Son muchos los vaivenes que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha experimentado con el transporte público. La Comunidad fue la última en sumarse a las propuesta del Gobierno Central sobre el Abono. Primero la criticó, después siguió la senda del resto de los territorios y por último aplicó el descuento, vanagloriándose de él como si hubiera sido ella mismo quien lo hubiera puesto sobre la mesa. Sin embargo, a apenas un mes de las elecciones generales y tras haber logrado la mayoría absoluta en la región, parece que todo va a quedar en agua de borraja, pues la lideresa no tiene intención de prorrogar la bajada de precios más allá del 30 de junio.

El Ejecutivo Central se ha pronunciado sobre ello. En concreto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ha mostrado tajante sobre la cuestión, emplazando que es la máxima responsable del territorio “la que tendrá que dar explicaciones a los ciudadanos y a las ciudadanas”: “La señora Ayuso durante todo este tiempo ha dado muestras cambiantes de opinión. En un primer momento criticó la medida, en un segundo momento, cuando vio que todas las comunidades autónomas se sumaban e incrementaban ese 20% o un 30%, dijo que lo aplicaría. Ante el éxito de esta medida, lo celebró como si fuera una medida propia. Ahora, ante la cercanía de las elecciones, dice que va a retirarla y sitúa la responsabilidad en el Gobierno de España cuando, insisto, es una competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos”.

Sánchez ha extendido la petición al resto de comunidades, ya que la medida incentiva la movilidad sostenible y se basa en un apoyo a la ciudadanía ante la situación de la economía. “Que se nos señale o se nos responsabilice de parte de algunos presidentes y presidentas de comunidades autónomas sobre la bonificación que ellos mismos pueden articular y situar en el 20%, 30%, 40%, 50% o en eliminarla, es una responsabilidad que les corresponde a ellos”, ha incidido en el IV Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por El Español.

El Ejecutivo Central todavía tiene que confirmar si mantendrá la subvención del 30% que Moncloa otorga al precio del billete del transporte público en las comunidades, que deben aportar a su vez otro 20% para que la reducción total sea del 50%. Por el momento, Sánchez segura que es una “muy buena medida”, por lo que es posible presagiar que la decisión se verá ampliada en el tiempo.

Sánchez ha defendido que las medidas como la gratuidad de los abonos de Cercanías, Media Distancia y Rodalíes o los autobuses interurbanos son necesarias, por lo que la intención del Gobierno pasa por “incentivarlas”: “Veremos cuál es la mejor fórmula, si la que hemos mantenido hasta ahora u otra”.

El modelo Ayuso

La reelegida presidenta de Sol no deja de poner sobre la mesa medidas en favor de las familias con más ingresos. Hace apenas diez días, Ayuso se refería al ‘cheque canguro’, una decisión aprobada en plena campaña electoral pero que, como otras cuestiones, no se expuso hasta pasada la fiesta de la democracia en el ámbito local y regional.

Tal y como explicaba ElPlural.com, se trata de un programa de incentivos para contratar a empleadas del hogar para el cuidado de menores de 12 años -18 en caso de discapacidad- o de otros familiares con discapacidad o dependencia a cargo de la familia.

La partida contempla desembolsos de 4.000 euros para sufragar a la persona contratada y el umbral económico para recibir la ayuda está situado en los 30.000 euros ‘per cápita’; es decir, por unidad familiar.

Esta es la fórmula que la propia presidenta empleó para ‘ocultar’ la verdad detrás de otras medidas igualmente polémicas, como las ‘becas para ricos’ en Educación. En aquella ocasión, lo que hizo fue justamente ignorar el término para asegurar que las familias con rentas inferiores a 20.000 euros obtendrían casi el 95% de las subvenciones, siendo la realidad que dicha cifra obedecía la unidad familiar.

Precisamente dentro de la Educación encuentra el equipo popular otro de sus grandes talones de Aquiles al ser aquí donde ha ejecutado otras tantas decisiones controvertidas. La última tiene que ver con el precio de los comedores escolares, que han padecido la subida del 12,7% en sus menús, dificultando así el acceso a los mismas a muchas familias, tal y como destacaba Comisiones Obreras (CCOO), quien aseguraba además que se pidió a las empresas con las que negoció que no informaran del hecho hasta pasados los comicios.