El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado este martes dos acuerdos en materia de vivienda para continuar la ampliación del parque público de vivienda.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha destacado que “las políticas públicas y el esfuerzo inversor que está liderando el Gobierno están dando resultados: en el primer trimestre del año 2026 hemos conseguido el mejor dato de licitación de vivienda pública desde 2008”.
Las licitaciones de vivienda pública en este primer trimestre han ascendido a 465 millones, lo que supone el mejor dato de la actual serie histórica y un incremento de un 44,12% con respecto al mismo período del año anterior.
Inyección de 260 millones de euros
Isabel Rodríguez ha subrayado que “CASA 47 es el instrumento que será al derecho a la vivienda lo que las escuelas y las universidades públicas lo son a la educación o los hospitales y los centros de salud al derecho a la sanidad”. “El instrumento que consolida y que concentra el cambio de paradigma que las políticas públicas de vivienda están experimentando en nuestro país por el impulso de este Gobierno”, ha defendido.
Y para “dar respuesta a esa prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda” a través de CASA 47, el Consejo de Ministros ha autorizado la transferencia a la entidad de 260 millones de euros. Con esta nueva inyección, que ya es la cuarta en este sentido, los recursos traspasados a la Entidad Estatal de Vivienda para promover vivienda asequible alcanzan los 2.080 millones de euros.
Estos recursos permitirán la puesta en marcha de 22 nuevos proyectos que suman un total de 1.629 viviendas. Estos se desarrollarán en Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Región de Murcia.
Con la suma de ellos, CASA 47 alcanzará 68 proyectos activos por todo el territorio en apenas medio año:
- 44 actuaciones de edificación residencial para construir 3.266 viviendas.
- 24 actuaciones de urbanización de solares con potencial para 22.000 viviendas.
Esta adenda se suma a otras iniciativas, como son “las 40.000 viviendas de la Sareb que estamos ya poniendo a disposición de la ciudadanía y la primera oferta de compra que realiza Casa 47 en el conjunto de España con más de 100 millones para incorporar vivienda que en estos momentos esté en manos de particulares o de fondos y ponerla a disposición de las familias y de los jóvenes en alquiler asequible”, ha explicado Rodríguez.
Plan Estatal de Vivienda hasta 2030
El Consejo de Ministros también ha acordado las cuantías máximas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y la propuesta de distribución territorial acordada por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana de 21 de mayo de 2026.
“Creo que el acuerdo es un mensaje también de esperanza a la ciudadanía, que lo está demandando. Y hemos demostrado que distintas Administraciones, de distintos colores políticos, somos capaces de ponernos de acuerdo”, ha destacado la ministra.
El PEV triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas, con un presupuesto total que asciende hasta los 7.000 millones, a través de un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año, y 850 millones los restantes.
Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.
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