La barra libre de ayudas públicas para los ricos no tiene fin en la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso. Primero llegaron las becas para ricos, que financian estudios en centros privados mientras miles de estudiantes se quedan sin plazas públicas de FP o de guardería; luego aparecieron las hipotecas para adinerados, con la concesión de avales de hasta el 95% para viviendas de hasta 390.000 euros, con requisitos mucho más laxos que los exigidos para acceder a una vivienda social; y, a modo de celebración por sus resultados electorales, ven la luz ahora los cheques para contratar empleadas del hogar.
La última de las medidas prémium fue aprobada en plena campaña electoral, pero no se comunicó hasta después de los comicios en los que salió victoriosa Ayuso. Un programa de incentivos para la contratación de empleadas del hogar para el cuidado de menores de 12 años (menores de 18 si existe discapacidad) o de otros familiares con discapacidad o dependencia al cargo de la familia. La partida contempla desembolsos directos de 4.000 euros para sufragar los costes de la persona contratada, pero lo sangrante llega al revisar los requisitos de acceso a la ayuda.
El umbral máximo de renta establecido es de 30.000 euros per cápita. Esta coletilla (per cápita) marca la diferencia, ya que, en un hogar compuesto por una pareja y su hijo el umbral asciende hasta los 90.000 euros (30.000 cada uno). La progresión es aún más sangrante, pudiendo llegar a darse la situación de que una familia compuesta por dos adultos y tres menores podría pedir esta ayuda siempre y cuando no superen los 150.000 euros anuales. La justificación de Ayuso para dar cheques a familias holgadas económicamente es la misma que esgrimió con las becas: un guiño con “los que siempre pagan y nunca reciben nada".
Que reciban salarios elevados por su trabajo y esto les permita llevar una pida plena y cómoda no le parece suficiente recibo a la presidenta. Poco le importa el modelo redistributivo de la riqueza del Estado del Bienestar, en el que está cimentado el sistema impositivo, dado que las pocas ayudas públicas implementadas por Ayuso han ido, casualmente, dirigidas a ese colectivo damnificado que son los que más cobran. Ejemplo de ello es que, a la hora de otorgar estos nuevos cheques no se priorizará a las familias con menos recursos.
La selección “se realizará mediante concesión directa por orden de entrada de las solicitudes en el registro electrónico de la Comunidad de Madrid”, dicta el dosier de la adjudicación. Es decir, una familia monoparental con un menor al cargo que sufra un 60% de discapacidad y unos ingresos anuales de 15.120 euros podría quedarse sin el cheque si está más lenta a la hora de realizar la solicitud que una familia de dos adultos y dos menores con unos ingresos anuales de 110.000 euros. “Tonto (pobre) el último” como filosofía de reparto de las ayudas sociales.
Además de estos requisitos de concesión, tampoco existirá un control sobre el desempeño de la persona contratada. Así, podría contratarse a una trabajadora y pedir esta ayuda aludiendo que su actividad es el cuidado de un menor, pero no se supervisará que realmente se dedique a la limpieza del hogar.
De atrás y a futuro
A pesar de todo lo reflejado en la convocatoria, no ha sorprendido este proceder que comenzó en 2018 cuando ayuso aprobó una deducción fiscal por la contratación de una o varias personas como empleadas de hogar para el cuidado de hijos menores de tres años. La deducción, aún en vigor, es del 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social como empleador de una o varias personas bajo el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social, con un límite de deducción anual de 400 euros. En caso de empleadores que pertenezcan a una familia numerosa, la deducción es del 30% con el límite de deducción de 500 euros anuales.
La deriva neoliberal continuará en la Comunidad de Madrid durante, como mínimo, otros cuatro años más. Además, durante esta legislatura Ayuso disfrutará aún de más libertad, aunque Vox tampoco ponía freno a la lideresa, tras haber conseguido una holgada mayoría absoluta en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El Ejecutivo y la Asamblea estarán bajo el control del PP hasta 2027, momento en el que los madrileños volverán a ser llamados a las urnas.
