Las lenguas cooficiales pasaban este martes un doble examen. El cambio reglamentario necesario para incluir el catalán, el euskera, el galego, el asturleonés y el aragonés en la nueva normalidad de la Cámara Baja se solapaba en tiempo y forma con el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, donde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, trataba de persuadir al resto de estados miembros para que no vetasen la posibilidad de incluir tres de estas lenguas al amplio catálogo de idiomas que ya cuentan con traducción simultánea en las administraciones comunitarias.
Cuarenta minutos han tardado en Europa en despachar el debate sobre la petición española de oficializar en las administraciones comunitarias las lenguas cooficiales de larga tradición en nuestro país -catalán, euskera y galego-. Los estados miembros no han ejercido su derecho a veto, principal miedo del Gobierno de España y de su eventual bloque de investidura, y, por el momento, han pedido más tiempo para estudiar la viabilidad de la propuesta española.
“Hoy hemos puesto en marcha la reforma del reglamento y he podido explicar una por una las peticiones del Gobierno de España”, ha señalado José Manuel Albares a su salida del cónclave. Visiblemente satisfecho, con mucho trabajo por delante y tiempo para seguir negociando, el ministro ha conseguido capear, por el momento, las malas sensaciones que se desprenden de los comunicados de países como Suecia o Finlandia, contrarias a la regularización de estas lenguas al considerar que supondría un gran coste a las arcas comunitarias y un retraso en la toma de decisiones.
Albares ha cimentado la defensa de la petición española en cuatro ejes: defender la oficialidad de catalán, euskera y galego en la Constitución Española; asegurar que no se trata de lenguas minoritarias –“el catalán es hablado por diez millones de personas, estando de esta forma entre los 15 idiomas más usados en la Unión”-; recordar que no se trata de una petición inédita, ya que España lleva defendiéndola desde, al menos, 2005; y recordar que el multilingüismo es una de las piedras angulares de la Unión Europea.
Además, y ante las quejas de algunos estados miembros, que consideraban que la inclusión forzada de tres lenguas era un exceso inasumible para el buen funcionamiento de la administración, el ministro se ha abierto a estudiar que esta oficialización se haga de forma gradual, haciendo oficial en primero lugar el catalán y posteriormente lo hagan el euskera y el galego. El ministro ha defendido esta postura por dos cuestiones, explicadas por el mismo a la salida del Consejo de Asuntos Generales: en primer lugar, porque sus representantes han sido los que más insistencia han mostrado en su oficialización, y en segundo porque es una lengua ampliamente extendida con más de 10 millones de hablantes.
Suecia y Finlandia, piedra en el camino
No han sido los únicos, pero sí los más claros en su contrariedad. Tanto Estocolmo como Helsinki no han dudado en hacer públicos sus argumentos para mostrarse en contra de la petición del Gobierno de España. Ambos estados miembros creen que esta reivindicación, agitada ahora tras las exigencias de Junts per Catalunya y ERC en el marco de las negociaciones por la investidura, puede acarrear grandes costes a las arcas comunitarias y ralentizar la toma de decisiones de los Veintisiete.
Sobre estas declaraciones, incipientes y no definitivas, según Albares, el ministro ha asegurado que el Gobierno ha propuesto en el Consejo de Asuntos Generales que sea España quien financie todo este proceso, canalizando, de esta forma, todos los comentarios que lleguen y facilitando su respuesta e intermediación en la negociación.
Respuesta rápida de PNV y BNG
Este anuncio no ha gustado nada a los nacionalismos gallego y vasco. El propio Aitor Esteban ha llegado a ausentarse brevemente del pleno en el Congreso de los Diputados para condenar las declaraciones de Albares, llegando a poner como opción que afecte a las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez.
“Si esto se confirma, en Euskadi no se entiende. La protección de una lengua no se debería basar en el número de hablantes, ya que, entonces, con el inglés o el chino sobrarían todos los demás idiomas”, ha asegurado. Además, el portavoz jeltzale ha asegurado que desconoce si esta decisión dificultará “las negociaciones de la investidura, pero desde luego no las facilitarán”.
Ana Miranda, eurodiputada del BNG, ha sostenido "no hay lenguas de primera y de segunda, sino que son todas de primera". "Lamentamos la decisión del Gobierno español transmitida en el Consello de la Unión Europea de priorizar unas lenguas sobre otras", ha proseguido.
