El Gobierno ha cometido tres errores en relación a la huelga semisalvaje de transportistas: uno, vincular a los huelguistas con la extrema derecha; dos, proclamar a los cuatro vientos que no se sentaría con la Plataforma de Transportistas que ha convocado la protesta; y tres, subestimar la indignación que cunde en el sector y, en consecuencia, la capacidad de movilización de la entidad convocante por el mero hecho de ser minoritaria en el sector. Mientras que este tercer error es un gaje del arriesgado oficio, propio de los políticos, consistente en escrutar el presente y prever el futuro, los dos primeros errores tienen en común que ambos eran innecesarios. 

Si el Gobierno tenía indicios de la participación de Vox en la convocatoria, habría sido más inteligente por su parte filtrar tales indicios a la prensa para que ésta los investigara y, en su caso, los diera a conocer y los denunciara; y si el Gobierno tenía desde el principio descartado reunirse con los huelguistas, nunca debió haberlo explicitado, pues al hacerlo gastaba un valioso cartucho: perfectamente podría no haberse reunido pero no decir ‘no me reuniré’; al decirlo se dejaba a sí mismo sin margen para cambiar de opinión, ya que reunirse habiendo dicho que no lo haría sería signo inequívoco de debilidad.

Huelgas y huegas

Y si tres han sido los errores, dos son las paradojas de esta huelga. La primera, que, si en vez de estar provocada por los transportistas, la crisis de abastecimiento estuviera causada por airados jornaleros con capacidad para interrumpir cosechas, paralizar mataderos o impedir la carga de leche, trigo o pescado, las derechas, con Vox a la cabeza, habrían puesto el grito en el cielo. La otra cara de esta primera paradoja es, obviamente, que en tal caso las izquierdas habrían interpretado el desabastecimiento de modo muy distinto a como lo están haciendo.

El debate político y social sobre la protestas de los transportistas se mantiene, pues, dentro de pautas bien conocidas y que podrían resumirse así: dime a qué partido perjudica una huelga y te diré lo que opino de ella. Se constata así que políticos, pero también ciudadanos de a pie, tendrían muchos problemas para juzgar determinados conflictos o situaciones si no conocieran de antemano quién los promueve o a qué partido pertenece el Gobierno al que perjudican.

Mientras los partidos de izquierdas y los sindicatos se muestran críticos con la protesta esgrimiendo argumentos tan peregrinos como que es un cierre patronal y no una huelga –como si un tipo que se gana la vida con su camión no fuera tan trabajador y tan pringado como cualquier asalariado por cuenta ajena–, las derechas ven con simpatía el paro y los piquetes de los transportistas porque quienes están detrás no son los sindicatos de clase, sino una patronal de transportistas.

Si se tratara de una huelga del metro de Madrid, en cuyo caso el gran damnificado sería un Gobierno del PP, esas mismas derechas estarían clamando para meter en cintura de los trabajadores que no respetan el sagrado derecho constitucional a la movilidad. Baste recordar lo que decía Isabel Díaz Ayuso el 26 noviembre 2019 a propósito de la huelga “inconcebible e intolerable” de maquinistas de Metro y de la Empresa Municipal de Transportes, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en la capital: sindicatos y huelguistas, dijo, “buscan algún tipo de beneficio a través del secuestro de los servicios públicos; lo que hacen con estas pretensiones es sobre todo ser desleales con el pueblo de Madrid”.

La segunda gran paradoja de una protesta de tanto impacto como ésta se formula así: si la huelga de un determinado colectivo profesional hunde la economía de un país, ¿la culpa es toda del Gobierno? ¿Dónde está la raya que los huelguistas no tienen derecho a cruzar so pena de arruinar a miles de autónomos no menos víctimas que ellos de la inflación energética? ¿Dónde la raya del Gobierno para no hipotecar las cuentas públicas ni sentar un precedente suicida concediendo a los huelguistas beneficios fiscales que otros colectivos reclamarán con no menos derecho y legitimidad en el futuro, como ya han anunciado que harán, por ejemplo, los industriales andaluces del mármol?

Argumento 'ad hóminem socialistus'

“Ser andalucista es defender a los autónomos, a los transportistas y a los pescadores que tienen su flota amarrada”, decía ayer, algo campanudo, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, a propósito de una huelga cuyas pérdidas en la comunidad su compañera de Gabinete Rocío Blanco ha cifrado en mil millones de euros, fundamentalmente en la industria agroalimentaria y metalúrgica.

¿Ser andalucista no es también defender a las tiendas de barrio, a los supermercados, a las fábricas de componentes automovilísticos o a los pequeños ganaderos que están con el agua al cuello por el desabastecimiento deliberadamente provocado por los huelguistas?

El consejero no podía seguir nombrando colectivos andaluces damnificados porque antes o después habría acabado señalando a aquellos cuyos negocios está arruinando la huelga. Al igual que su andalucismo, el argumento de Bendodo es un argumento ad hoc, se diría que casi ad hóminem: en concreto, y dicho en latín macarrónico, un argumento ad hóminem socialistus.