De entre la telaraña de acusaciones de las últimas semanas, el presidente del Gobierno se ha sacado de la manga un as para suavizar el golpe de la fractura entre PSOE y Unidas Podemos por el sólo sí es sí. Pedro Sánchez anunció a bombo y platillo este pasado sábado que el Consejo de Ministros aprobaría este martes el anteproyecto de Ley de Representación Paritaria de hombres y mujeres en órganos de decisión. Así ha sido.

“El Gobierno tiene una agenda mucho más fuerte que las discrepancias puntuales que puedan surgir”. Con estas palabras, Sánchez anunció un anteproyecto de ley que, según fuentes gubernamentales, no fue consensuado con el Ministerio de Igualdad. “Tan solo nos informaron”, apuntan voces del departamento de Irene Montero, que, a su vez, restan importancia a la unilateralidad de la decisión y, pese a aplaudir la decisión del jefe del Ejecutivo, apuntan que lo óptimo sería que en los consejos de administración no solo haya mujeres, sino que “haya mujeres feministas”.

Precisamente sobre la unilateralidad del ala socialista se le ha preguntado a la vicepresidenta de Asuntos Económicos en rueda de prensa. Calviño, sin admitir o no la ausencia de Igualdad en la confección del anteproyecto, se ha limitado a argumentar que han participado -como suele ser habitual- “aquellos ministerios con competencia” en la materia a tratar. “La coordinación la ha llevado a cabo el Ministerio de Presidencia, con las orientaciones dadas por parte de Sánchez en términos de ambición del texto”, ha remachado.

En cualquier caso, el anteproyecto, tal y como ha desgranado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, obligará a las grandes empresas y a órganos como el Consejo de Ministros a garantizar que el 40% de los componentes de los espacios de toma de decisiones sean mujeres antes del 1 de julio de 2024. Todas las empresas cotizadas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de volumen de negocio anual, cuya fecha límite se extiende hasta el verano de 2026. Además, hay que añadir a juntas de gobiernos de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios habrían de cumplir con el articulado.

En lo relativo a la esfera pública, ese mismo porcentaje se establecerá en las secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos, agencias, empresas públicas y fundaciones, presidencias, vicepresidencias, direcciones generales y direcciones ejecutivas. Para todos ellos, el Gobierno abrirá el plazo máximo de cinco años para alcanzar la paridad, es decir, hasta 2028.

Tanto la ministra portavoz como la vicepresidenta del Gobierno y titular de Economía han resaltado que la igualdad “efectiva y real” entre hombres y mujeres ha sido el eje vertebrador de la línea de acción del Gobierno desde que Pedro Sánchez recaló en el Palacio de la Moncloa. Ambas han reivindicado la agenda feminista del Ejecutivo de coalición, enumerando todos los “hitos” de la legislatura, como la reforma laboral, que ha permitido la reducción de los niveles de temporalidad o el Ingreso Mínimo Vital, cuyos acreedores son jóvenes y mujeres en su mayoría.

Pedagogía

La disidencia en el discurso entre el ala socialista y el morada ha sobrevolado la sala de prensa del Ministerio de Presidencia. Las tres ministras, con motivos feministas en su vestimenta más o menos visibles, han insistido en que sienten un “profundo respeto” por el trámite parlamentario y, por supuesto, la posición política de todos los grupos. Cree Rodríguez que el Ejecutivo cumplió con su parte al subsanar, según dicen, los efectos no deseados por la Ley de Garantía de la libertad sexual con la reforma propuesta por Justicia.

“Es buena ley, pero ha tenido efectos que han derivado en alarma social y han agravado el dolor de las víctimas. Tenemos que ser sensibles”, ha profundizado la ministra portavoz, que ha reivindicado la labor socialista para “arreglar” el articulado original. “La sociedad espera que cambiemos la ley para evitar este problema. Esta tarde, en el Congreso, se trata de solucionar el problema”, ha puntualizado Rodríguez.

Tanto en público como en privado, el ala socialista del Gobierno ha apelado a la “pedagogía” para explicar “qué es lo que se vota” en la Carrera de San Jerónimo este martes. Fuentes próximas al gabinete remarcan que tan solo es una toma en consideración y no un debate sobre su aprobación o no. Por ello, estas voces profundizan en que el pleno de hoy versará sobre si “debatimos o no la reforma de esta ley para que se rebajen más penas”.  

La pregunta que ha sobrevolado en Moncloa en estas últimas horas es si sus aliados parlamentarios -incluyendo Podemos- están dispuestos “a solucionar o no el problema” mediante una reforma diseñada para enmendarlo. Estas fuentes deslizan que la única solución que hay sobre la mesa es la propuesta formulada desde el Grupo Socialista en la Cámara Baja. “Tienen una oportunidad magnífica en el Congreso para ser parte de la solución”, remata un miembro del gabinete en privado, quien a su vez evita hablar de fractura en el Gobierno ante esta “discrepancia técnica”.