox y candidata de los ultras por Andalucía. Desde entonces, y nuevamente tal y como viene informando este medio, los ataques cruzados entre ambos bandos no se han parado de producir, con Abascal y cía difundiendo pública y privadamente todo tipo de datos y acusaciones para desacreditar a Olona, y ésta denunciando amenazas y amagando con destapar el tarro de las esencias.

“Hay riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de Vox”

Una guerra de guerrillas que la semana pasada se recrudecía, después de que Olona asegurara que Vox podría ser “ilegalizado” debido a su falta de democracia interna -recientemente Salvados (laSexta) dedicó un programa entero a tratar este asunto-. “Hay riesgo de que se ponga en marcha el proceso de ilegalización de Vox”, subrayó la flamante presidenta de la Fundación Libertad Iberoamericana en una entrevista concedida el pasado martes a El Programa de Ana Rosa (Telecinco), en la que aseguró que el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado podrían activar este “botón” [el de la ilegalización] “por razones políticas”, debido a la cercanía de las elecciones municipales (se celebrarán en mayo) y las generales (sin fecha prevista, aunque previsiblemente serán en diciembre, salvo adelanto electoral).

“Ahora hay un nuevo riesgo desde el momento en que, con ocasión de mi salida, empiezan a aflorar voces que han estado vinculadas al partido y que denuncian falta de democracia interna”, apostilló Olona en la mencionada entrevista, afirmando que si Vox “deja de ser alternativa” ella estará “a disposición de los españoles para dar un paso al frente y levantar banderas que son necesarias para España”.

“La ilegalización de un partido político no sólo puede producirse por cuestiones de fondo, también puede producirse cuando un partido político deja de actuar de manera democrática”, añadió, dejando en el aire la posibilidad de que Vox pudiera estar funcionando “de manera contraria al artículo 6 de la Constitución”, que señala que “la estructura interna y funcionamiento” de cualquier partido político “deberá ser democrático”.

Por todo ello, ElPlural.com se ha puesto en contacto con una serie de politólogos, sociólogos y juristas para conocer las posibilidades reales de que finalmente la formación ultraderechista acabe ilegalizada, y qué impacto podría tener eso en las aspiraciones electorales de Olona.

“No pasará, no ha pasado nunca y no pasará nunca”

“No pasará”. Así de rotundo se muestra Ernesto M Pascual, profesor de los estudios de Ciencia Política y Derecho de la UOC, autor precisamente de una tesis sobre la democracia interna en los partidos políticos. “No ha pasado nunca y no pasará nunca”, añade el experto, que tilda de “tremenda chorrada” las amenazas de Olona y apunta que lo único que busca es “visibilidad en los medios de comunicación”.

En este sentido, Pascual asegura que el artículo 6 de la Constitución únicamente es una “declaración formal” y que no hay “ningún partido político” que haya sido ilegalizado por este tema. “¿Qué es la democracia interna?”, se pregunta. “La democracia interna viene del deseo de los propios partidos”, responde, subrayando que el fin de todas las formaciones es “auto conservarse”.

Asimismo, señala que “en el mejor de los sueños de Olona” [poniéndose en un caso hipotético en el que Vox se ilegaliza], ésta pasaría a “ocupar el espacio electoral” de la formación ultraderechista, pero insiste en que “no va a pasar”. De esta manera, según Pascual, el escenario más probable es que los dos bandos acaben coexistiendo, lo que “debilitaría el espectro electoral” en el que se mueven ambos y “reduciría las posibilidades de ganar escaños”.

Por todo ello, Pascual remata en que con esta maniobra Olona busca sociológicamente “rascar” de la “base electoral de Vox”, que es “su base” también, presentándose como una “representante más íntegra” y “más radical”.

“Vox es probablemente el partido con menos debate y democracia interna”

“Está claro que los tiempos invitan a una apertura de los partidos, a más primarias y a más anchura de los selectorados (quienes votan y determinan direcciones políticas), pero todavía muchos partidos se caracterizan por falta de opacidad interna o por procesos cuyos resultados están cerrados previamente”, afirma al respecto Daniel Vicente Guisado, autor de ‘Hijos de la misma rabia’. “Un dictador puede ser elegido por su guardia pretoriana y decir que ha sido elegido vía proceso democrático”, añade el politólogo.

Además, Guisado, en la misma línea que Pascual, recuerda que efectivamente en la Carta Magna se determina que el “funcionamiento interno” de una formación política “ha de ser democrática”, pero que “siempre hay subterfugios para escapar de esa formalidad”. “Es un debate complejo, aunque claramente Vox es probablemente el partido con menos debate y democracia interna”, remata.