Leire Iglesias, presidenta de Casa 47: "Si estamos gastando todo lo que ganamos en la vivienda, no estamos viviendo"

ElPlural.com ha podido conversar con Leire Iglesias, presidenta de Casa 47 -la entidad pública de vivienda-, en una entrevista en la que se han puesto sobre la mesa los diferentes retos que las Administraciones deben enfrentar hoy cuando el sector atraviesa una compleja crisis, y en la que también se han detallado los principales objetivos a medio y largo plazo de la empresa estatal.

Todo ello se ha realizado en el marco del encuentro 'Diálogo por la Vivienda: del compromiso a la ejecución', organizado por ElPlural.com y celebrado este jueves 28 de mayo en Alcoi (Alicante). Un evento que también contó con la participación de la directora general de vivienda, Inés Sandoval, y con voces destacadas en el territorio de la Comunidad Valenciana, como la de José Muñoz, síndic del PSPV-PSOE, o la de Tino Calero, secretario general de UGTPV, entre otras.

PREGUNTA (P): ¿Cuál es la diferencia entre Casa 47 y el antiguo Sepes? ¿Por qué había que crear una entidad diferente?

RESPUESTA (R): Con Casa 47 queremos crear un servicio público de vivienda, un derecho de la ciudadanía alrededor de una infraestructura pública como se hizo con otros servicios y con otras políticas públicas en el pasado. Sepes se dedicaba fundamentalmente a la transformación de suelos; invertíamos en suelos que estaban en un estado de bruto, los transformábamos, los urbanizábamos y hacíamos que ahí se pudieran desarrollar proyectos, bien fueran proyectos industriales o bien fueran residenciales. Una vez los habíamos transformado y habíamos conseguido un valor añadido, hacíamos la inversión pública como empresa pública que éramos, pero como tal también obteníamos un beneficio de su explotación.

Una vez que desarrollábamos un suelo y conseguíamos el valor añadido, a partir de ahí era otro el que tenía la responsabilidad de sacarle el aprovechamiento, bien fuera con una actividad económica o industrial. Por ello, en los suelos de Sepes se han creado y se siguen creando no pocos puestos de trabajo, y en la parte residencial lo vendíamos a un productor que se encargara de hacer las viviendas y, por lo tanto, perdíamos el valor. Perdíamos el rastro de lo que pasaba y de los precios que acababan teniendo esas viviendas.

Lo que hacemos con Casa 47 es actuar en el ciclo integral de la vivienda para poder crear ese servicio público. Seguimos transformando suelos, seguimos haciendo desarrollos urbanísticos de acuerdo con la agenda urbana española, es decir, espacios para vivir, y a partir de ahí también edificamos para que se produzcan unas condiciones de acceso a la vivienda asequibles y gestionamos la vivienda. Hemos pasado de desarrollar y urbanizar suelos brutos y convertirlos en suelos finalistas a entregarle a la gente la llave de su casa.

Ese ha sido el proceso de transformación de Sepes en Casa 47 y creo que es fácil entender por qué hace falta una entidad pública dedicada a que la inversión pública no pierda el valor de política pública que debe tener un servicio como el de la vivienda.

P: La horquilla que se da para que la gente pueda acceder a estas viviendas está entre 16.800 y 63.000 euros. ¿Por qué se pone? ¿Cuál es el criterio que se sigue para elegir esa horquilla?

R: Porque queremos crear un servicio público a disposición de toda la ciudadanía. En este país ha habido algunas políticas que tradicionalmente se han dirigido a toda la población y otras que se han limitado a grupos de población muy concretos. ¿Qué hubiera pasado en este país si la educación pública se la hubiéramos proporcionado solo a las personas que podían tener una situación de vulnerabilidad? ¿Tendríamos la infraestructura pública educativa que tenemos? ¿Habríamos ido todos a los mismos colegios, independientemente de nuestras carteras? ¿Habríamos conseguido un ascensor social como el que ha conseguido la educación pública? ¿Qué hubiera pasado en este país si la sanidad pública se la hubiéramos dirigido solo a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad? ¿Echarían los mejores médicos, los mejores hospitales y las mejores salas de cirugía a servicio público? ¿O formarían parte solo de una red privada? 

La idea es construir un servicio público alrededor de la vivienda con una infraestructura pública en la que quepamos todos y que entendamos que la vivienda pública, para garantizar que sea asequible de por vida, necesita inversión pública y necesita de acompañamiento público. De ahí que nos queramos dirigir a los tramos de renta donde se ubique el 60% de la población del país, donde se encuentran las mayorías sociales. Fijamos a partir del salario mínimo porque las familias que están por debajo necesitan un servicio y un acompañamiento complementario para conseguir que superen esos niveles de renta. En esos casos lo que tenemos que conseguir es que las familias ganen más de 16.000 y que además acompañemos con otras prestaciones el que puedan hacerlo. Tenemos que tener un compromiso extraordinario para que lleguen a esa situación y prestarles un servicio adicional en el que no estemos hablando del 30% de sus ingresos financieros, sino que estemos hablando de complementar sus rentas y de prestarles un servicio adecuado para que puedan superar esa barrera.

Hasta 63.000 euros, que es el 107% de rentas de este país, porque los que están a partir de ese 107 de rentas probablemente hoy tengan menos dificultad de acceder a una vivienda que el resto de la población. Habrá un momento en el que hablemos de un servicio de vivienda universal, pero de momento queremos hablar de un servicio de vivienda para las mayorías sociales donde está el 60% de la población española.

P: ¿Cuánto creéis que puede llegar a empezar a notar la gente que baja el porcentaje de lo que dedica de sus rentas a la vivienda o que pueda ayudar a los que no están en esos proyectos para que baje ese porcentaje?

La ley por el derecho a la vivienda ya establece el objetivo de país de que nadie tenga que destinar más de un 30% de sus rentas al pago de la vivienda a ninguna unidad de convivencia. 

En aquellos sitios en los que esto no se produce se pueden declarar por parte de las comunidades autónomas zonas de mercado residencial tensionado y poner límites a los precios del arrendamiento. Y esa es una forma de intervenir mediante la regulación. Y los poderes públicos tenemos la herramienta de la regulación para poder intervenir y algunas veces lo que falta es la voluntad política en este caso de las comunidades autónomas para poderlo implementar.

Pero los poderes públicos también podemos intervenir con la oferta. Y lo que estamos construyendo desde Casa 47 es esa oferta en la que independientemente de lo que hagan las comunidades autónomas y de su voluntad política, nosotros vamos a construir ese servicio público. ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Según vayamos liberando viviendas, porque estamos aprovechando todo el parque construido, a la vez que construimos un nuevo parque para poderlo hacer.

La próxima convocatoria pública de vivienda que vamos a hacer desde Casa 47 probablemente incorpore más de 400 inmuebles en la Comunidad Valenciana con esos niveles de renta. Si la Comunidad Valenciana no topa el precio de los alquileres desde los servicios públicos, sí pondremos alquileres topados para que la gente pueda acceder en condiciones de asequibilidad.

P: Usted misma ha reconocido que se va a tardar cinco años en poder ver los efectos de toda la labor que están haciendo. ¿Qué se le puede decir a un joven que nos esté escuchando sobre cómo va a estar dentro de cinco años? 

R: Cuando hablamos de un periodo de cinco años es para que podamos intervenir mediante la oferta pública que vayamos construyendo, pero se puede actuar desde ya mediante la regulación; por una parte está la oferta y por otra la regulación.

En el ejemplo de Navarra, esta semana hemos tenido conocimiento de los datos del primer año de vigencia de la aplicación de las zonas de mercado residencial tensionado. Bajan los precios de los alquileres un 7%. Mientras que en Navarra se contienen o bajan los precios de los alquileres, los que tenemos que sufrir vivir en otro tipo de ciudades vemos cómo suben y no se produce ni estabilidad ni continuidad en los contratos.

Nosotros vamos a poner todas las herramientas a disposición de los poderes públicos y además vamos a actuar mediante la oferta, pero para conseguir un impacto masivo mediante la oferta hay que recuperar muchas viviendas. Una parte es lo que tardamos en construir y otra parte es la que tardamos en provisionar y para eso lo que hemos decidido desde el Gobierno de España es aprovechar todo el patrimonio público que ya existe y que se pueda poner a disposición de convertirse y transformarse en vivienda asequible a disposición de la ciudadanía. Y ahí están las 40.000 viviendas, por ejemplo, de lo que ha sido hasta ahora la Sareb. Lo que un día se puso exclusivamente a disposición del rescate de las entidades financieras hoy se recupera para ponerlo a disposición del rescate de la ciudadanía, del rescate de las familias y de ahí que podamos hacer esa próxima oferta de vivienda pública en Valencia también.

Construyendo y recuperando, que son los dos grandes pilares, la idea es crear un parque público de vivienda que en España está en torno al 3%, 3,5% y que en Europa está al 9% y hay países en los que llega al 20%.

P: ¿Hay alguna estimación de cuándo podríamos tener cifras un poco presumibles de parque público?

R: Venía leyendo el caso de un trabajador de la empresa pública del País Vasco, del Gobierno vasco, que se acaba de jubilar. Y destacaba que a partir de la decisión del Gobierno vasco en 2003 de decidir que toda la vivienda que construíamos con inversión pública se protegiera, hoy Euskadi cuenta ya con un 7% de vivienda pública o de vivienda protegida que no pasa en el conjunto del país. Construir por construir no sirve de nada, hay que construir poniendo límites a los precios.

A lo largo de la historia de este país se han construido cerca de seis millones y medio de viviendas protegidas. En el periodo democrático se han construido cerca de dos millones y medio de viviendas. Si esas viviendas que hemos construido con el esfuerzo de todos no las hubiéramos perdido, hoy España estaría en la media y por encima de la media europea en cuanto a tener un parque público o un parque de vivienda a precios públicos que garantizara la asequibilidad. Es un logro del Plan Estatal de Vivienda haber conseguido poner de acuerdo desde el Gobierno de España a todas las comunidades autónomas para decir que toda la vivienda pública que construyamos ahora, que toda la inversión que hagamos en vivienda protegida, quede protegida para siempre.

Lo estamos viendo también con los datos de inversión pública. En este trimestre se ha empezado a hacer una inversión en vivienda pública que no se hacía desde hace 20 años. Estamos recuperando la capacidad de invertir en vivienda protegida y esta vez protegerla para siempre, para que sea un recurso público sobre el que poder intervenir.

P: En ciudades como Alcoy que tienen un patrimonio histórico o industrial, que tienen dificultades geográficas, orográficas. ¿Qué planes tiene Casa 47 para poder trabajar también en esas ciudades?

R: En Alcoy tenemos un buen plan que tiene que ver con recuperar espacios que durante otro tiempo tuvieron otro uso. Este espacio en el que estamos -el Parque Tecnológico Rodes- durante un tiempo fue una fundición y hoy es un espacio en el que se pueden desarrollar actividades culturales. En Alcoy vamos a transformar un espacio que durante un tiempo tuvo un uso como infraestructura militar a convertirlo a la verdadera política de defensa que puede haber en este país hoy por hoy, que es darle seguridad a la gente en su vivienda, y hacer lo que era la antigua Colonia de Aviación, un espacio residencial.

El Plan Estatal de Vivienda viene con respuestas en esa dirección. Este Plan no solo recupera la inversión en vivienda pública, sino que, además, tiene en cuenta que cuesta más construir en algunos sitios y que en los sitios donde se produce y se declara una zona de mercado tensionado, se produce una tensión residencial, cuesta más construir o hay más dificultades de acceso y, por tanto, hay que invertir más. 

En las ciudades que tienen cascos protegidos, la recuperación de la vivienda no es exactamente la misma que la de los nuevos polígonos y los costes son mayores. Por eso, se va compensando que las inversiones garanticen que nos podamos quedar en el centro de las ciudades. Porque cuando hacemos vivienda, hacemos ciudad, hacemos barrio, hacemos vida y de nada sirve tener que abandonar el centro para podernos ir a la periferia porque no podemos recuperar las viviendas que ya están construidas y las infraestructuras que ya están construidas.

PREGUNTAS DE LECTORES

P: Alcoy cuenta con un patrimonio residencial histórico extraordinario, pero sufre un evidente envejecimiento y problemas de conservación. ¿Qué planes específicos de financiación estatal existen para incentivar la rehabilitación de viviendas antiguas en ciudades de tradición industrial garantizando que sigan siendo accesibles para la población local sin perder identidad?

R: Una parte está en el Plan Estatal de Vivienda en la que se incrementa el importe para poder hacer actuaciones de recuperación justamente en los conjuntos protegidos e industriales, siempre y cuando luego no aprovechemos para especular con esa vivienda. Además, este lunes, el presidente del Gobierno presentó el plan social por el clima.

Son 9.000 millones de euros de inversión, de los que la mayor parte -4.700- van dirigidos a políticas de vivienda y a la recuperación de los entornos más vulnerables, a la rehabilitación y a hacer esos proyectos de ciudad. Por inversión y presupuesto no va a ser, y por voluntad política tampoco. 

P: Sobre el caso de Les Naus en Alicante. ¿Cómo garantiza Casa 47 que las promociones mantendrán criterios de transparencia y control a la hora de las adjudicaciones? ¿Cuáles son los mecanismos que implican que las casas no se puedan vender después?

R: Cuando se aprobó la Ley por el derecho a la vivienda hubo comunidades autónomas que recurrieron que esto pudiera pasar al Tribunal Constitucional y que en sus legislaciones, además, están trabajando porque la vivienda protegida solo pueda tener una calificación de siete años.

Si a eso añadimos la poca vivienda pública que se ha construido en el pasado, no es que no vayamos a conseguir un impacto en un periodo corto de tiempo, es que no lo vamos a conseguir nunca. Los servicios públicos tienen que ser transparentes, de acceso igualitario, en igualdad de oportunidades y de concurrencia. Y en ese sentido, cualquier oferta pública que se lance desde Casa 47 no solo es que las personas que trabajamos en esta entidad no podamos concurrir a ellas de ninguna forma, sino que se van a hacer mediante inscripciones telemáticas, sorteos ante notarios y con absoluta transparencia.

Y así le pedimos que hagan a todas las administraciones públicas. De nada sirve renunciar a un cargo público si no renuncia también a la llave de la vivienda que ha obtenido mediante un dudoso procedimiento. Y en ese sentido creo que hay que garantizar todos estos procesos transparentes, ante notarios y que le den confianza a la ciudadanía a igualdad de acceso porque es nuestra obligación, pero sobre todo porque es el derecho de la gente.

P: En las ciudades universitarias el precio de las habitaciones no ha dejado de aumentar y en muchas ocasiones es un impedimento a la hora de estudiar. ¿Considera el Gobierno tomar medidas para el alquiler de estudiantes?

Casi todas las ciudades cuando hacen reservas de suelo dejan algunas parcelas que llamamos dotacionales, reservadas para una dotación pública. La ley por el derecho a la vivienda ya permite que esas parcelas que están en nuestras ciudades se puedan convertir en dotaciones, en alojamientos dotacionales justamente dirigidos a población joven o a población mayor, para construir un servicio que no tense el mercado residencial y que se pueda dirigir especialmente a la población joven.

Para eso hemos firmado un acuerdo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Universidades para que las universidades públicas y el resto de universidades puedan acceder a esos solares y que puedan acceder también a financiación para construir alojamientos dotacionales. Son medidas que podemos impulsar sobre todo en ciudades medianas en las que el peso de la población estudiantil se nota muchísimo.

P: Sobre la Colonia de Aviación. ¿Cuál es el calendario y los plazos que tiene previsto Casa 47? 

R: El otro día aprobamos que ya íbamos a pagar por fin y que desbloqueábamos esta actuación y que esta va a ser una actuación de vivienda. Estamos pendientes de firmar las escrituras y esto va a ser inmediato. Una vez tengamos las escrituras, automáticamente tenemos que hacer una actualización de los precios del proyecto de urbanización que se aprobó en el año 2024.

En paralelo, haremos las demoliciones de los espacios que quedan ahí y mientras tanto empezaremos a redactar los proyectos de edificación. El concentrar toda la actividad residencial en una sola empresa pública, lo que nos permite es solapar los tiempos y que no tengamos que esperar a hacer una cosa para empezar a hacer otra. 

A la vez que hacemos la urbanización, estaremos ya redactando los proyectos de edificación, tendremos las bases aprobadas para los que van a ser sus futuros inquilinos y a la vez que estamos haciendo las obras de demolición estaremos buscando la gente que va a ocupar esa vivienda.

P: ¿Hay capacidad real para extender este proyecto a más puntos de España?

R: Hemos recuperado mucho patrimonio de defensa. Probablemente, el más conocido es lo que va a ser el nuevo barrio de Campamento en Madrid que nos va a permitir tener más de 10.000 viviendas. Lo hemos hecho en Sevilla, lo hemos hecho en Valencia, en Palma de Mallorca, en Ibiza... Lo estamos haciendo por todo el país, pero no solo con viejas infraestructuras de defensa. También con otro tipo de infraestructuras, con lo que eran antiguos centros penitenciarios.

En Córdoba, Huesca, Zaragoza, en algunas otras ciudades con infraestructuras que ya no se necesitan. En San Sebastián, próximamente, en el centro penitenciario de Martutene, que será ya un barrio más de la ciudad de San Sebastián. En antiguas infraestructuras que podían ser de puertos del Estado, de instituciones de otro tipo.

Todo el patrimonio del Estado que podamos dirigir a que sea a atender la mayor demanda de la ciudadanía hoy, que es vivienda asequible, lo vamos a poner a disposición. Y ojalá eso genere un efecto contagio en otras administraciones públicas que puedan hacer lo mismo. 

P: Una de las líneas de actuación del Ministerio de Vivienda ha sido las ayudas a los municipios afectados por la DANA de Valencia. ¿Qué respuestas están encontrando en los ayuntamientos?

R: Son municipios que necesitan, además, que recuperemos ese parque construido que se lo llevó un fenómeno climático. Que lo hagamos, además, con garantías para que no se lo pueda llevar. Y en ese sentido, hemos habilitado 25 millones de euros para poderlo hacer. Vamos a flexibilizar algunas condiciones de las bases de la convocatoria que hicimos para completar esta actuación. Pronto podremos atender un compromiso al que el Gobierno de España llegó con la Comunidad Valenciana.

Estaremos con los afectados de la DANA tanto tiempo como sea necesario hasta el final de la recuperación. Esto no es solo venir a atender una emergencia y marcharse; es venir a atender una emergencia y quedarse hasta que podamos tener la recuperación total.

P: Si tuviese que elegir un indicador para que dentro de unos años los jóvenes, por ejemplo, notasen que ha cambiado la situación de la vivienda en España, ¿cuál cree que sería en el que habría que poner la lupa?

R: El primero, que sus padres les puedan echar de casa cuando quieran y que se puedan emancipar tan pronto como no les aguanten más en casa. Y luego, que eso no suponga que se tengan que romper los bolsillos, ni buscarse dos trabajos, ni renunciar a poder tener ocio y disfrutar su vida. Que lo puedan hacer, sobre todo, teniendo en cuenta el esfuerzo financiero. Que nadie tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda. Si estamos gastando todo lo que ganamos en la vivienda, no estamos viviendo.

Y se trata de que la gente joven también pueda vivir, no solo de que se pueda emancipar.