El Gobierno ha sellado este martes en una extensa declaración institucional su compromiso con los derechos de las mujeres en vísperas de las multitudinarias marchas que se darán en múltiples puntos del país este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que se ha dado cuenta de la aprobación de la ley de paridad, presentada el pasado sábado por el propio presidente Pedro Sánchez.

Además, Rodríguez ha adelantado que se ha elaborado un informe en el que se pone de relieve de forma detallada todos los avances feministas que se han consolidado durante la legislatura. “De las más de 1.000 normas aprobadas en el Consejo de Ministros, el 25% de ellas han tenido un impacto positivo en las mujeres”, ha señalado mencionado así los efectos de la reforma laboral o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), entre otras.

En lo que concierne a la declaración institucional, ésta se vertebra en cuatro ejes clave en los que se recoge la acción gubernamental de la última legislatura en materia feminista y de igualdad. “España se consolida como un país feminista gracias al impulso de la sociedad y de un gobierno que da pasos firmes para que la igualdad de género sea la piedra angular de la transformación social”, comienza ensalzando el texto de Moncloa.

Avances en la lucha contra la violencia machista

La declaración institucional hace repaso de cómo, durante las últimas dos décadas, se han asentado los pilares para la construcción de “una arquitectura estatal e internacional de recursos” para todas las víctimas. De esta manera, se pone de relieve la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como la ley del ‘solo sí es sí’.

En la misma medida, el Gobierno se hace eco de que el país consolida sus compromisos internacionales con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), entre otros acuerdos de ámbito global. Es así como España “pasa de los compromisos a la acción” con políticas tales como el Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos o el ‘Plan Camino’, el primer proyecto de inserción para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual.

Pese a haber consolidado dichos progresos, los datos muestran una realidad aún negra. Desde 2003, 1.190 han sido asesinadas por violencia machista, ocho de ellas en 2023, mientras que las mismas causas se han cobrado la vida de 49 menores de edad y han dejado a 390 huérfanos.

A través de la Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas (2022-2025), el gran paquete de medidas impulsado por Igualdad, el Gobierno se compromete con “instituciones, agentes y herramientas posibles” para erradicar esta lacra “a fin de blindar los derechos de las víctimas a la atención y reparación de esas violencias”. A la par, se apuesta por reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dotando con más fondos a los territorios para impulsar más políticas públicas: 320 millones de euros, un 56% de las políticas de igualdad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Desigualdades estructurales en el espectro laboral

En el plano laboral, cabe destacar que las desigualdades entre hombres y mujeres siguen a la orden del día. “Las mujeres concentran en España las tres cuartas partes del empleo a tiempo parcial, y la casi totalidad de quienes trabajaron a tiempo parcial para disponer de más tiempo para cuidar a personas dependientes fueron mujeres”, expone la declaración institucional.

A pesar de su tendencia a la baja, la brecha retributiva entre sexos solo se ha reducido 2,7 puntos: las mujeres cobraron una media de un 18,72% menos que los hombres en 2020, lo que supone una “realidad incontestable”.

Es más, las mujeres siguen liderando los puestos relacionados con los cuidados, el hogar y servicios sociales en un 77,2%, puestos donde se concentra el mayor desarrollo y mantenimiento social pero donde se dan las mayores diferencias retributivas. Su presencia, en detrimento, se viene abajo en los sectores de la industria, tecnologías o ingeniería.

Es por ello que la puesta en marcha y su consiguiente aplicación de políticas laborales y económicas por parte del Ejecutivo de coalición tales como la subida del SMI o el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar ya están teniendo efectos en la reducción de las tasas de temporalidad y la brecha de género.

Progresos como la ley trans y la ley del aborto

Desde otro ámbito, gracias al desarrollo del III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025, y en el que rezan las claves sobre los servicios públicos y medidas para garantizar las oportunidades para las mujeres en este sector, menciona el impulso de, entre otros, la educación sexual, el incremento de la presencia de mujeres en la economía digital y verde como retos que cabe afrontar con carácter urgente.

Teniendo en cuenta la mención de todo este marco político, el Gobierno ensalza en su declaración institucional que España permanece entre los “diez estados con mayor igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea”, concretamente, en sexta posición.

Es así como se enfatiza, tanto en el ámbito nacional como europeo, la entrada en vigor de leyes como la focalizada en la salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la ley del aborto, la cual “no solo blinda el aborto libre, seguro y gratuito, sino que incorpora al ordenamiento jurídico nuevos derechos sexuales y reproductivos como la salud menstrual, anticoncepción o la educación sexual”.

En cuanto a la ley trans, otra de las medidas clave de la cartera de Igualdad, además de reconocer la autodeterminación de género. Tanto en esta última como en las anteriores, el Ejecutivo de coalición insiste que en su proceso han participado “la sociedad civil y los movimientos feministas como garantía de empoderamiento social y colectivo que no deja a nadie atrás”.

Proyección internacional

Por último, la declaración institucional traza un marco breve sobre lo que ha supuesto el impulso de esta agenda feminista y de igualdad en España de cara al exterior. Es en este punto donde se ponen de relieve los compromisos del país tanto en la UE como en Naciones Unidas, además de reforzar las relaciones con América Latina.

“Se presenta la oportunidad de hacer de la agenda de esta España feminista una prioridad en Europa”, puede leerse al concluir la extensa declaración institucional, sellada con la firma de la ministra Irene Montero.