Este jueves el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al fin a la Ley Trans, una de las medidas estrella de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición y, concretamente, del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Con esta norma se reconoce la autodeterminación de género, el cual será el único requisito para que se pueda cambiar el sexto en el Registro Civil a partir de los 16 años. Además, la misma tiene como fin luchar contra los estigmas que circulan en torno al colectivo trans, así como la erradicación de la discriminación de estas personas por su expresión de género.
A pesar de que el Consejo de Ministros sacó adelante la Ley Trans a finales de junio de 2022, y en vísperas de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, es ahora cuando entrará en vigor con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) debido al proceso de enmiendas parlamentarias a las que se sometió.
Es de esta manera como la ley incluye otras claves a tener en cuenta y que desgrana este periódico a continuación.
Autodeterminación de género y cambio de sexo
Las bases sobre la que se sustenta esta norma son las novedades en cuanto a estas dos cuestiones. La primera de ellas permite que la persona que desee cambiar su sexo en el Registro Civil podrá hacerlo a partir de los 16 años, sin necesidad de mediación de los padres, madres o tutores legales. Desde el ámbito sanitario, tampoco será obligatorio acreditar un informe médico, psicosocial o haber pasado por un proceso de hormonación.
En cuanto al cambio de sexo, los menores de entre 14 y 16 años podrán someterse a esta operación siempre que estén acompañados de sus padres o tutores legales. En cambio, aquellos menores de entre 12 y 14 años que quieran tomar el mismo camino, sí que necesitarán una autorización judicial.
Cabe destacar que el cambio de sexo a nivel legal se tramitará en dos pasos: en primer lugar, rellenando un formulario de solicitud y, tres meses después, la comparecencia de la persona para ratificar su decisión.
Fin de las terapias de conversión
Otro de los aspectos que se espera que recogiese la ley era la prohibición de las terapias de conversión que, al fin, se ha materializado. De este modo, quedan totalmente prohibidas estas prácticas que intentan reconducir la identidad sexual o la expresión de género de la persona. Se penará con una multa, de carácter “muy grave”, de hasta 150.000 euros.
Lucha contra el estigma y la discriminación
El colectivo trans se ha visto perjudicado durante décadas por el estigma que existe en torno al cambio de sexo, la autodeterminación de género y su involucración y aceptación en la sociedad. Todo gracias a que el trámite burocrático en el Registro Civil ya no precisará de padres, tutores o de valoraciones médicas.
Este aspecto también se derivará al ámbito laboral, ya que Igualdad se propuso impulsar la inclusión de las mujeres trans al mercado laboral, ya que son “las que sufren mayor brecha”, en palabras de Montero. En la misma línea, la norma incluye incentivos para la contratación de personas trans, así como la puesta en marcha de procedimientos para denunciar la discriminación en estos espacios.
Educación inclusiva
Tomando de la mano las competencias de las comunidades autónomas, la norma garantiza que en el ámbito educativo se impartan “contenidos relativos al tratamiento de la diversidad sexo-afectiva y familias de las personas LGTBI”, promoviendo así distintos programas de educación sexual y reproductiva, así como de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
