El Gobierno de Marga Prohens (PP), presidenta de las Islas Baleares, dejó caducar el expediente abierto contra Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas, después de la reunión presuntamente mantenida por Koldo García y Juan Carlos Cueto con Miguel Tellado, número dos de Alberto Núñez Feijóo y portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.
La cronología es sencilla y la ley balear sobre cómo gestionar este tipo de expedientes es clara. Fue el gobierno autonómico de Francina Armengol quien, en marzo de 2023, inicia la reclamación contra Soluciones de Gestión por las mascarillas obtenidas por valor de 3,7 millones de euros. No es, sin embargo, hasta el 5 de mayo cuando se inicia el expediente administrativo, firmándose por el funcionariado de la administración autonómica el 6 de julio de 2023.
Desde esta última fecha, según ratifica la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Ejecutivo autonómico en manos del PP contaba con seis meses para incoar acciones judiciales contra la empresa que protagoniza el conocido como caso Koldo, en referencia al exasesor de José Luis Ábalos durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
No obstante, y según ha podido confirmar ElPlural.com, los liderados por Prohens declinaron incoar estas diligencias, dejando morir el expediente por silencio administrativo.
El auto judicial plasma, además, las escuchas telefónicas de varias conversaciones mantenidas por Koldo García Izaguirre y Juan Carlos Cueto, instigador de la trama, que dejan claro que este silencio administrativo se produjo después de la presunta reunión de ambos implicados con personas de máximo mando de Génova,13.
Cronología de las llamadas
Tal y como fija el auto, en “el contexto de la reclamación dimanante de la administración balear”, el día 29 y 30 de noviembre de 2023 se observaron “conversaciones telefónicas a través de las cuales se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte de la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada”.
Un primer paso hacia el silencio administrativo, objetivo de Koldo y Cueto, que siguió siendo tema central de sus conversaciones el 2 de diciembre, cuando, a través de una llamada telefónica, el exasesor de Ábalos confirma al cabecilla de la trama que 24 horas más tarde, el 3 de diciembre de 2023, tendrían una reunión con Miguel Tellado facilitada por “Alberto”.
Un día más tarde de la celebración de ese presunto encuentro, el 4 de diciembre, Koldo informa a Íñigo Rotaeche, empresario vasco que aparece como responsable de Soluciones de Gestión en las pesquisas judiciales, que “en principio la Administración balear no tenía ninguna intención de continuar con la reclamación iniciada a Soluciones de Gestión”. Una revelación que habría llegado, según el auto, después de la intermediación directa y el cambio de favores del propio José Luis Ábalos: “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino… él y su ex jefe… y parece ser que el otro ha dicho que sí… porque le han dado otro favor a cambio (del devenir de la intervención telefónica en curso se refería a José Luis Ábalos Meco)”, indica el auto.
48 horas de llamadas cruzadas y una presunta reunión en Génova que, presuntamente, según se desprende del escrito judicial de la Audiencia Nacional, acabó propiciando el silencio administrativo de la administración balear gobernada por Marga Prohens después de la intermediación de Ábalos: “Todo va por buen camino (…) no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor”, indicaba por teléfono Koldo a Cueto el 7 de diciembre.
Empezaba a respirar Cueto, tras ser informado por Koldo, pero no estaba cerrado. Habría que esperar hasta el 14 de diciembre para quedarse tranquilo: “Lo del expediente baleares está más que hecho”, indicó entonces el exasesor de Ábalos al principal conseguir de la trama. Un intercambio de favores, según el auto, en el que Ábalos intermedió y presuntamente Génova fue sede de una reunión no reconocida, y que acabó con el silencio administrativo del gobierno balear, en manos del PP desde que Prohens se impusiera a Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo
LOS PLAZOS
El Gobierno del PSOE inicia el expediente
Los plazos son claros. En marzo de 2023, el Gobierno de Francina Armengol, inicia la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión. Se da forma al expediente por escrito el 5 de mayo de 2023. Todo ello deriva en que el subdirector de la Central de Compras y Logística, Antoni Mascaró Crespí, firma el expediente iniciado en marzo el día 6 de julio de 2023.
Desde entonces, los plazos marcados por la ley son claros. El Govern de Baleares, ya en manos del Partido Popular, tiene seis meses para no dejar caducar el expediente e iniciar acciones judiciales.
Así se establece en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que en su artículo 50.1 afirma lo siguiente sobre la duración de los procedimientos:
Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria.
El PP dejó caducar el expediente tras la supuesta reunión
Es decir, el Gobierno del Partido Popular tenía hasta el 6 de enero de 2023 para no dejar caducar el expediente y que el Gobierno de Baleares iniciara acciones.
Algo que no se produjo. De hecho, el Gobierno de Baleares del PP, ni siquiera elevó al Consell Consultiu de les Illes Balears el expediente una vez la empresa de Koldo, Soluciones de Gestión, formuló sus alegaciones.
Se dejó así caducar el expediente.
Conviene precisar que como órgano de consulta de las Illes Balears (que desempeña en la Comunidad Autónoma de misma función que, en el ámbito nacional, corresponde al Consejo de Estado, el Consell Consultiu podía haber instado al inicio de acciones judiciales.
