El Gobierno ha dado este lunes luz verde a la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, en el que se reflejan importantes avances en materia de derechos LGTBI, siendo el punto más importante el reconocimiento de la autodeterminación de género.

En vísperas de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, con esta ley se hace efectiva la libertad e igualdad de las personas del colectivo, especialmente las trans a ojos administrativos. "Llevamos en segunda vuelta la Ley Trans y LGBTI, que llegará al Congreso antes de verano. El lema institucional para celebrar el Orgullo es 'Orgullo de país' para que sea más libre y democrático. Todos, todas y todes podemos sentirnos muy orgullosos de nuestro país”, ha ensalzado Montero durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

En su intervención, la titular de Igualdad ha recordado que España está “a la vanguardia en materia de derechos LGTBI”, pero que el primer paso lo dio el Gobierno socialista en 2005: “Como dijo el presidente Zapatero al aprobar el matrimonio igualitario: 'El Gobierno está aquí para garantizar la felicidad de todas las personas'. En 2005 ya nos situamos a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy también y siendo una referencia internacional. Que todas las personas LGTBI sepan que sus vidas importan y que no habrá un país sin derechos LGTBI", ha aseverado.

Sin informe médico

En este sentido, a las personas trans ya no se les requerirá un informe médico para que se puedan cambiar el nombre en el Registro Civil. De esta manera, las personas que quieran hacer un cambio registral de nombre y sexo deberán pasar por un proceso de doble comparecencia. En el primero cubrirá un formulario en el que manifestará su disconformidad con el sexo mencionado y la petición de cambio y recibirá información de las consecuencias legales que tendrá este cambio, solicitando la rectificación. En la segunda, al haber superado el plazo, la persona solicitante ratificará su solicitud y, en el plazo de un mes, recibirá la resolución definitiva.

“El Estado les reconoce a las personas trans a ser quienes son sin que medien testigos, y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Este procedimiento se realizará en un plazo de cuatro meses por un sistema de doble comparecencia y las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones", ha explicado Montero al respecto.

En otro orden de ideas, también se ha hecho hincapié en otros sectores de la población que se ven beneficiados por dicha ley. En primer lugar, la delicada situación de la infancia trans: "Los jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su libertad de determinación de libertad de género”. Así, lo adolescentes entre los 14 y 16 años tendrán que estar bajo autorización parental para realizar el procedimiento; mientras que, por debajo de los 12 años, podrán cambiar su nombre en el DNI.

En segundo lugar, también han tenido cabida las personas trans migrantes, que tienen “dificultades añadidas”, a las que se les da autorización para poder “"cambiar los documentos expedidos en España si en sus países de origen no tienen garantizados sus derechos como personas trans".

Mayor acceso a la reproducción asistida y prohibición a terapias de conversión

El proyecto de ley impulsado por Igualdad también amplia el acceso a la reproducción asistida, especialmente dirigido a las mujeres bisexuales, lesbianas o sin pareja. Es así como el Gobierno se compromete a redactar una Orden Ministerial en un plazo de seis meses para ampliar este derecho a las personas trans con capacidad gestante, considerándose estas como unas prácticas “muy graves”, en palabras del Gobierno.

En relación con las terapias de conversión o aversión orientadas a manipular la orientación o identidad sexual y la expresión de género, estas quedan expresamente prohibidas.

Lucha contra la discriminación laboral

En otro orden de ideas, otro de los puntos que ha abordado Montero ha sido el referente al mercado laboral, en el que las personas LGTBI también encuentran numerosos obstáculos a la hora de buscar empleo. Para ello, se pretende favorecer la inclusión de mujeres trans, en especial, al mercado laboral, ya “que son las que tienen mayor brecha”.

En la misma dirección, y para evitar tratos marginales en el espacio de trabajo, Irene Montero ha detallado en qué consiste el régimen antidiscriminatorios antes conductas lgtbifóbicas: "España es un país muy orgulloso de su diversidad y esta ley incorpora una ley para hacer frente a la lgtbifobia. Este régimen antidiscriminatorio incorpora infracciones administrativas leves ante conductas como insultos o mensajes discriminatorios, que irán de 200 o 2.000 euros; mientras que las graves de hasta 10.000 euros por excluir a una persona lgtbi al contratarlo, otra de hasta 50.000 euros ante la negación de servicios o el alquiler o la compra de una vivienda; también estarán reconocidas las terapias de conversión, que iría por la vía penal", ha explicado.